Alimentar la justicia: desafíos y avances del derecho a la alimentación

Aisha Saleh, madre de cinco hijos en la gobernación yemení de Hajjah, lucha cada día por alimentar a su familia en medio de una crisis que no da tregua. “Solo comemos una vez al día, y a veces incluso eso no es posible. Me salto las comidas para que mis hijos puedan comer algo”, cuenta. La prolongada guerra, el colapso económico y la escasez de ayuda humanitaria han empujado a millones de personas a una situación crítica. Su historia no es una excepción: es un retrato del presente de millones.

Según el último informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, 733 millones de personas padecieron hambre en 2023. Una de cada once en el mundo. Una de cada cinco en África. Son cifras que no mejoran desde hace tres años. Que se estancan. Que interpelan.

El hambre no es una catástrofe natural, sino el resultado de la acción humana, y una violación flagrante del derecho a la alimentación, consagrado en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y desarrollado en las Directrices Voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas. Es un derecho que no se limita a ingerir calorías, sino que implica el acceso físico y económico a alimentos adecuados, nutritivos, culturalmente aceptables, inocuos y sostenibles. Comer, sí, pero con dignidad.

Ese derecho, sin embargo, sigue siendo negado de múltiples maneras.

Clima y hambre

El cambio climático provocado por nuestro modelo socioeconómico ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una fuerza desestabilizadora del presente. Las inundaciones de 2023 en Pakistán anegaron más de cuatro millones de hectáreas cultivables. En Centroamérica, las sequías prolongadas han forzado desplazamientos masivos. En Sudán del Sur, la producción de sorgo —alimento básico— se ha reducido a la mitad por lluvias erráticas. Cuando el clima se desajusta, el hambre se instala.

733 millones de personas padecieron hambre en 2023. Una de cada once en el mundo. Una de cada cinco en África

El hambre como arma de guerra

A ello se suma el aumento alarmante de crisis alimentarias inducidas por conflictos armados. La violencia ha interrumpido la producción y distribución de alimentos en regiones como Sudán, el noreste de Nigeria, Yemen, partes de Etiopía o Haití. En la Franja de Gaza, la situación alcanza dimensiones inéditas en el derecho internacional contemporáneo. Tal y como ha señalado recientemente António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, “Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. Las normas del derecho internacional humanitario están siendo violadas sistemáticamente, y el mundo no puede mirar hacia otro lado”.

Desigualdad y derecho a la alimentación

Las mujeres y las niñas son siempre las más afectadas por la inseguridad alimentaria. Las mujeres son las últimas en comer y las primeras en sacrificar su ración por sus hijos. En situaciones de emergencia, la probabilidad de que una mujer o una niña sufra desnutrición es más del doble que la de un hombre.

Cooperación internacional en retirada

La protección del derecho a la alimentación también está siendo erosionada por el repliegue de la cooperación. Estados Unidos ha recortado drásticamente los fondos dedicados a la cooperación internacional. Varios países europeos también están reduciendo severamente su financiación a este sector. Los efectos de estos recortes ya se hacen notar. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha anunciado que ha tenido que reducir sus raciones de alimentos para refugiados y otras poblaciones con necesidad en más de cuarenta países. Los datos del PMA dicen que, en Yemen, tres millones de personas han quedado fuera del sistema de asistencia; en Chad, las familias reciben ahora menos de la mitad de las calorías mínimas recomendadas.

Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. Las normas del derecho internacional humanitario están siendo violadas sistemáticamente

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas

Concentración de poder

Uno de los factores más persistentes y estructurales que obstaculizan el derecho a la alimentación es la concentración corporativa en el sistema agroalimentario, donde unas pocas empresas dominan la cadena alimentaria global. Cuatro grupos controlan más del 70% del comercio mundial de cereales. Tres corporaciones lideran el mercado global de semillas. Y cinco grandes distribuidoras deciden lo que entra —y lo que no— en los estantes de los supermercados.

Este modelo reduce la capacidad de decisión de los pequeños agricultores y de los consumidores, empuja a la homogeneización de dietas y fomenta la expansión de alimentos ultraprocesados. En Estados Unidos, estos productos representan el 57% de la ingesta calórica, y en México, Brasil y Chile, ya superan el 30%. Esta avalancha de productos baratos, densamente calóricos y nutricionalmente pobres ha disparado las tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, especialmente en sectores vulnerables.

Razones para la esperanza

Frente a este panorama, emergen algunas señales alentadoras. En el contexto europeo, por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución en noviembre pasado que insta a los Estados miembros a adoptar políticas que reconozcan y protejan el derecho a la alimentación adecuada. Así, ofrece una base política y jurídica que podría traducirse en avances concretos.

España, por su parte, ha dado recientemente pasos significativos. El Congreso acaba de aprobar la ley contra el desperdicio alimentario, que incluye medidas como la exigencia de que los supermercados donen sus excedentes, y la imposición de que todas las empresas de la cadena alimentaria cuenten con planes para evitar que la comida acabe en la basura. Además, un reciente decreto gubernamental exige que al menos el 45% de las frutas y hortalizas en comedores escolares sean de temporada, para promover una alimentación más saludable, apoyar a productores locales y reducir el impacto ambiental.

Cuando hay voluntad política y participación social, el derecho a la alimentación puede dejar de ser un principio abstracto y convertirse en política viva

En América Latina, varios gobiernos están también consolidando políticas públicas que convierten el derecho a la alimentación en eje estratégico. Brasil ha reactivado su programa de compras públicas a la agricultura familiar para abastecer escuelas, hospitales y comedores sociales, y promueve activamente la agricultura ecológica. Chile, por su parte, lleva casi una década implementando una de las políticas más avanzadas del mundo para frenar la obesidad, especialmente en la infancia. Fue pionero en introducir un etiquetado frontal de advertencia en los alimentos ultraprocesados.

África también ofrece ejemplos exitosos: en Sudáfrica, más de nueve millones de estudiantes reciben una comida diaria en la escuela, lo que ha mejorado la asistencia, la salud infantil y el vínculo con agricultores locales. Uganda ha impulsado varios programas para fortalecer el rol de las mujeres rurales en la producción agrícola y la toma de decisiones sobre alimentación. Son políticas que funcionan, que distribuyen, que alimentan la justicia.

En todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsa el derecho a la alimentación adecuada mediante asistencia técnica, formación y apoyo legal e institucional. En Nepal, colaboró en su inclusión en la Constitución, y en varios países de América Latina ha acompañado procesos parlamentarios y capacitado a funcionarios y organizaciones sociales. En otros países, como Sierra Leona o Georgia, ha brindado apoyo técnico para diseñar políticas alimentarias con enfoque de derechos.

La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza es una iniciativa internacional impulsada por Brasil durante su presidencia del G-20 en 2024, coliderada por España y coordinada técnicamente por la FAO, que busca articular esfuerzos concretos de docenas de países socios para erradicar el hambre, mediante el fortalecimiento de políticas públicas, inversiones sostenibles y cooperación Sur-Sur, contribuyendo así directamente a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada.

Estas iniciativas demuestran que cuando hay voluntad política y participación social, el derecho a la alimentación puede dejar de ser un principio abstracto y convertirse en política viva.

Mientras haya hambre, no habrá justicia. Y mientras falte el pan, proliferarán guerras.