Las víctimas de pederastia celebran que el Estado gestione las reparaciones: “Con la Iglesia ha sido un desastre”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunirá este viernes con el grupo de víctimas de pederastia en la Iglesia con las que lleva tiempo dialogando sobre cómo repararlas. El miércoles por la tarde les avisó de que el jueves se firmaría el acuerdo entre Gobierno, Conferencia Episcopal Española y Conferencia Española de Religiosos (Confer) para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Española. Era algo que le reclamaban desde hace meses. Son casos que no tienen recorrido judicial porque el delito ha prescrito o porque el victimario ha muerto. Bolaños se ha reunido con las víctimas en dos ocasiones, a diferencia de los obispos que nunca han contado con las asociaciones de afectados. El pacto que se ha firmado prevé que las víctimas que lo deseen soliciten una indemnización a la unidad de tramitación creada por el Gobierno y que sea el Defensor del Pueblo el que elabore después una propuesta de reparación. Si esta recibe la conformidad de ambas partes, será firme y la Iglesia pagará la indemnización. En caso de disconformidad, actuará una tercera instancia, la Comisión Mixta y en caso de falta de acuerdo, prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo y la Iglesia lo acatará.

Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Montserrat y uno de los miembros de Brave Movement que lleva dos años peleando para que los delitos de abuso sexual infantil no prescriban, considera el acuerdo “muy buena noticia”. “Es bueno que las reparaciones las gestione el Estado y que las pague la Iglesia, porque cuando ha sido esta la que las ha gestionado, ha sido un desastre”, señala Hurtado. “La Iglesia ha maltratado a las víctimas. Su periódico lo sabe porque han hablado con decenas y decenas de ellas que les han contado lo revictimizadas y retraumatizadas que se han sentido”. Que la Iglesia se haga cargo de pagar las indemnizaciones es también muy importante, según Hurtado, para evitar que “se financie a obispos y curas con dinero público”.

Sin embargo, Hurtado alerta de los que considera puntos débiles y así se lo hará saber a Bolaños en una carta que le entregará este viernes. “El problema gordo es que no existen baremos oficiales y eso va a ser una fuente de conflicto seguro como lo ha sido en todos los países que han reparado a las víctimas de la Iglesia. ¿Cómo y quién los va a negociar y definir? ¿Opinarán las víctimas? ¿Qué se tendrá en cuenta? ¿Las secuelas, si hubo o no penetración, el rango de dinero?“, se pregunta. Él propone adoptar el baremo irlandés, que estipula 300.000 euros de máximo por cada víctima. “Si se negocian los baremos, los obispos nunca aceptarán esas cifras”, considera.

Sobre los baremos, ni la Iglesia ni el ministerio ha especificado las cuantías que se pagarán, aunque Argüello sí ha subrayado que se aplicará el mismo modelo. El Defensor del Pueblo, no obstante, recomendó en su informe utilizar los baremos que otros países europeos utilizaron donde ya se han realizado estos procedimientos. Las cifras en el extranjero van de un mínimo de casi 6.000 euros que ha pagado la Iglesia de Bélgica de media, a los 62.245 que ha desembolsado la de Irlanda.

Juan Cuatrecasas, presidente de ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada) también celebra que sea el Estado el que lleve las reparaciones. “Que este asunto esté en manos del Defensor del Pueblo es una seguridad para nosotros. Y también es garantía de transparencia, enfoque que nunca ha utilizado la Conferencia Episcopal”. Asegura que el proceso por el que se ha llegado a un acuerdo “no podía demorarse más tiempo” y critica el planteamiento de los obispos. Hay un aspecto que no se menciona en el acuerdo y que le genera dudas: “No se explica qué va a pasar con loa afectados que han fallecido y que habían denunciado”.

Otras víctimas como Bautista (nombre ficticio) advierten de que hay afectados que llevan años luchando en los tribunales sin resultado, con el miedo de que su caso se archive. “No se ha contemplado la opción de quienes pueden denunciar y no tienen justicia. Me parece muy falso todo: te dicen que denuncies, y te niegan reparación cuando el sistema falla y hay muchísimas víctimas que no obtienen justicia ni siquiera tras agotar todo el recorrido judicial. ¿Dónde queda la reparación que Iglesia y Estado anuncian en casos como este?”, comenta. Bautista sufrió abusos de Pedro Rodríguez Ramos entre 2005 y 2006. Hace 15 años informó a la diócesis, pero esta no hizo nada y finalmente lo denunció en los tribunales en 2016. El caso ha llegado al Supremo, después de un largo proceso en el que aún está pendiente de resolverse.