Expulsar a los vecinos es un buen negocio

Ni por inseguridad, por suerte, ni por modernuquis, gracias a Dios, y sin monumentos para turistas en busca de un escenario para posar como mediterráneos soft. En nuestro barrio de moderadita clase media no acostumbramos a salir en portada en The New York Times. Pero hace un año, la imagen de un edificio a dos minutos del nuestro —modernismo de segunda división— abrió la edición internacional. Hacía cierto tiempo que un inversor había comprado Casa Orsola para un negocio con rentabilidad asegurada en la Barcelona de hoy y de mañana: sacar la vivienda del mercado tradicional de alquiler y destinarlo al de los extranjeros de paso.

Si históricamente familias locales habían alquilado los pisos de esta finca para desarrollar aquí su proyecto de vida, el nuevo propietario quiso cambiar el modelo de explotación para obtener mayor rentabilidad. Normal. No renovaba los contratos antiguos, aunque los inquilinos hicieran lo imposible para conseguirlo, porque su propósito era vaciar el edificio de barceloneses como nosotros, reformarlo y después dedicarlo al alquiler de temporada. Es la dinámica que expulsa a los hijos de los vecinos de siempre no se sabe dónde. La capacidad de algunos vecinos para convertir Casa Orsola en símbolo, la identificación del caso por parte del Sindicato de Inquilinas como un frente de lucha para sumar la clase media a su causa y la reactivación del movimiento vecinal forzaron al Ayuntamiento a buscar una fórmula imaginativa que podría parchear casos parecidos.

“La ciudad de los hogares perdidos y la esperanza”, tituló la periodista Liz Alderman. En el reportaje habla de un caso similar, no muy lejos de casa, y de otra empresa que también intenta expulsar a los vecinos que ya estaban allí cuando la nueva propiedad adquirió el edificio. “New Amsterdam Developers, el fondo que compró Casa Papallona, también conocida como Casa Fajol, ha adquirido otros cientos de apartamentos en Barcelona para este uso, a menudo dirigidos a viajeros de negocios cuyos ingresos superan los de los locales. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios”. Este verano, Paul Petermeijer, su principal accionista y que no atiende a la prensa local, sí respondió a la de su país. “No retiramos casas del mercado; estamos creando más espacio”, decía como réplica a las protestas.

Su empresa ha vuelto a ser noticia esta semana. A principios de 2023, New Amsterdam Developers estableció una alianza con Enter Coliving. Edificios propiedad del fondo serían gestionados por una empresa que explota otra mina del negocio de la vivienda para extranjeros con dinero: trocear pisos para alquilar habitaciones por temporada. Funciona: en algún caso, el precio de una única habitación ya se acerca al que pagaban los antiguos inquilinos por todo el piso. Con la entrada en el accionariado de la empresa de coliving, que no alquila a familias, los holandeses ahora tendrían una línea de negocio paralela: comprar edificios cuya propiedad casi siempre es de una única familia, ir extinguiendo a los inquilinos de renta antigua, parcelación de pisos y sumarlos a la oferta del coliving. Su estrategia era constituir una empresa por edificio para regatear la legislación sobre los grandes tenedores.

Ahora, un caso en el barrio de Gràcia, mucho más molón que el nuestro, ha replicado lo ocurrido en Casa Orsola: un inquilino que es profesor quería seguir viviendo de alquiler, la propiedad no le renueva el contrato para que tenga que irse, pero la protesta de vecinos de clase media impidió este miércoles el desahucio. Ahora, disgustado por la protesta vecinal, que ha recibido el apoyo incluso del presidente de la Generalitat, Petermeijer, ofendidito, ha puesto su empresa a la venta por casi 30 millones de euros. Pobre.