La prioridad del Rey en el 23-F era proteger la Corona

La reciente desclasificación de documentos sobre el 23-F ha quedado desde el principio descalificada, no solo porque no aportan nada más allá de lo conocido, sino porque otros documentos, como grabaciones que sin duda existen o como la totalidad del sumario, ni están ni se les espera. Otros, los del Cesid, ya se habían desclasificado previamente en la trituradora. Pero la desclasificación ha situado en primera línea del debate público la intentona de golpe de Estado, con todo un repertorio de intencionalidades políticas apropiándose del pasado. Muchas opiniones se han apresurado a establecer un silogismo falso: los documentos desclasificados certificarían la versión canónica, sustentada en una intentona de golpe militar por guardias civiles y militares que fue frenada por Juan Carlos I porque amenazaba la democracia.

En el centro de los tirones ideológicos y mediáticos se ha cruzado una pregunta elevada al máximo rango de la controversia: la actuación del Monarca antes, durante y después de la intentona. Pero está desenfocada, mal planteada y es equívoca, porque descansa en un supuesto ideológico falso: el comportamiento del Monarca dependería de su posición a favor o en contra de la democracia, con todos los matices intermedios y que, a su vez, parte de otro planteamiento erróneo: el rey habría traído la democracia con una intencionalidad previa, planificada y determinante. La prioridad de Juan Carlos I, apoyada en una lección histórica bien aprendida, siempre fue la Corona, por encima de todo, independientemente de los fundamentos de poder y las fuentes de legitimidad en la que descansara. Un ejercicio de pragmatismo. Si para ser el titular de la Corona tenía que jurar las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios del Movimiento Nacional en 1975, los juró. Si para añadir la legitimidad dinástica tenía que aceptar la abdicación de su padre en 1977 la aceptó. Y si para conservarla tenía que ceder todos los poderes, ilimitados y sin contrapesos, heredados de Franco, los cedió, atesorando una tercera legitimidad: la voluntad soberana del pueblo en 1978, mientras la institución fuera intocable.

Sin esta perspectiva es difícil entender el papel del Monarca en la tarde noche del 23-F. Si el golpe queda adelgazado al secuestro violento del Congreso por el teniente coronel Tejero, el Rey lo acabó frenando ya entrada la madrugada, no antes. Si por implicación del Rey se entiende su conocimiento y apoyo tácito de la Solución Armada, consistente en una operación política heterogénea y de mucha envergadura de políticos, empresarios y periodistas para evitar la deriva del país y que acabó madurando en el proyecto de un Gobierno de concentración de mayoría parlamentaria, presidido por el general Armada, su general de confianza, no hay duda. El Monarca y La Zarzuela conocían y compartían —aunque sin tomar iniciativa o decisión alguna— esa operación desde junio de 1980. Era una posición coherente con su pragmatismo, que pretendía evitar cualquier peligro que amenazara a la Corona, como una involución militar o una democracia en crisis de funcionamiento golpeada por el terrorismo, la debacle económica y el desarrollo autonómico. Estaba dispuesto a aceptar una democracia corregida, enderezada, con un Gobierno que sacara del marasmo a la Corona y al país, por este orden.

Siempre hubo conspiraciones militares en el nombre de la Patria, invocando los principios del 18 de julio, pero sin planes precisos como resultado de la cadena de mando, a modo de un estado de opinión para hacer algo, pero con la doble hipoteca de la disciplina y lealtad a Juan Carlos I como heredero de Franco. Siempre hubo conspiraciones civiles de políticos, empresarios y periodistas, para dar un golpe de timón en el nombre del Rey, que pretendían retocar, retorcer o clausurar la Constitución, dentro, fuera o rozando sus márgenes, pero siempre invocando la defensa de la Monarquía y de la democracia. No era la extrema derecha nostálgica.

En el 23-F se cruzaron todas las conspiraciones, en medio de un Estado democrático apenas construido. El tránsito no había sido ni modélico ni universalmente compartido y era vulnerable por todos sus costados. La democracia siempre había estado amenazada, incluso antes de ser democracia. Los diversos protagonistas del golpe —duro o militar, blando o político—, directos e indirectos, conspiradores a largo y a corto plazo, jugaron con fuego, unos con balas de fogueo, otros con fuego real.

El secuestro de Tejero fue la última versión, violenta, provocada como una situación de emergencia nacional, en la que había mutado la Solución Armada. Al general no le esperaban en La Zarzuela después de haber escuchado el tableteo de los subfusiles en el Congreso sin saber si había habido consecuencias fatales, porque la grabación no se emitía en directo. La Zarzuela pulsó la opinión de los capitanes generales sin desautorizar nada, ganando tiempo, porque un golpe duro militar podría arrollar a la propia Corona —por encima del Rey estaba España— o ponerle en la tesitura indeseable, como a su cuñado Constantino de Grecia, de una dictadura militar con la tutela de la Corona. Cuando se conoció la grabación del asalto con la llegada de los equipos de RTVE a La Zarzuela, se abrió una segunda oportunidad de la Solución Armada para salir del atolladero. El general acabaría hablando años después, y mucho, hasta afirmar que el Rey estaba bien informado, aunque no de todos los detalles. Fue autorizado para ir al Congreso a proponerse como presidente de un Gobierno de concentración parlamentaria. La Zarzuela le estuvo esperando, pero Tejero frenó por segunda vez el golpe político encubierto. La grabación del Rey desautorizando cualquier movimiento militar se emitió minutos después. El general Milans del Bosch, cuyo papel había sido supeditar todas las iniciativas militares a la Solución Armada, recibió entonces la orden expresa, porque ya no había marcha atrás. El sentido de la expresión era el resultado de la habitual retórica campechana y laxitud verbal del Monarca, con la que al mismo general le había comentado tiempo atrás —como figura en el sumario— que, si no, daban un golpe a la turca, refiriéndose al golpe del general Kenan Evren en septiembre de 1980. Todas estas posturas ambivalentes —reales o retóricas— eran coherentes: ante todo la Corona.

Si el 23-F solo fuera el asalto al Congreso, pocos estaban implicados, pero el 23-F fue el resultado de múltiples conspiraciones, intereses políticos y cruce de poderes y estaban implicados todos los que, al menos desde 1980, habían colaborado, participado o se habían dado por enterados o concedido su apoyo tácito a la Solución Armada para la formación de ese Gobierno. Todos ellos después del golpe no quisieron saber nada, incluida La Zarzuela. Todos cabían dentro de la Constitución, a la que no le habían otorgado su confianza, apresurándose a situarse inequívocamente dentro, sin aventuras ni experimentos políticos, sin conspiraciones palaciegas. La Constitución desde entonces era intocable, y la democracia había resultado paradójicamente inevitable. La pregunta entonces es otra: ¿quién confiaba en la democracia en 1981? Por todo ello, siguen siendo necesarios los documentos al completo, y no en migajas, porque aquellos hechos no fueron un compartimento estanco en el tiempo, sino que siguen teniendo profundas implicaciones en la forma de entender el origen y los fundamentos del sistema democrático.