El Parlamento francés aprueba por amplia mayoría una ley de eutanasia

La votación no es el final del camino, sino un comienzo histórico que despeja ahora la ruta hacia una ley que permita morir dignamente en Francia, un país que prolonga sus grandes debates, pero los consolida cuando toma las decisiones oportunas. Este martes, la Asamblea Nacional encaró el peliagudo primer gran acto para aprobar una ley de final de la vida, es decir, la posibilidad de recurrir a la eutanasia en determinados casos de enfermedades terminales. Al término de un debate parlamentario de dos semanas y una discusión pública de años, la legalización de una ayuda para morir ha sido aceptada por primera vez por una amplia mayoría de parlamentarios. El texto deberá ahora ser examinado por el Senado —a finales de septiembre o principios de octubre— y pasará por una segunda lectura en ambas cámaras. En caso de seguir el mismo curso, podría entrar en vigor a finales de 2026.

La sesión ha aprobado primero la ley para los cuidados paliativos por unanimidad. Luego el proyecto de norma sobre la eutanasia ha contado con un amplio apoyo repartido entre las filas de la izquierda y los ecologistas, el universo macronista y todo el espectro de centro. Los Republicanos, el centroderecha gaullista, un partido hoy en competición con la ultraderecha de Marine Le Pen, en cambio, ha mostrado su rechazo desde el comienzo. Su nuevo presidente, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha sido uno de los grandes opositores. Cada vez, sin embargo, con menos esperanzas de frenar la norma. Las enmiendas fueron cayendo una tras otra durante las dos semanas de examen del texto, rechazadas por los grupos presidenciales y, sobre todo, por los diputados de LFI, muy activos en los debates. De 504 votos emitidos, 305 diputados votaron a favor y 199 en contra.

En Francia no es legal ni el suicidio asistido ni la eutanasia. Solo existe la ley Claeys-Léonetti sobre el fin de vida, que permite una sedación profunda de pacientes terminales, pero solo en aquellos que sufren “una enfermedad grave e incurable y cuyo pronóstico vital esté comprometido a corto plazo”.

La nueva ley es un viejo proyecto del presidente Emmanuel Macron, pero también un amplio clamor de la ciudadanía francesa. El jefe del Estado, motivado por esa sensación de unanimidad, aseguró hace una semana en un larga entrevista televisada, que si hubiese alguna traba parlamentaria que impidiese que saliese adelante, sometería la aprobación de la norma a un referéndum. “La votación en la Asamblea Nacional de los textos sobre el desarrollo de los cuidados paliativos y la ayuda para morir es una etapa importante. Con respeto por las sensibilidades, las dudas y las esperanzas, el camino de fraternidad que yo deseaba se abre poco a poco. Con dignidad y humanidad”, señaló en X el presidente de la República.

La población francesa está ampliamente a favor de esta ley. Según una encuesta del IFOP de mayo de 2024, “más de nueve de cada diez franceses (92%) se declara favorable a la eutanasia cuando el paciente, aquejado de una enfermedad insoportable e incurable, lo solicita”. Según este mismo estudio, el 74% de los médicos desea una legalización de la ayuda médica para morir. Los defensores del texto esperan precisamente que la opinión pública ejerza una ligera presión sobre los senadores, que a priori son menos favorables al texto, y deberán ratificar el texto.

La norma sometida a votación prevé que la ayuda para morir se convierta en un derecho inscrito en el código de salud pública. Esta ayuda permitirá a ciertos pacientes acceder al suicidio asistido. Se les proporcionará un producto letal, pero serán ellos quienes deberán realizar el acto. No obstante, se ha previsto una excepción para la eutanasia en el caso de personas que no puedan hacerlo “físicamente”. Los diputados rectificaron así el trabajo de la comisión de asuntos sociales, que había optado por el libre albedrío entre los dos modos de administración del producto. La ministra de Salud, Catherine Vautrin, defendió en el hemiciclo esta solución, estimando que la autoadministración “representa, hasta el último momento, la expresión de la voluntad del paciente de morir”.

Los pacientes deberán cumplir con cinco criterios para acceder al producto letal. Primero, deberán ser mayores de edad y franceses o residentes estables. Los menores y los extranjeros han sido excluidos del derecho a la ayuda para morir, a pesar de numerosas enmiendas propuestas por LFI en ese sentido. Además, una evaluación médica deberá determinar si los pacientes padecen “una enfermedad grave e incurable, cualquiera que sea su causa”, y si esta enfermedad compromete “el pronóstico vital, en fase avanzada o terminal”. Este criterio emergió como el principal punto clave del texto en la Asamblea Nacional, ya que podría ampliar o restringir significativamente el acceso a la ayuda para morir.

Esta redacción podría permitir que personas con aún varios años de vida soliciten morir, uno de los principales focos de desacuerdo. La ayuda para morir, estimaban sus opositores, correría el riesgo tal y como está formulada de convertirse en un acortamiento de la vida mucho antes de que su final se encuentre cerca. La definición consensuada, aunque considerada vaga por sus opositores, es la de “fase avanzada de la enfermedad”.

Los pacientes deberán presentar “un sufrimiento físico o psicológico ligado a esta enfermedad” y ser capaces “de expresar su voluntad de forma libre y consciente”. Al final, los profesionales sanitarios estarán en primera línea en la aplicación de esta ley, presentes desde el principio hasta el final del procedimiento y siendo determinantes en su implementación, ya que serán ellos quienes validen todas las etapas del proceso.

Para intentar delimitar más el texto, la ministra de Salud también defendió el fortalecimiento del procedimiento colegiado mediante el cual el médico decide si concede o no el derecho a la ayuda para morir. Este comité deberá estar compuesto “como mínimo por dos médicos y un profesional sanitario”. Mientras muchos médicos y enfermeros han protestado contra la legalización del suicidio asistido, estos podrán invocar una cláusula de conciencia. Pero también podrán ser condenados a 2 años de prisión y 30.000 euros de multa por “obstaculizar la ayuda para morir”. Este delito sancionará el hecho de “impedir o intentar impedir la práctica” de una eutanasia o un suicidio asistido. Las sanciones previstas fueron endurecidas durante el examen del texto, sin que se creara paralelamente un “delito de incitación a la ayuda para morir”.