El Gobierno abre la oficina para tramitar la reparación de las víctimas de pederastia de la Iglesia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que recoge la estructura que tendrá el organismo del Ministerio de Justicia para atender las solicitudes de reparación de las víctimas de pederastia del clero español que no hayan podido acudir a la justicia, bien porque su caso haya prescrito o por el fallecimiento del victimario. El organismo, que se llama Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, se creó con la firma del acuerdo entre Gobierno y obispos y empezará a funcionar este mismo miércoles, tal y como se habían comprometido las partes firmantes del acuerdo para indemnizar a las víctimas. La Iglesia será quien asuma el coste de las indemnizaciones.

“Se hará realidad un derecho largamente esperado, que no borra el daño causado, pero reconoce el sufrimiento de las víctimas de abusos y afirma el compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación”, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Bolaños no ha explicado si el Gobierno invertirá dinero, como hicieron otros países europeos, en campañas publicitarias en las televisiones y las radios públicas para anunciar que se está llevando a cabo una iniciativa para reparar a las víctimas. No todas están al tanto y parte del éxito de este proceso está en que la gente de a pie lo conozca. Sobre todo teniendo en cuenta el breve plazo —un año prorrogable a otro― para presentar los solicitudes. Sí ha dicho Bolaños que el gobierno hará una “campaña informativa” para que la información llegue a todas las víctimas. Para ello, ha dicho, se apoyará en todas las asociaciones de víctimas de abusos que existen en España para que “puedan difundir la información a todos sus asociados y a todos sus entornos y conozcan cómo funciona el procedimiento”. La mayoría de los afectados, sin embargo, no forma parte de ninguna asociación.

La unidad de tramitación, que depende del Ministerio de Justicia, será la primera ventana de atención a las víctimas. Allí harán entrega de las solicitudes para buscar una reparación no solo económica al daño vivido en la infancia y juventud por los abusos sufridos en diócesis, seminarios, monasterios, etc. Esta unidad gestionará la recepción de solicitudes, la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas o la recopilación de informes.

Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto. La nueva oficina, adscrita al Ministerio de Justicia, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es) “con todas las garantías de seguridad y privacidad”, según el ministerio. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95). “Es fundamental que las víctimas acudan a este modelo porque es un modelo que cumple con todos los requerimientos del informe del Defensor del Pueblo que emitió ante las Cortes Generales”, ha subrayado Bolaños.

Una vez recibidas las solicitudes y recabados los informes, estas se remitirán a la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes. Estudiado el caso y escuchadas las partes, esta unidad elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses.

Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si alguna de las partes mostrase su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo. La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Bolaños ha asegurado este martes a preguntas de los periodistas que no hay riesgos de que la Iglesia no pague, como sucedió por ejemplo en Irlanda, país pionero con un modelo estatal de reparación. En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco. Por eso las víctimas española tienen miedo de que, sin un fondo de garantía estatal, se corre el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor.

Así lo ha expresado el ministro de Justicia: “La Iglesia va a pagar porque ha asumido por escrito que va a asumir el coste las indemnizaciones económicas, la reparación psicológica, la reparación moral, la reparación restaurativa de todas las víctimas de abusos [en el seno de la Iglesia]. Asumirá los compromisos que por escrito ha firmado. Estoy absolutamente convencido de ello porque además es su voluntad. Ellos quieren reparar ese daño, hacer justicia con esas víctimas que durante décadas fueron olvidadas, humilladas y orilladas y para las que, en ocasiones, ese dolor fue incluso mayor que el propio abuso”.

La unidad de tramitación junto al acuerdo firmado entre el Estado y los obispos llega siete años y medio después de que EL PAÍS emprendiera en septiembre de 2018 una investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica española, que fue negada por la CEE durante años. Según la contabilidad de este periódico, la única existente, hay 1.573 acusados y 2.977 víctimas. Solo el impacto de esta investigación forzó al Congreso a encargar un informe al Defensor del Pueblo en 2022, con un resultado demoledor: estimó que un 1,13% de la población había sufrido abusos en el ámbito religioso. Fue el primer paso hacia la verdad sobre el escándalo de la pederastia.