Digitalización y clima: una oportunidad iberoamericana en la COP30


En plena crisis climática y ante una aceleración tecnológica sin precedentes, sin duda la digitalización transforma nuestras economías, culturas y modos de vida.

Desde la inteligencia artificial hasta el internet de las cosas, sus impactos son profundos y transversales. Sin embargo, esta revolución no es neutra: conlleva una creciente huella ecológica y plantea dilemas urgentes en torno a la sostenibilidad y la justicia climática.

Por primera vez, la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) incorporará en su agenda climática la infraestructura pública digital y la innovación tecnológica. El encuentro, que tendrá lugar en noviembre en Belém do Pará, en Brasil, abre espacio para que la Amazonia, símbolo de biodiversidad global y de una brecha de conectividad estructural, se vuelva el epicentro de una transición verde justa desde América Latina.

La crisis climática y el avance tecnológico ya no pueden pensarse por separado. La expansión de infraestructuras digitales, como centros de datos e inteligencia artificial, puede acelerar soluciones climáticas, pero también agravar desigualdades y crear nuevas formas de extractivismo.

La producción de tecnologías digitales depende de minerales críticos, indispensables para baterías, semiconductores y dispositivos inteligentes. América Latina desempeña un papel estratégico en esta cadena: Chile, Argentina y Bolivia concentran cerca del 60% de las reservas mundiales de litio, mientras Brasil aporta cobre y níquel.

Esa centralidad, no obstante, contrasta con una limitada capacidad para gestionar los impactos asociados: la región solo recoge el 1 % de sus residuos electrónicos y carece de infraestructura para su procesamiento local. Esto evidencia una asimetría estructural en la cadena global.

El consumo energético del sector digital, su uso intensivo de agua y la creciente generación de residuos electrónicos despiertan preocupaciones cada vez mayores. En 2022, se produjeron unos 62 millones de toneladas de estos residuos, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Frente a estos desafíos, la transformación digital ofrece también oportunidades clave. Tecnologías emergentes como sensores inteligentes y rastreo automatizado permiten mejorar el monitoreo climático y reducir el uso de plásticos vírgenes, con impacto directo en sectores como la agricultura, la energía renovable o la gestión de residuos. En la región iberoamericana se impulsan iniciativas alentadoras que abordan estos desafíos de forma integrada.

España gestiona formalmente más del 42% de sus residuos electrónicos; además, el uso de gemelos digitales climáticos en ciudades como Barcelona y Sevilla permite anticipar inundaciones, gestionar el uso del suelo y orientar inversiones sostenibles. Mientras tanto, Chile ha logrado integrar un 54% de energías renovables en su matriz energética. Brasil, por su parte, se consolida como uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica.

Estas experiencias delinean un camino posible hacia una transición digital sostenible, pero requieren respaldo mediante políticas públicas coherentes, financiamiento climático y transferencia tecnológica. Con todo, estos avances solo serán sostenibles si se diseñan con principios de justicia climática, eficiencia energética y respeto a los límites planetarios.

La innovación tecnológica requiere un marco ético compartido y compromisos concretos para no profundizar las desigualdades existentes en la región.

La gobernanza ambiental y digital comparten desafíos: requieren cooperación internacional multilateral, marcos regulatorios y metas verificables. Pero hoy, menos de la mitad de los países cuentan con leyes efectivas para la gestión de residuos electrónicos, obstáculo clave para una transición digital verde. Esa ausencia de regulación compromete seriamente la viabilidad de una transición verde digital.

La COP30 representa así una oportunidad clave para alinear marcos normativos, compromisos climáticos y agendas tecnológicas. Desde la región iberoamericana, este llamado implica asumir responsabilidades compartidas y fortalecer alianzas estratégicas. En un espacio donde todos los actores —gobiernos, organismos multilaterales, sociedad civil, sector privado y comunidades indígenas y tradicionales— puedan definir marcos regulatorios, compromisos financieros y metas comunes.

Como parte de los preparativos para la COP30, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el gobierno brasileño pusieron en marcha una alianza internacional para hacerla posible. La OEI, que ha acompañado a la región en temas clave como educación, cultura y ciencia, impulsa proyectos que promueven el uso responsable y ético de tecnologías, la transición energética sostenible y la formación de capacidades para una economía digital justa, como evidencian iniciativas birregionales como Energytran, orientadas a una transición verde equitativa y justa entre América Latina y Europa.

En este contexto, la COP30 marca un hito: no solo posiciona a Brasil como actor estratégico en la gobernanza climática global, sino que permite visibilizar el papel de la cooperación iberoamericana en la construcción de un futuro digital alineado con los derechos humanos y la sostenibilidad. En tiempos de crisis climática y aceleración tecnológica, la pregunta ya no es si digitalizar, sino cómo hacerlo de forma justa, democrática y sostenible.

En Iberoamérica, apostamos por una digitalización con sentido: que tenga raíces en los territorios y en la cooperación multilateral, que respete los saberes ancestrales, que no multiplique la basura digital y que no concentre el poder.

Santiago Plata es responsable de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en Brasil.

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