La jueza autoriza el desalojo inminente del B9, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña

El futuro del antiguo instituto público B9, el mayor asentamiento informal de migrantes de Cataluña, acaba de decidirse este jueves después de dos años y medio de ocupación. La jueza ha accedido a la petición del Ayuntamiento de Badalona de entrar y expulsar a los 400 subsaharianos que malviven en el centro. La magistrada da un plazo de 15 días al consistorio para que lleve a cabo un desalojo perseguido con ahínco por el alcalde, Xavier García Albiol (PP), según la resolución a la que ha accedido EL PAÍS. La luz verde judicial llega pese a que el consistorio ha admitido que no puede dar, ni siquiera a las 166 personas bajo seguimiento de servicios sociales, una alternativa “de naturaleza residencial” porque “no tiene capacidad” de hacerlo.

El Ayuntamiento había pedido el desalojo “urgente”. La Fiscalía no se había opuesto, pero lo había condicionado a que se diera “un recurso habitacional” a quienes lo necesiten. Pese a la respuesta oficial del consistorio a la jueza, Albiol ha matizado, en conversación con este diario, que puede ofrecer “algún tipo de solución transitoria” (hotel, pensión) a unas 30 personas, las más vulnerables del colectivo. La resolución que autoriza la entrada exige que se siga “el protocolo de asistencia para personas sin techo” y que el Ayuntamiento informe de sus gestiones. La resolución también autoriza la entrada “de miembros y fuerzas de orden público” si es necesario.

La jueza considera “necesaria y proporcionad” la entrada por los “incidentes ocurridos” en el recinto entre agosto y octubre de este año, incluida la muerte de uno de los residentes a manos de otro, tal como consta en un informe de la Guardia Urbana. “Se presenta una situación de efectivo riesgo para la seguridad colectiva y la salud pública de quienes ocupan sin título el inmueble”, señala el texto.

El desalojo del B9 se ha convertido casi en una obsesión para Albiol, que ha acusado públicamente a “la mayoría” de los ocupantes de “generar problemas de convivencia, incivismo y delincuencia”. El alcalde ha dejado claro varias veces que, en esas condiciones, no piensa ofrecer una solución habitacional, aunque sea provisional, a los cientos de africanos que, desde hace más de dos años, ocupan el B9. Le resultaría difícil hacerlo en un municipio que, en abril de 2024 y bajo su mandato, cerró el único albergue municipal para personas sin techo.

En septiembre, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de avalar el desalojo de la finca, de titularidad municipal, adquirió firmeza. Desde entonces, el Ayuntamiento presiona para que el juzgado de lo contencioso-administrativo 11 de Barcelona, que ha visto el caso, le conceda la autorización para entrar. En uno de esos escritos, sostiene que estaba a punto de caducar (este jueves) un contrato menor con una empresa para inhabilitar los tejados del instituto.

La Fiscalía movió ficha y pidió al Ayuntamiento una batería de información (personas atendidas, existencia de menores, ayudas de otras administraciones, planes de realojo, dispositivo previsto). La respuesta del jefe de servicios sociales, a la que ha accedido este diario, señala que el Equip de Detecció i Atenció a les Persones en Situació de Sensellarisme (EDAPSS) mantiene 166 expedientes abiertos sobre “personas individuales y mayores de 18 años”. Subraya que no hay ningún expediente “en seguimiento” con “niños o adolescentes”.

Sobre el dispositivo previsto para después del desalojo, el consistorio ha informado a la jueza de que prevé enviar a técnicos, educadores, trabajadores sociales y psicólogos para “detectar situaciones de necesidad social”, dar “orientación y asesoramiento social” y proponer “planes formativos y laborales”. En el escrito, sin embargo, el Ayuntamiento admite que “el dispositivo no será de naturaleza residencial” por la incapacidad para ofrecer un techo, no ya a los 400 ocupantes, sino a las 166 personas en seguimiento de servicios sociales.

Con esos datos, la Fiscalía contestó a la jueza. No se opuso a la petición de entrada, pero la condiciona a que se ofrezca “la atención adecuada a las personas que ocupan el inmueble”. El ministerio público recordó, en particular, que “los servicios sociales municipales” deben ofrecer “a las personas que lo precisen un recurso habitacional si no cuentan con recursos económicos propios”. También pidió que, dada la magnitud del asentamiento, el desalojo se lleve a cabo “en varios días” para que los ocupantes puedan recoger sus pertenencias.

En conversación con este diario antes de emitirse la resolución, Albiol pedía a la justicia que no demore más la solución cuando existe ya una sentencia que avala el desalojo. “Todos estos retrasos señalan que algo falla en el sistema”. El alcalde ha admitido que, con el desalojo de 400 personas, tal vez se está “trasladando el problema” a otro lugar, pero pide que la “Administración que corresponda” ponga las soluciones más estructurales. “Yo no los quiero en mi ciudad”.

“Están obligados a realojar”

Mireia Salazar y Marta Llonch son abogadas de algunos de los ocupantes, que han logrado ser parte en el procedimiento para oponerse al desalojo. En un escrito dirigido a la jueza, recordaron que el Ayuntamiento está “obligado a garantizar un realojo adecuado” cuando las personas afectadas “forman parte de colectivos en situación de extrema vulnerabilidad”. Las letradas denunciaron que se pretenda ejecutar un desalojo “en un contexto de frío intenso” y advirtieron del “elevado impacto social y humano” del desalojo.

El informe de los servicios sociales, señalaban las abogadas, “no describe la realidad de los 400 residentes”. El Ayuntamiento “no ha llevado a cabo ninguna actuación para detectar, evaluar o asistir” a los ocupantes y el dispositivo previsto para el día en que llegue el desalojo es totalmente insuficiente. “No existe un plan municipal para atender las consecuencias tan graves que un desalojo como este provocará”, advertía el escrito, que pedía que la Generalitat compareciese en el procedimiento y que se deniegase la autorización de entrada.