Las ONG, en la diana: así se fabrica el relato que criminaliza al sector humanitario

La escena se repite cada vez con más frecuencia. Un hospital que opera en zona de conflicto es bombardeado y los responsables del ataque aseguran que la instalación había dejado de ser neutral. No presentan pruebas independientes, nadie ha verificado que se cometieran actos hostiles entre sus muros, pero el mensaje se impone: si un centro sanitario alberga al enemigo, deja de ser un espacio protegido. Y así, lo que el Derecho Internacional Humanitario tipifica como crimen de guerra —el bombardeo de un hospital— pasa directamente a presentarse como una operación legítima.

Este relato, que atribuye a las ONG el papel de agentes sospechosos y aliados con el adversario, no es un fenómeno aislado: forma parte de una ofensiva más amplia en la que las organizaciones no gubernamentales y el sector humanitario en general son retratados como estructuras opacas, ideologizadas o directamente corruptas, independientemente de los sistemas de control y auditorías a las que están sometidas. Se trata de discursos que no surgen de manera espontánea, sino que han sido moldeados y amplificados en los últimos años por partidos y líderes especialmente de ultraderecha, que han encontrado en las ONG un blanco útil dentro de una agenda política que recela del multilateralismo y de la cooperación internacional y que apuesta por el rearme. En un contexto marcado por el desplome de la financiación de la ayuda al desarrollo, la hostilidad contra el sector humanitario es una pieza clave para legitimar y hacer posible ese giro político. La decisión de Donald Trump de cerrar USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos y el mayor donante del mundo, fue el punto de inflexión en esta ofensiva.

“La desinformación no es un problema menor o solo reputacional: puede retrasar el acceso a la ayuda a quienes más la necesitan, interrumpir operaciones de emergencia, exponer a los equipos a amenazas muy concretas e incluso criminalizar el trabajo humanitario”, alerta en una entrevista por videollamada Maria Groenewald, directora de VOICE, una red que agrupa a más de 90 ONG europeas.

Uno de los cambios más significativos es el giro en la percepción pública de las ONG. Durante años, su legitimidad apenas se cuestionaba, mientras que hoy son a menudo objeto de sospecha. Una encuesta de Focaldata realizada entre agosto y septiembre de 2025 en 34 países representativos de todas las regiones del mundo confirma este viraje: el 55% de la población respalda la cooperación internacional, aunque solo un 28% la ve esencial. La interpretación de los analistas de este sondeo, el primero de esta magnitud (36.405 encuestados), es que el apoyo al sector humanitario es cada vez más frágil.

“Esa bonhomía que se presuponía a las organizaciones no gubernamentales se ha roto”, explica Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) en España, que divide las narrativas contra el sector humanitario en dos grandes bloques: el descrédito relacionado con la corrupción y el uso indebido de fondos y los discursos que acusan a las ONG que trabajan en zonas en conflicto de haber perdido la neutralidad, de interferir políticamente o incluso de actuar fuera de la legalidad. “Se da credibilidad a todo por igual, venga del canal que venga, de redes sociales o de un medio de comunicación serio”, añade Macarena Céspedes, directora global de promoción e investigación de la ONG Educo, que apunta a la pérdida de jerarquías informativas como uno de los grandes problemas.

Los ejemplos se multiplican. En Gaza y Cisjordania, el Gobierno de Israel ha prohibido las operaciones de 37 ONG, a las que ha acusado sin pruebas de contar con empleados vinculados a actividades terroristas, en una decisión recurrida y ahora bajo revisión en su Tribunal Supremo. En Europa, Francia y Alemania pidieron el pasado febrero la dimisión de Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, después de que una diputada francesa del partido de Emmanuel Macron la acusara de haber afirmado que Israel es el “enemigo común de la humanidad”, en una tergiversación de unas declaraciones en las que dijo literalmente que “el enemigo común de la humanidad es el sistema que ha permitido el genocidio en Palestina”.

El punto álgido de esta situación comenzó cuando el Gobierno de Estados Unidos, con Elon Musk a la cabeza, comenzó a justificar los recortes de USAID con una campaña de desinformación

Leire Pajín, eurodiputada

Pero también ocurre en países como España, donde organizaciones como Cruz Roja o Cáritas han sido objeto de acusaciones infundadas y propagadas, entre otros, por el partido ultraderechista Vox. En el caso de Cáritas, ese cuestionamiento adopta formas diversas: desde críticas directas por apoyar la regularización de migrantes en España hasta acusaciones falsas difundidas en redes sociales que señalaban que la ONG no estaba prestando ayuda durante la DANA de Valencia. “De repente, un perfil empieza a difundir bulos que se viralizan y pierdes la pista de dónde nacieron”, recuerdan Merche Fernández y Daniel Illescas, del equipo de comunicación de Cáritas Española, que explican que las dudas sobre su presencia en terreno o sobre el reparto de ayuda se amplificaron por perfiles con gran número de seguidores. “Nuestro trabajo fue explicar con transparencia cómo actuamos”, añaden.

“Hay que tener muy claro que el punto álgido de esta situación comenzó cuando el Gobierno de Estados Unidos, con Elon Musk a la cabeza, comenzó a justificar los recortes de USAID con una campaña de desinformación sobre la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo” para justificar su posterior cierre, afirma es una entrevista con este diario la exministra española y eurodiputada Leire Pajín, que presentó en enero un informe sobre ayuda humanitaria en Estrasburgo apoyado con un amplio consenso. “No podemos olvidarnos de quién es este señor y qué plataformas tiene para amplificar su mensaje”, añade en alusión a su posición como propietario de la red social X.

