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Cáritas, de nuevo en la diana de Vox: la ONG que da atención humanitaria a medio millón de inmigrantes

La organización de la Iglesia católica, con un 70% de sus recursos privados, apoya la regularización extraordinaria de migrantes, a la que se opone el partido de Abascal

Un centro de Cáritas en Jaén ofrece un menú gratuito a inmigrantes y temporeros durante los días de la campaña de la campaña de la aceituna.
Sebastián Forero

Las declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, en una entrevista el domingo con el canal de YouTube de extrema derecha Bipartidismo Stream volvían a poner implícitamente en la diana a Cáritas Española, la organización de la Iglesia católica para la acción caritativa y social. El líder del partido ultra cuestionaba si el silencio que él le atribuye a la Iglesia frente a políticas del Gobierno en materia de género e inmigración “se debe a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal”. E iba más allá: “Probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas, sino también al sostenimiento de estructuras”. Sin embargo, medio millón de inmigrantes en España, sin papeles y en la clandestinidad, encontraron durante el año pasado una asistencia básica de esa organización que a veces se convierte en el único salvavidas al que aferrarse para salir a flote y cuya financiación, en realidad, proviene en un 70% de fondos privados.

El manto de duda que lanzaba Abascal sobre la organización se sostenía sobre la falsa premisa de que Cáritas, creada en 1947, recibe del Gobierno un volumen considerable de recursos para atender a inmigrantes irregulares. Pero según el balance de fondos de esa confederación al cierre de 2024 (en una gestión que es evaluada de acuerdo a los Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de la Plataforma del Tercer Sector y los Estándares de Gestión de Cáritas Internationalis), de los casi 487 millones de euros con los que contó ese año, apenas el 2,21% provino de la Administración central (10,7 millones). Si se le suman los recursos de las administraciones local, autonómica y europea, el total de fondos de origen público alcanza el 30%.

El otro 70% de los recursos tiene origen privado: aportaciones de donantes, de empresas, instituciones y participantes en los programas de esa organización. De la propia Iglesia, incluso, la aportación también es menor: el 5% (24,3 millones). Con esos recursos, Cáritas atendió en 2024 a casi 1,2 millones de personas en España, de las que la mitad —550.000— eran inmigrantes en situación irregular. Un apoyo que se traduce en acogida para muchos de ellos, asistencia jurídica, ayudas económicas, formación y capacitación para programas de empleo, acceso a la sanidad, a la escolarización, entre varias otras áreas.

La proporción de inmigrantes entre la población que atiende Cáritas ha ido creciendo en los últimos años, pues son quienes se van ubicando en la primera línea de la exclusión. En 2022 los inmigrantes eran el 32% de los beneficiarios de la organización cuando en 2018 apenas constituían el 23%. “Nuestra misión es estar con los más pobres y excluidos, con independencia de su nacionalidad, etnia o situación administrativa; pero como las personas migrantes están sobrerrepresentadas en los ámbitos de exclusión social, pues ocupan efectivamente un porcentaje relevante de las personas que atendemos”, apunta Diego Fernández-Maldonado, encargado de incidencia política sobre migraciones en Cáritas.

Buena parte del trabajo que hace la organización con los inmigrantes se dirige a lograr su regularización en España y facilitar que puedan encontrar un trabajo que, precisamente, les permita dejar de depender de ayudas económicas tras su llegada al país. Y de hecho, en los últimos cuatro años, Cáritas ha sido activa en defender la regularización extraordinaria de inmigrantes y apoyó la recogida de firmas que consiguió convertir esa apuesta en una iniciativa legislativa popular (ILP) y llevarla al Congreso de los Diputados, donde aún espera su trámite. En junio pasado, la organización compareció ante la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso y pidió que finalmente se aprobara. Una posición alineada con la Conferencia Episcopal Española y que ha chocado evidentemente con Vox pero también con el PP. La formación de Alberto Núñez Feijóo, aunque en su momento votó a favor de la toma en consideración de la ILP, ahora ha mostrado su rechazo a la iniciativa.

Fernández-Maldonado prefiere no valorar los señalamientos del líder de Vox y se limita a reivindicar el trabajo de Cáritas. “Nosotros vamos a seguir con nuestra misión, que es estar al lado de aquellos más excluidos, entre ellos las personas migrantes”, afirma. “Es la misión de la Iglesia y, sin ir más lejos, esas eran las palabras del papa Francisco”, añade. Esa postura le supuso a la organización, en noviembre de 2024, renunciar a la financiación que iba a recibir del Ayuntamiento de Burgos para acogida de migrantes, después de que el Consistorio —por exigencia de Vox— suprimiera de sus presupuestos las ayudas para otras tres ONG que también trabajan con migrantes. Cáritas renunciaba así a 19.000 euros que recibiría de ese municipio, en forma de protesta por el recorte a las otras organizaciones, cuya labor definía como “indispensable”.

No es la primera vez que desde Vox ponen a Cáritas en la mira por su trabajo con los inmigrantes. En 2021, en la campaña a las elecciones en la Comunidad de Madrid, en la estación de Cercanías de Sol, en el centro de la capital, apareció un cartel que señalaba que un menor extranjero no acompañado (“mena”, como les llama despectivamente ese partido) recibía 4.700 euros al mes, mientras que una abuela recibía 426 euros de pensión. Cuando la pieza publicitaria produjo el rechazo de innumerables organizaciones, entre ellas Cáritas, la entonces candidata de ese partido, Rocío Monasterio, aseguró que esa organización “es uno de los beneficiarios de estos 4.700 euros por plaza” y que por eso no quería que se cuestionara la cifra.

Dos años antes, el ataque había sido más explícito y también lo protagonizó Monasterio, candidata en ese momento también a la Comunidad de Madrid. En un debate electoral, prometió que auditaría a Cáritas y a otras organizaciones como Save The Children para vigilar a dónde va el dinero de los contribuyentes y en aras de cerrar “chiringuitos”. Cuando le preguntaron si le daba esa calificación a esas dos organizaciones, respondió: “Algunos de ellos sí, efectivamente”.

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Sobre la firma

Sebastián Forero
Redactor en la sección Nacional de EL PAÍS. En Colombia, cubrió el conflicto armado, paz, derechos humanos, tierras y política de drogas en 'El Espectador'. Periodista y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente cursa el máster de periodismo UAM - EL PAÍS.
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