La igualdad de género como termómetro de la democracia

Hace 30 años, en Pekín, la comunidad internacional consagró la igualdad de género como condición indispensable para los sistemas democráticos. Tres décadas más tarde, un 42% de la humanidad vive en autocracias que erosionan sistemáticamente los derechos de las mujeres. Es una tendencia que se expande rápidamente y a la que la agenda global de la extrema derecha abre sus puertas de par en par. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, conviene recordar aquella mítica frase de Pekín: “Los derechos humanos son los derechos de las mujeres”.

Qué duda cabe que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer marcó un hito histórico en el avance de los derechos de las mujeres al consolidar un compromiso global sin precedentes con la idea de igualdad de género. Su principal logro fue la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, un ambicioso marco estratégico que identificó 12 esferas de actuación y que estableció objetivos concretos para que los gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil impulsaran políticas públicas con perspectiva de género. En definitiva, la conferencia fortaleció el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos universales.

Todos los acuerdos internacionales son frutos del contexto histórico en el que nacen. En 1995, reinaba un cierto optimismo respecto a la expansión de los valores democráticos a nivel global. Una expansión en la que el activismo y la lucha de las mujeres tuvieron un papel fundamental tanto en las transiciones a la democracia en el antiguo bloque soviético como en Latinoamérica, donde los movimientos de protesta de las mujeres emergieron de las sombras de las dictaduras para cambiar la realidad política. También en África, donde las mujeres desarrollaron un papel fundamental para promover la democracia o, en el caso de Sudáfrica, para acabar con el apartheid.

Entonces se asumió que el avance global en la conquista de los derechos formales de las mujeres sería sostenido y que, a su vez, impulsaría la igualdad efectiva en los ámbitos económico, social y político. La expectativa era ambiciosa: que en el futuro la brecha salarial o el techo de cristal fueran desapareciendo, que dejara de oírse el atroz estruendo de la violencia machista en los hogares de todo el mundo, y que hombres y mujeres asumieran por igual las responsabilidades de los cuidados familiares, por citar solo algunas de las reivindicaciones presentes en las protestas del 8 de Marzo de las últimas décadas.

Nada más lejos de la realidad. La brecha entre igualdad formal e igualdad real demuestra que los derechos reconocidos en el papel no se sostienen sin instituciones democráticas robustas y una voluntad política constante. Y es que la democracia no es solo un procedimiento electoral, sino un sistema basado en los principios de igualdad política, autonomía individual y protección de las minorías. Cuando se tolera la violencia de género, se cuestiona la igualdad jurídica o se limita la libertad reproductiva no se erosiona solo un derecho sectorial, sino el mismísimo principio democrático de ciudadanía.

Por ello, las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer resultan hoy más necesarias que nunca, pues, no nos engañemos, corren malos tiempos para la democracia. Según el último informe del proyecto V-Dem, por primera vez en más de 20 años el mundo tiene más autocracias que democracias, con un retroceso alarmante en libertades como la de expresión (que empeoró en 44 países en 2024) y un preocupante aumento de los procesos de autocratización en muchos países. En la actualidad, casi tres de cada cuatro personas en el mundo (el 72%) viven en autocracias. Es la cifra más alta desde 1978.

Son malas noticias para quienes defienden los valores democráticos en general, pero aún peor para las mujeres, porque cuando las democracias y sus principios retroceden, los derechos de las mujeres se resienten. El retroceso adopta formas distintas, desde la supresión abierta de derechos en regímenes autocráticos hasta su restricción gradual dentro de los sistemas democráticos formales. En Afganistán, Irán o Rusia, la regresión ha sido abrupta, con la revocación de derechos educativos y laborales o la brutal represión de las protestas. Pero ¿qué ocurre en las democracias formales? Allí la erosión es más sutil: se materializa en reformas legales, decisiones judiciales o discursos políticos que cuestionan conquistas previamente consolidadas.

La actual expansión de la sombra patriarcal para revertir derechos y limitar la autonomía de las mujeres es preocupante. Recordemos que el presidente argentino, Javier Milei, ha prometido eliminar el feminicidio del Código Penal, con del argumento de que se trata de un exceso del feminismo radical y una auténtica distorsión del concepto de igualdad de género. Por no hablar de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular casi cinco décadas de protección legal del derecho al aborto. Todo ello aderezado con el fomento explícito de los roles tradicionales, entre los que destaca el papel reproductivo de las mujeres casi como un deber cívico.

El caso de Hungría también es conocido: ha limitado el derecho al aborto de las mujeres con la introducción de medidas como la obligación de escuchar los latidos fetales antes de abortar, y donde la reciente reforma constitucional prohibió la marcha del Orgullo LGTBI, limitando el género a dos opciones (masculino y femenino). A pesar de las diferencias culturales, económicas y sociales de todos estos países que acabo de mencionar, sus actuales dirigentes comparten algo: su misoginia y su hostilidad hacia las mujeres y sus derechos.

Esta hostilidad constituye una potente herramienta política, una herramienta que promueve una visión de suma cero respecto a la igualdad de género e insiste en que cualquier ganancia para las mujeres se produce a expensas de los hombres. Estudios científicos en el campo de la psicología política han mostrado que el enfoque de la escasez es una estrategia muy eficaz para promover el odio y erosionar la empatía, lo que profundiza las divisiones sociales y el enfrentamiento.

Una buena parte de los líderes de la extrema derecha están utilizando esta misma estrategia en sus discursos para convencer, especialmente a los más jóvenes, de que las demandas de igualdad real por parte de las mujeres, articuladas a través de los colectivos feministas, son excesivas e injustas, porque persiguen la consecución de privilegios adicionales para las mujeres. Presentan de este modo a los hombres como víctimas de las políticas de igualdad, enfatizando que las mujeres “exageran” la discriminación o se benefician injustamente de determinadas políticas que promueven la igualdad de género.

La apelación a los valores familiares, la tradición cultural, la identidad nacional o determinadas convicciones religiosas se han convertido en una eficaz estrategia para legitimar el retroceso en la igualdad de género. El patriarcado actúa como un auténtico pegamento ideológico frente a los valores democráticos y a la igualdad formal y real. Por todo ello, hoy más que nunca, el 8M debería servir de puente para unir a la ciudadanía trascendiendo sus diferencias, porque la historia reciente demuestra que los derechos de las mujeres no retroceden de forma aislada: cuando se debilitan, lo hace también la democracia. Defenderlos es un imperativo moral y no una causa sectorial. Se trata, ni más ni menos, de defender el sistema de libertades que en democracia nos debería proteger a todas y a todos.