Las víctimas invisibles de la reducción de la ayuda humanitaria: los refugiados saharauis

Cincuenta años después del inicio del exilio saharaui, que iba a durar días, no décadas, la vida en los campamentos de Tinduf (Argelia) continúa dependiendo casi por completo de la ayuda humanitaria internacional. Una asistencia marcada por altibajos constantes y cada vez más condicionada por la polarización política global. La actual coyuntura internacional ha puesto contra las cuerdas al sistema de ayuda humanitaria y a la Ayuda Oficial al Desarrollo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.

La pandemia de la covid-19, la guerra en Ucrania y la multiplicación de conflictos abiertos —Gaza, Sudán, Libia, Siria o Yemen— han tensionado al límite la arquitectura humanitaria global. A ello se suma el auge de discursos contrarios a la cooperación internacional y la prioridad otorgada a los ajustes fiscales en los principales países donantes. Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania y el Reino Unido —que en 2023 concentraban cerca de dos tercios de la ayuda oficial al desarrollo mundial— han aplicado recortes significativos en sus presupuestos.

En el caso estadounidense, la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la cancelación de contribuciones a distintas agencias de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ha supuesto para estos organismos la pérdida de en torno al 40% de su presupuesto. En el caso saharaui, el impacto ha sido devastador: la ayuda canalizada a través de estas agencias se redujo un 47,7% el último año, lo que representa casi la mitad de la asistencia externa total que reciben los refugiados, según fuentes oficiales de las autoridades saharauis.

Tras la presentación en Argel por parte de Acnur del Plan de Respuesta para los Refugiados Saharauis (SRRP 2026–2027) —un documento que ya incorpora recortes significativos—, el Consorcio de ONG, integrado por 19 organizaciones humanitarias presentes en los campamentos, lanzó a finales de noviembre del pasado año un llamamiento urgente a la comunidad internacional para responder a la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo saharaui.

El sector sanitario ha sufrido un recorte del 25% y los programas dirigidos a mitigar el impacto de la discapacidad, del 65%

Las consecuencias son tangibles. La distribución de alimentos se ha visto afectada en un 82%, lo que obligó al Programa Mundial de Alimentos a suspender desde 2023 el 33% de la ayuda destinada a las familias más vulnerables, una partida que fue compensada mediante las ayudas proporcionadas por la Media Luna Roja Argelina. El sector sanitario ha sufrido un recorte del 25%; y los programas dirigidos a mitigar el impacto de la discapacidad, del 65%, según la Media Luna Roja Saharaui.

Esta situación llevó a Unicef a lanzar, a mediados del mes pasado, un llamamiento urgente para alertar de que más de 40.000 alumnos de la red de escuelas primarias corrían el riesgo de perder su escolarización. Asimismo, advirtió de que los incentivos económicos de más de 2.000 maestros voluntarios —que permiten mantener las aulas abiertas— también están en peligro. En este contexto, Unicef ha informado de que solo ha logrado recaudar el 53,3% de los fondos necesarios para mantener el sistema educativo saharaui a flote.

En los campamentos, situados en el desierto argelino, donde las temperaturas extremas y las tormentas de arena forman parte de la vida cotidiana, el acceso al agua es una cuestión de supervivencia. Este suministro depende en gran medida de Acnur, cuyos recortes presupuestarios —agravados por la proliferación de crisis en otras regiones— han implicado una reducción del 53% en el mantenimiento de la flota de camiones cisterna, los pozos y los incentivos destinados a trabajadores locales.

A esta situación se añade la decisión de la Comisión Europea de aplicar, en noviembre del pasado año, un recorte de alrededor del 33% de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos a través de su Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO).

Las consecuencias son previsibles: aumento de la migración, debilitamiento del tejido institucional y riesgo de radicalización en una región frágil frente a las nuevas amenazas

El drama saharaui, de los más prolongados y desfinanciados, rara vez ocupa titulares internacionales. La disminución de la asistencia externa se vive, por tanto, en silencio. Y se combina con otros factores que agravan la precariedad: el aumento de la inflación, la devaluación del dinar argelino y el cierre de los territorios liberados para la población civil saharaui, que constituían un espacio complementario para actividades económicas como el comercio, la ganadería o la minería artesanal. Además, el uso intensivo de drones por parte de Marruecos ha provocado nuevos desplazamientos hacia los campamentos, incrementando la presión sobre unos recursos ya menguados.

El deterioro de las condiciones de vida es evidente, especialmente para mujeres, personas mayores y jóvenes. Para muchos, la única salida imaginable es emprender un proyecto migratorio que permita sostener a sus familias. Esta dinámica tiene efectos directos sobre los servicios públicos locales, como la educación o la sanidad, que dependen en gran medida de mano de obra local.

Para muchos, la única salida imaginable es emprender un proyecto migratorio que permita sostener a sus familias

La extrema polarización internacional y el auge de narrativas contrarias a la cooperación y a los principios de derechos humanos —sobre los que se edificó el sistema multilateral desde mediados del siglo pasado— no solo impactan en la vida cotidiana de los refugiados saharauis. También inciden en el horizonte de una solución política al conflicto. Mientras los aliados de Marruecos, EE UU, Israel y Emiratos Árabes, impulsan marcos que eluden el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, la frustración acumulada crece. Las consecuencias son previsibles: aumento de la migración, debilitamiento del tejido institucional y riesgo de radicalización en una región frágil frente a las nuevas amenazas.

Reducir la ayuda humanitaria no es un simple ajuste presupuestario. En el caso de la población refugiada saharaui, significa recortar derechos humanos básicos: la alimentación, el acceso al agua potable, la escolarización de los menores o la atención sanitaria. Desde el inicio del conflicto, la comunidad internacional ha paliado la ausencia de una solución política con la cobertura humanitaria imprescindible. En los últimos años se juntaron el bloqueo político y la falta de asistencia internacional, dejando a la población refugiada saharaui en una situación de vulnerabilidad aún más profunda.