Cinco Estados inician la prohibición de compra de alimentos “poco saludables” con los cupones entregados por el Gobierno

El inicio del 2026 marca la entrada en vigor de las nuevas restricciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y West Virginia son los primeros territorios de un grupo de 18 en iniciar la prohibición de la compra de alimentos poco saludables con los bonos entregados por el Gobierno. Alrededor de 1,4 millones de personas se verán afectadas por la medida.

Utah y West Virginia vetarán el uso del SNAP para comprar refrescos altos en azúcar. Iowa hará lo propio con las gaseosas, dulces y algunas comidas preparadas. Nebraska también suprimirá la compra de bebidas energéticas, mientras que Indiana se enfocará principalmente en los refrescos, postres y snacks.

Estas exenciones suponen un cambio significativo en el programa federal creado en 1964, apalancado en la Ley de Alimentación y Nutrición del 2008, que establece que los llamados food stamps pueden utilizarse para “cualquier alimento o producto alimenticio destinado al consumo humano”, excepto el alcohol y los cigarrillos.

Esta política es una iniciativa impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que busca eliminar para siempre los alimentos “chatarra” de la ayuda social de Washington, que representa un gasto de 100.000 millones de dólares cada año, y alcanza a 42 millones de estadounidenses. “No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear”, declaró Kennedy antes del arranque de las restricciones.

Un reciente análisis del Departamento de Agricultura determinó que los beneficiarios gastaban al menos el 20% de sus cupones en comestibles de bajo nivel nutricional y altos niveles de grasas saturadas y azúcares; y datos del Instituto Nacional de la Salud apuntan a que alrededor del 44% de los adultos que se benefician del SNAP padecen de obesidad.

Pero esta no es la primera vez que el consumo de ultraprocesados preocupa a las autoridades. En años anteriores, distintos congresistas propusieron que el SNAP suprimiera la comida chatarra dentro de los comestibles elegibles para comprar. Sin embargo, estos intentos no tuvieron éxito porque otro reporte del Departamento de Agricultura determinó que las restricciones serían costosas y complicadas de aplicar, y no causarían el cambio de hábito esperado ni la tan ansiada reducción de problemas de salud entre la población.

El director de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan, Anand Parekh, es de los que considera que las exenciones actuales no tendrán los resultados esperados. “Esto no resuelve los dos problemas de base, que son que los alimentos saludables en este país no son asequibles y que los alimentos poco saludables son baratos y están en todos lados”, declaró el académico a AP.

Falta de planificación

La política del veto de alimentos considerados “dañinos para la salud” se produce sin una lista oficial de productos afectados, y supone un reto técnico para los supermercados y los consumidores. La Federación Nacional de Minoristas prevé largas filas en las cajas y una ola de reclamos por la confusión que generará la ausencia del inventario. “Es un desastre anunciado, cuando la gente intente comprar alimentos y se le diga que no”, señaló Kate Bauer, experta en ciencias de la nutrición de la Universidad de Michigan.

Las exenciones del SNAP tendrán una vigencia de dos años, con la opción de prorrogarlas por otros tres, de acuerdo con el Departamento de Agricultura. Cada Estado deberá evaluar el impacto de los cambios, pero la Asociación Nacional de Comerciantes Minoristas y otros grupos comerciales ya proyectaron que las restricciones le costarán 1.600 millones de dólares a los supermercados, 759 millones anuales.