La lista de espera de la dependencia baja un 9,4% con respecto al año anterior aunque las solicitudes incrementan
El tiempo medio de la resolución de las solicitudes es de 338 días, 10 más que hace un año y 158 más que lo establecido por ley, según los datos que ofrece por primera vez el Ministerio de Derechos Sociales


El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado este jueves, por primera vez, el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Los datos indican que la lista de espera para ser beneficiario del servicio se sitúa en 182.532 personas en marzo del 2025, una bajada de un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el número de solicitudes (que incluye personas en la lista de espera, con expediente en tiempo de tramitación o quienes ya reciben un servicio) ha crecido en un 5,4%: con un total de 2.195.095 casos. La lista de espera a nivel nacional representa un 8,32% de estos requerimientos.
La lista de espera contabiliza a todas las personas que, habiendo pasado seis meses desde la solicitud, aún no reciben ninguna prestación sin que exista una causa justificada, ha explicado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez, desde la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, a marzo de este año, el tiempo de tramitación de solicitud media es de 338 días ―10 días más con respecto al año anterior―, cuando la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) establece que debe ser un máximo de 180 días. La secretaría de Estado de Derechos sociales ha considerado esto como uno de los mayores retos para el sistema.
Durante marzo de este año, han fallecido 2.592 personas que estaban a la espera de que se valorara su solicitud o que tenían un grado reconocido de dependencia, pero no disponían de una resolución de prestación. Esta cifra supone una reducción del 18,10%, respecto al año pasado. El ministerio “insiste en su compromiso con la reducción de esta cifra, un objetivo prioritario y al que dirige todos sus esfuerzos”, ha indicado la secretaria de Estado.
Los datos ofrecidos en el Panel del SAAD se han obtenido mediante el Imserso a través de las comunidades autónomas, y se ofrecerán y analizarán trimestralmente. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha indicado que “este ejercicio de análisis es fundamental para que instituciones y ciudadanía seamos conscientes de la importancia que los cuidados de larga duración tienen en nuestra sociedad”. Bustinduy ha agregado que conocer la situación y necesidades del SAAD es la mejor manera para afrontar los retos del sistema “que van desde el refuerzo de su financiación hasta la incorporación de nuevas personas trabajadoras”.
Desde el ministerio han explicado que, a pesar de que las solicitudes aumentan, la reducción en las listas de espera es una constante desde el 2020. A diciembre de 2020, se situaba en 311.445 personas, lo que representa una reducción del 41% a marzo de 2025.
En cuanto a las personas que reciben una prestación, son 1.553.173, un 7,6% más que el año pasado. Martínez Rodríguez ha indicado que el aumento de la población que accede al sistema es un reto: “Es una constante que se repite mes a mes y no va a dejar de repetirse en las próximas décadas por la tendencia demográfica pero también por el aumento de la esperanza de vida y, por lo tanto, es un desafío que tenemos por delante, dar respuesta de calidad y personalizada a estas personas”.
La Secretaria de Estado ha resaltado el aumento en la financiación que el Gobierno ha realizado al SAAD, “que ha supuesto un crecimiento del 150% desde 2020″. Asimismo, ha destacado la importancia del Plan de Choque, donde se contemplaba un plan específico para la reducción de la lista de espera.
Sobre el anteproyecto de ley con el que se pretende reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, presentado en febrero en el Congreso, la secretaria ha indicado que tiene como objetivo “preparar al sistema de dependencia para las nuevas entradas. De aquí a 2030 están previstas unas 400.000 personas más que pueden solicitar su entrada al sistema”. Así, busca flexibilizar el sistema y dar una mayor personalización a los servicios de apoyo y adaptarlo al nuevo modelo de cuidados.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que tradicionalmente ha hecho un recuento de casos, ha emitido un comunicado en el que acusa al ministerio de “una manifiesta manipulación estadística, con una falta de rigor en la información y cambiando criterios que hacen que no sean comparables los datos que presentan con los mismos datos de la serie histórica”, lo que en su opinión “genera mucho sufrimiento en personas vulnerables”. La asociación asegura que la lista ha aumentado en 8.250 solicitudes, subiendo la cifra total a 278.575. Sus cifras, dice, salen de la propia web del ministerio y corresponden a finales de este marzo.
Por comunidades autónomas
Castilla y León es la autonomía con menos lista de espera, un 0,01% de su población potencialmente dependiente está en esta situación. Sigue Ceuta con 0,22% y Cantabria con 0,34%. La población potencialmente dependiente se calcula combinando la población de cada comunidad con la base estatal de personas con valoración de discapacidad por rangos de edad.
Las comunidades con mayor porcentaje de lista de espera son Andalucía (8,83%), Cataluña (6,12%), Canarias (4,20%), Comunidad Valenciana (3.95%) y Madrid (3,38%).
Desde la secretaría han indicado que el perfil de la persona solicitante que más se repite es el de una mujer con una edad superior a los 80 años. De los 2.195.095 solicitantes de la prestación, el 62% son mujeres. Por edad, los mayores de 80 años representan el grupo más numeroso.
Por otro lado, respecto el perfil de las personas cuidadoras no profesionales, el más común es el de mujeres que normalmente cuidan a sus padres y tienen entre 50 a 65 años. El SAAD entiende por persona cuidadora no profesional a aquella que está vinculada a una prestación económica de cuidado en el entorno familiar. Ante esto, Martínez Rodríguez ha señalado que “estos datos nos obligan a hablar del sistema con perspectiva de género, tanto a la hora de diseñar políticas de cuidados y apoyos y para ampliar el sistema con más cuidados profesionales”.
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