El mayor asentamiento de migrantes de Cataluña planta cara al desalojo que persigue Albiol: “No vamos a desaparecer”

Los migrantes que viven en el antiguo instituto de secundaria B9 de Badalona (Barcelona) van a dar la batalla legal para evitar un desalojo que el alcalde, Xavier García Albiol (PP) persigue con ahínco y para el que la justicia ya ha dado luz verde. “Albiol solo quiere sacarnos de aquí sin alternativas. Pero si nos echan no vamos a desaparecer, iremos a ocupar otro sitio”, ha explicado este lunes Yonnouss, portavoz de un colectivo que agrupa a más de 400 personas en el que constituye, según las fuentes consultadas, el mayor asentamiento informal de migrantes en Cataluña.

El B9 es un instituto que estuvo en funcionamiento en el barrio de Sant Roc, uno de los de menor renta de Cataluña, hasta 2011. Hace dos años empezó a acoger a extranjeros en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. La mayoría son de origen subsahariano y proceden de otros asentamientos (naves industriales, locales) de los que han sido sucesivamente expulsados. La ocupación del instituto, que hoy funciona como un enclave autónomo en el barrio, con sus propias dinámicas, coincidió con el regreso al poder en Badalona de Albiol, que fijó como una de sus prioridades la lucha contra cualquier tipo de ocupación ilegal.

El desalojo está cada vez más cerca de hacerse realidad. El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio finalmente la razón al consistorio y avaló el desalojo de la finca de titularidad municipal que ya había acordado un juez de lo contencioso. Ahora el asunto está de nuevo en manos de ese juzgado, que solo tiene que poner fecha para que se ejecute el lanzamiento. Ante la falta de alternativas residenciales, y pese a que poco camino queda por recorrer en los tribunales, los ocupantes no se dan por vencidos. A través de los colectivos sociales y abogados que les apoyan, han decidido dar la batalla legal.

El colectivo ha presentado este mismo lunes una denuncia ante la oficina de igualdad de trato y no discriminación de la Generalitat. Mireia Salazar, abogada del colectivo, confía en que la oficina la atienda y “solicite que no se ejecute el desalojo” o, por lo menos fuerce “una mediación” con el Ayuntamiento de Badalona. Albiol ha expresado públicamente su intención de que se lleve a cabo el desalojo cuanto antes sin ofrecer alternativas a los ocupantes, algo difícil en un municipio que ni siquiera cuenta con albergue municipal para situaciones de emergencia: el único que existía, Can Bofí Vell, cerró en abril de 2024 y dejó a decenas de personas sin techo en la calle y sin recursos.

El “discurso estigmatizante” del alcalde

La denuncia utiliza precisamente esas manifestaciones públicas de Albiol como prueba de un “discurso estigmatizante” que merece, al menos, el reproche de la oficina de la Generalitat, que depende del Departamento de Igualdad y Feminismos. La denuncia critica que Albiol haya atribuido a los ocupantes la condición de “delincuentes o violentos” sin ningún apoyo probatorio. Y cita textualmente sus declaraciones a medios de comunicación o en actos públicos: “Al lado de los vecinos y frente a los ocupas conflictivos”; [el B9] se ha convertido en un campamento donde se trafica con drogas, donde hay prostitución y se cometen delitos"; “vamos a desokupar ese recinto que tantos problemas de inseguridad e incivismo está provocando”. El episodio más grave ocurrió a finales de agosto, cuando uno de los residentes murió a puñaladas como resultado de una pelea con otro ocupante.

La denuncia critica que el Ayuntamiento no haya atendido la vulnerabilidad del colectivo pese a conocerla de primera mano: un informe de su área de patrimonio alertaba ya a principios de 20024 de que el solar —de 3.300 metros cuadrados construidos y otros 7.500 de patios— se había “convertido en un auténtico poblado de miseria”. El consistorio tampoco ha adoptado, agrega la denuncia, “ninguna medida preventiva para minimizar los impactos” que producirá el desalojo en sus vidas, tal como solicitó la Fiscalía en los informes emitidos durante el proceso judicial.

La denuncia señala que ‘el gobierno de Albiol “ha incumplido su obligación” de “disponer de recursos públicos adecuados y suficientes para relojar” a los residentes. Y recuerda que la ley de 2020 sobre igualdad de trato y no discriminación obliga a la administración a “tener en cuenta las necesidades de los grupos con más dificultades para acceder a la vivienda”, señala el texto, elaborada por Salazar y por la también abogada Marta Llonch.

La organización Cepaim ha analizado el perfil de los ocupantes y concluye que la mayoría son hombres jóvenes, en situación irregular que, en el 70% de los casos, no tienen permiso de residencia ni trabajo. “Este edificio estaba abandonado desde hace tiempo. No es solo un techo para muchas personas, sino también nuestro espacio de trabajo y un punto de acogida para quien vive en la calle”, ha explicado Younass Ibrahim, portavoz del colectivo y uno de los moradores. Según Ibrahim, la mayoría de los residentes son “tranquilos” y “trabajadores”, pero sufren una “constante deshumanización”. “Las 400 personas no desaparecerán, acabarán viviendo en la calle de la ciudad. Exigimos una alternativa residencial para todas las personas que necesitan una vivienda”, ha añadido.

Los residentes relatan un sentimiento constante de inseguridad ante un posible desalojo. Sin una vivienda estable no consiguen trabajo, y sin empleo difícilmente pueden regularizar su situación, en un ciclo que, como relatan, “no se termina nunca”.

El Sindicato Socialista de Habitatge de Catalunya, que apoya la ocupación, denunciaa que el conflicto no se limita a un caso aislado, sino que refleja una emergencia habitacional. “Están usando la inmigración como pretexto para el desalojo”, sostiene Gisele Bermúdez, portavoz del sindicato. “El barraquismo no es una casualidad, es consecuencia directa de la crisis de la vivienda. En los próximos años veremos centenares de asentamientos similares, porque el coste de la vivienda en este país es cada vez más inasumible.”