Del “error militar” a la “culpa” sobre las ONG

El análisis de las narrativas que buscan justificar la hostilidad hacia las ONG y el personal humanitario ayuda a entender cómo funcionan las campañas de descrédito y sus consecuencias. Una de las más extendidas apunta directamente al corazón del Derecho Internacional Humanitario: la idea de que ofrecer atención médica a un combatiente convierte al personal sanitario en parte beligerante.

Sin embargo, tanto la normativa internacional como la práctica médica son explícitas: atender a un herido no es un acto hostil, ni siquiera en el caso de que fuera un combatiente. “El personal médico no puede ser castigado por tratar a ningún herido, es un principio básico del Derecho Internacional Humanitario y por ética médica se atiende a cualquier herido, si bien las armas se quedan fuera del centro sanitario”, recuerda González. Incluso en los supuestos excepcionales en los que un hospital perdiera su protección por estar siendo utilizado para fines beligerantes, esa protección no cesa automáticamente. “La respuesta debería ser proporcional, es decir, se debería permitir salir a los enfermos y al personal médico”, añade.

“Sin embargo, en los últimos años hemos pasado de la narrativa de los errores, con la que Estados Unidos justificó por ejemplo el bombardeo del hospital de MSF en Kunduz [Afganistán, 2015, donde murieron 24 pacientes y 14 miembros del personal sanitario] a trasladar la culpa a las ONG”, explica González.

El personal médico no puede ser castigado por tratar a ningún herido, es un principio básico del Derecho Internacional Humanitario

Raquel González, coordinadora de MSF en España

El desplazamiento de la responsabilidad, de un posible fallo militar a una supuesta mala praxis de la organización atacada, encaja con otro engranaje que se ha vuelto decisivo en muchos conflictos: las legislaciones antiterroristas. “Son leyes elaboradas en los parlamentos nacionales precisamente para luchar contra esos grupos terroristas, sobre todo a partir del 11-S”, apunta Raquel González. El problema, añade, es que su aplicación puede chocar con el Derecho Internacional Humanitario: “Lo que antes eran actividades médicas protegidas ahora son a veces actividades prohibidas, porque se considera que estás tratando a terroristas”. “Incluso por el simple hecho de sentarte a hablar con ellos, para que te den acceso para poder tratar a la población que está en su territorio, puede que tengas una responsabilidad legal”, advierte.

En Camerún, cuatro trabajadores de MSF fueron encarcelados durante meses tras trasladar a pacientes a los que las autoridades consideraron combatientes. Otro ejemplo es el de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, a la que Israel acusó sin pruebas de mantener vínculos con Hamás. El pasado enero, derribó su sede en Jerusalén.

A esta lógica se suma otra narrativa cada vez más extendida: la “colectivización del enemigo”. “Todo aquel que está en determinadas zonas pasa a ser considerado enemigo”, explica González. En ese marco, la distinción entre civiles y combatientes se diluye y poblaciones enteras pasan a ser tratadas como objetivos legítimos, incluidos los actores humanitarios que las atienden.

“Estas campañas están perfectamente orquestadas por quienes tienen un objetivo muy claro, que es evitar que los actores que están en el terreno sean testigos de la violación permanente del Derecho Internacional Humanitario”, subraya Pajín. “Y tienen dos elementos: uno está relacionado con la desinformación y los bulos contra las ONG, pero hay otro que está conectado con los ataques directos”, añade Pajín, que recuerda que “nunca en la historia ha habido tantos asesinatos de actores humanitarios”.

En paralelo, actores estatales y no estatales explotan la manipulación de la información como parte de su arsenal: “En regiones como el Sahel o Sudán vemos campañas impulsadas desde el exterior, con intereses geopolíticos evidentes; la propaganda digital se usa como un arma de guerra más y sitúa a las ONG en medio de una lucha de poder que no hemos visto antes con esta intensidad”, apunta Groenewald. Aunque no sabe con certeza quién está detrás de estas campañas, asegura que su organización ha intercambiado información con el Servicio Europeo de Acción Exterior y “no es ninguna sorpresa que vean a Rusia y China detrás de esta desinformación”.

Las consecuencias son devastadoras. “Si no existe una relación previa y transparente con la comunidad, cuando una campaña viral acusa a una ONG de envenenar vacunas o colaborar con un bando, estamos fuera: la población deja de escuchar”, resume Roberta Fadda, responsable de comunicación de VOICE. “La desinformación se propaga más rápido que cualquier rectificación, por eso el trabajo de construcción de confianza debe ser sostenido y apoyarse en los canales que realmente usa la gente, desde la radio comunitaria hasta Facebook”, añade.

La disputa por el relato, coinciden las organizaciones, se ha convertido en un frente más del trabajo humanitario. “La manipulación de la información está alimentando la politización de la acción humanitaria”, resume Groenewald. Y en ese clima creciente de desconfianza, añade, “cada vez nos sitúan más a la defensiva, como si tuviéramos que justificar por qué existimos”. Un escenario en el que, según advierte, la capacidad de asistir a quienes más lo necesitan depende también de resistir y contrarrestar estas campañas de descrédito.