Trenes y responsabilidad política

Tres semanas después de que se produjeran dos tragedias mortales seguidas, una en la alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y otra en cercanías en Gelida (Barcelona), lo que empezó como dos aparentes fatalidades se ha convertido en una crisis de confianza sin precedentes en el sistema ferroviario español. El AVE sigue sin circular entre Madrid y Andalucía. El servicio de Rodalies en Cataluña sigue funcionando de forma parcial y errática. El público ve que por un lado se traslada que no hay peligro, pero se rebajan las velocidades medias por seguridad; que se señala la fatiga de la infraestructura, pero se defienden los protocolos de mantenimiento. El estupor es generalizado, y la preocupación, legítima.

España ha levantado en tres décadas la segunda red ferroviaria de alta velocidad más larga del mundo —más de 4.000 kilómetros—, que transporta a unos 40 millones de viajeros anuales. Es sostenible y segura, como demuestran sus niveles de siniestralidad. La cuestión que emerge de la actual crisis es si se ha primado en exceso la inversión —ampliar la red— sobre el gasto —su mantenimiento— y si es el momento de cambiar ese paradigma. Es evidente el esfuerzo presupuestario de Transportes en el sostenimiento de la red de alta velocidad —de 721 millones invertidos en 2017 a 1.120 millones el año pasado—. Pero también han crecido la inflación de kilómetros de vía y su uso, en particular tras la liberalización del mercado. Los expertos trasladan que el actual mantenimiento no responde a las necesidades del sistema y el público descubre que este es un debate normal entre profesionales. Cómo abordarlo debe ser más técnico que político. Una de las lecciones es que no se puede aprender a golpe de reacción ante cada crisis.

España ha puesto el ferrocarril en el centro de su estrategia de transporte y lo ha convertido en una de sus apuestas para la transición climática. La alta velocidad ha sido un emblema de país. Precisamente por ello, y aunque ni todo el pasado fue brillante ni todo el presente es catastrófico, no puede acostumbrarse a que los trenes no funcionen ni normalizar situaciones como el bochornoso caos de las cercanías en Cataluña. Si el siniestro de Córdoba ha mostrado la urgencia de actualizar y mejorar los actuales protocolos de seguridad y la revisión de la red, el desastre de Rodalies ejemplifica la necesidad de planes de inversiones creíbles y verificables, sostenidos en el tiempo y desarrollados de forma pactada por todas las administraciones y los técnicos.

En el centro de la polémica está el ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro debe reflexionar sobre por qué tras semanas de explicaciones y comparecencias no se ha recuperado la normalidad ni la confianza. Es cierta la caída de inversión con el anterior Gobierno. Es cierto que el temporal de lluvia está afectando a los trabajos para recuperar el servicio. Pero la responsabilidad política de superar la sensación de inseguridad no deja de ser suya.

A esto se suma la huelga de trabajadores ferroviarios, inédita por su extensión, convocada para lunes, martes y miércoles. Después de tres reuniones entre los sindicatos y los responsables de Transportes, las centrales se quejan de que el Ministerio no ha precisado las cifras de su oferta de más recursos para mantenimiento y personal de seguridad. Es una queja razonable que Puente debe atender en las conversaciones de este fin de semana. Las centrales han aprovechado el momento de mayor sensibilidad social para lanzar la amenaza de huelga, pero sus exigencias de mayor seguridad y calidad en los trenes conectan con la inquietud de los ciudadanos. Nadie como los maquinistas conoce el estado de las infraestructuras ferroviarias. Ha tenido que ser la conmoción de los dos accidentes la que ha hecho que sus denuncias y demandas cobren máxima relevancia.

La magnitud de los problemas y la tranquilidad de los ciudadanos demandan una respuesta política a la misma altura. Una crisis de confianza en una infraestructura troncal como la ferroviaria amenaza con derivar en sensación de desmoronamiento. La respuesta debe ser de Estado. Sánchez tiene la ocasión en su comparecencia en el Congreso el próximo miércoles.