Dependemos de los inmigrantes, sin atrevernos a reconocerlo

Sabemos que España ha pasado de ser tierra de emigrantes a sociedad que atrae la inmigración, aunque no se diga en los discursos institucionales de Navidad, salvo el sketch tan pedagógico de la Nochevieja de José Mota. Según el INE, en 2025 más de 9,8 millones de residentes en España habían nacido fuera y más de siete millones tenían nacionalidad extranjera. No es una población marginal ni coyuntural, sino que es parte del funcionamiento de nuestra sociedad. Necesitamos a estos millones de trabajadores, pero los partidos políticos no lo explican con rotundidad, sin medias tintas. Nos escandalizamos por las medidas antiinmigratorias del insufrible Trump, pero no afrontamos dos problemas de distinta factura: por un lado, la precariedad crónica con riesgo de pobreza para casi la mitad de los inmigrantes, y, por otro, la urgente regularización de quienes viven sin vivir, atrapados en la irregularidad administrativa. Abordar su dignidad como personas constituye una prueba indudable de la calidad democrática de una sociedad.

Las estadísticas oficiales son inequívocas. Sectores claves de la vida social y económica dependen de los inmigrantes. Son personas decisivas para sostener la hostelería, los cuidados domésticos, la agricultura, la construcción, el transporte o los servicios auxiliares. Sin ellos, el modelo turístico sería inviable, la agricultura intensiva colapsaría y el sistema de cuidados quedaría desbordado en una sociedad envejecida.

Ahora bien, según datos del INE, la renta media de los hogares con nacionalidad no comunitaria es un 40% inferior a la de los hogares con nacionalidad española y están en riesgo de pobreza o exclusión social, aplicando el indicador AROPE. En cifras: la renta media por unidad de consumo de los nativos españoles es de 23.233 euros, la del inmigrante extracomunitario, 14.310 euros, porque trabajan en condiciones de vulnerabilidad extrema: contratos informales, salarios bajos, jornadas irregulares y miedo constante a la expulsión. Traducido a personas, son casi tres millones quienes, teniendo “los papeles en regla”, como se dice coloquialmente, viven en la inseguridad y privación económica. Son los pobres de España y esto contradice uno de los pilares del contrato social: que el trabajo sea el camino de integración, dignidad y ciudadanía plena.

Cuando algunas policías, como la catalana, gobernada por los socialistas, detallan el país de origen de los delincuentes, no sobraría desglosar, en contrapartida, los datos de las oficinas de mediación, arbitraje y conciliación para saber qué porcentaje de inmigrantes padecen despidos improcedentes, impagos salariales, nulidades contractuales, etc. De ciertas estadísticas cabe conjeturar que los inmigrantes sufren dos veces más el riesgo de despido y conflicto laboral, y también que reclaman menos por miedo, desconocimiento y barreras socioculturales, sin contar a quienes no disfrutan de la regularización administrativa.

De distinta factura y solución es la existencia de entre 650.000 y 750.000 personas que viven y trabajan sin regularizar su situación administrativa. Son datos cambiantes, según las fuentes, y no son recién llegados: levantan edificios, cuidan mayores, reparten mercancías, limpian hoteles, trabajan los campos... y viven en un limbo jurídico, sin derechos, una anomalía grave en una democracia. No solo es un problema ético, esa carencia de derechos alimenta la economía sumergida, distorsiona la competencia empresarial y deprime los salarios.

Nuestros partidos políticos y también los sindicatos toleran una realidad que no se atreven a legalizar y solucionar. Ha sido una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Fundación para la Ciudadanía Global, firmada en primer lugar por Augustin Ndour Ndong y arropada por otras organizaciones sociales, católicas las más importantes, la que obligó al Congreso de los diputados a considerar la urgencia de una regularización. La cronología de su tramitación contrasta con la extraordinaria rapidez usada para aprobar numerosos decretos-ley, más de cien en los últimos cuatro años.

Dicha iniciativa llegó al Congreso en agosto de 2023, se trasladó a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión y Migraciones, donde se debatió ampliamente y no se tomó en consideración por el Pleno del Congreso hasta abril de 2024. Estuvo madurando siete meses y se aprobó solo debatirla, por 310 votos a favor y 33 en contra (los de Vox), pasando así a una lenta fase de enmiendas, ampliaciones de plazo y negociaciones que, en la práctica, equivale a su congelación política. Al año, en abril de 2025, se produjo un aumento de presión por parte de los obispos y del llamado Tercer Sector (ONG y asociaciones dedicadas al bienestar social), pero resultó infructuosa.

Pese a tan importante respaldo social y político, la iniciativa ha estado estancada dos años en el Congreso y, al fin, este 27 de enero, el Gobierno ha decidido aprobar la regularización por vía de urgencia. Sin entrar en detalles y matices de las enmiendas y propuestas a dicha iniciativa popular, en tan prolijo proceso ha quedado claro que la extrema derecha ha condicionado el debate. No gobierna, pero influye con un efecto perverso: cuanto más se evita el tema, más se consolida la idea de que reconocer derechos es una debilidad ¿Por qué? La respuesta no está en los datos, ni en la legalidad, ni en la experiencia histórica. Está en la falta de convicción democrática y en miedo a perder votos, aunque el beneficio social sea evidente, quizás porque se prioriza conservar un determinado electorado por encima de los derechos de quienes, para colmo, no pueden votar.

Regularizar la carencia de derechos de cientos de miles de personas que ya trabajan y forman parte del tejido social español no implica abrir fronteras, sencillamente se soluciona una injusticia conscientemente prolongada. Porque gobernar democráticamente exige solucionar la realidad, no negarla o esquivarla. Quizás la actual política de aplazamientos y miedos se base en un gran malentendido, que regularizar premia la irregularidad. La evidencia demuestra lo contrario. La irregularidad no disuade la inmigración, la precariza. La regularización no genera flujos automáticos, genera orden institucional.

Regularizar significa normalizar, esto es, reforzar la cohesión social al garantizar unos derechos laborales básicos. España ya ha regularizado en el pasado, en contextos económicos y políticos mucho más frágiles que el actual. Ni se hundió el mercado laboral ni colapsaron los servicios públicos. Además, una democracia que acepta que una parte significativa de quienes trabajan viva sin derechos es una democracia incompleta.