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Florida aprueba una ley estatal que permite designar organizaciones terroristas

Los críticos señalan que la norma viola protecciones consagradas por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, y asume facultades del Gobierno federal

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la Casa Blanca el mes pasado.Nathan Howard (REUTERS)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó este lunes una ley que faculta a funcionarios estatales a designar “organizaciones terroristas domésticas” y sancionar penalmente a quienes las apoyen o se vinculen con estas. Los críticos señalan que la ley viola libertades protegidas bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y sobrepasa los límites de sus funciones, pues esa designación solo la puede hacer el gobierno federal.

La HB1417 —impulsada por la legisladora republicana del sur de la Florida Hillary Cassel— avanzó con amplio respaldo de la mayoría republicana de la legislatura estatal y fue aprobada el mes pasado durante la sesión regular. La ley establece también que ningún sistema legal extranjero o religioso podrá aplicarse en Florida si entra en conflicto con la Constitución, una disposición que algunos interpretan como dirigida indirectamente a normas derivadas de la ley sharia —una serie de estrictos principios morales y religiosos por los que se rigen algunos musulmanes que incluye desde los alimentos hasta las relaciones familiares y los derechos de las mujeres—. Asimismo, prohíbe el uso de financiación pública para “apoyar o promover” a las organizaciones designadas como terroristas.

En una conferencia de prensa el lunes en el campus de la Universidad del Sur de Florida, DeSantis dijo que el Estado no daría “ni un centavo para la yihad”. El vicegobernador, Jay Collins, quien se ha postulado para la gobernación, agregó que la ley Sharia “no es compatible con los valores de nuestra Constitución”.

“Debemos defender nuestras instituciones de quienes pretenden hacernos daño, especialmente de las organizaciones terroristas que buscan infiltrarse en nuestro sistema educativo y subvertirlo”, afirmó el gobernador Ron DeSantis en un comunicado posterior. “La legislación refuerza la rendición de cuentas en el ámbito educativo al prohibir el uso de fondos públicos para apoyar o promover organizaciones terroristas. Las instituciones que incumplan estas disposiciones pueden perder la financiación estatal, y los estudiantes que promuevan la violencia terrorista pueden ser objeto de medidas disciplinarias”, ahonda el comunicado.

DeSantis había intentado a finales del año pasado designar mediante una orden ejecutiva organizaciones terroristas al Council on American-Islamic Relations (CAIR), un grupo de abogacía y derechos civiles musulmanes en Estados Unidos, por supuestamente haber sido fundado por personas con vínculos con el movimiento islamista Hermandad Musulmana. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden similar el año pasado.

Además, DeSantis dijo entonces que el Congreso de Florida estaba preparando una ley para frenar la expansión de la ley sharia y evitar que se usaran fondos estatales para realizar actividades de influencia ideológica en las universidades. Esta es la ley que ha firmado este lunes.

CAIR calificó la orden ejecutiva como “difamatoria” e “inconstitucional” y demandó al gobernador. El mes pasado, un tribunal bloqueó la orden mientras continuaba el litigio, dándole la razón al grupo de que la misma planteaba serios conflictos con los derechos de asociación y expresión protegidos por la Primera Enmienda. La corte también señaló que solo el Gobierno federal puede designar organizaciones terroristas. CAIR también demandó al gobernador de Texas. La nueva ley estatal evadiría este bloqueo.

La representante estatal demócrata Anna Eskamani, de origen iraní-estadounidense, dijo a EL PAÍS que la nueva ley estatal “constituye una clara violación de la Primera Enmienda”. “Este proyecto de ley permite al gobernador etiquetar como ‘organizaciones terroristas’ a entidades que no le agradan” y “plantea serias preocupaciones” sobre “señalamientos con motivaciones políticas y la falta de transparencia y rendición de cuentas en la forma en que individuos u organizaciones podrían ser catalogados como amenazas”. “La seguridad pública siempre debe equilibrarse con la protección de las libertades civiles”, agregó Eskamani.

“En un país donde el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado como ‘terroristas domésticos’ a personas que ha matado para restar importancia a esas muertes, deberíamos ser extremadamente cautelosos al otorgar este tipo de facultad de etiquetado a políticos partidistas”, señaló, en referencia a las muertes de Alex Preti y Renee Good durante protestas contra operativos migratorios en Minneapolis el pasado enero.

La directora de CAIR en Florida, Hiba Rahim, dijo a la prensa local el lunes que “el marco ampliado y profundamente defectuoso” de la nueva ley “puede dirigirse contra cualquier organización que se atreva a disentir”.

A nivel federal, el presidente Donald Trump ha intentado desde su primer mandato designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista. También a fines del año pasado firmó una orden instruyendo a su gabinete evaluar la designación de capítulos del grupo en Egipto, Líbano y Jordania por presuntos vínculos con Hamas. Pero este es uno de los primeros intentos por extender esa agenda al ámbito estatal.

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