El líder de los obispos españoles, sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: “Se reconoce así su dignidad”

Hasta hace unas semanas, en los pasillos eclesiales se comenzaba a mascar una posible derrota. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la regularización de más de medio millón de inmigrantes que tanto había impulsado la Iglesia llevaba año y medio bloqueada por falta de acuerdo de los grupos parlamentarios y todo apuntaba a que podía seguir así mucho tiempo más. A pesar de las exhortaciones públicas de los obispos para que la iniciativa se hiciera realidad, el PP (esencial para que saliera adelante) había cerrado filas con un discurso antiinmigración. Este lunes, de imprevisto, la buena nueva llegó a los muros de la Iglesia cuando Podemos anunció que había acordado con el Gobierno que este tramitase a través de un real decreto una regularización extraordinaria. “Es una buena noticia para facilitar la aportación al bien común de muchos inmigrantes que ya estaban trabajando, participando en la escuela, la sanidad y servicios sociales y, a veces, malviviendo entre nosotros. Se reconoce así su dignidad”, ha valorado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, a EL PAÍS en la mañana de este martes.

Fue una llamada en abril de 2024 de Argüello, por entonces secretario general de la CEE, al portavoz del grupo parlamentario del PP, Miguel Tellado, lo que provocó que el partido se retractase y finalmente accediese a tomar en consideración en el Congreso la ILP (impulsada por un millar de asociaciones y 700.000 firmas). Durante este último año y medio, el arzobispo, ante la negativa del PP y del PSOE de poner en marcha la regularización extraordinaria, envió varias cartas a los grupos parlamentarios donde la Iglesia se ofrecía de puente para llegar a un acuerdo. Pero finalmente, la regularización no llega por la vía de la ILP, sino por real decreto. De cualquier forma, Argüello señala que este paso del Ejecutivo llega después de un gran consenso social, de ese millar de asociaciones que impulsaron la ILP: “También es importante, para la salud de nuestra convivencia democrática, el trabajo compartido de muchas personas y organizaciones en favor de un objetivo común”.

Aunque de momento se desconoce el contenido íntegro del documento que previsiblemente este martes presentará el Ejecutivo después del Consejo de Ministros, tanto Podemos como el Gobierno han confirmado varias de sus claves. La más importante: beneficiará a las personas en situación irregular y solicitantes de asilo que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025. Además de la acreditación de haber vivido en el país desde antes del próximo mayo, el solicitante deberá carecer de antecedentes penales relevantes.

El líder de los obispos españoles también recuerda que “sigue habiendo desafíos de integración que afectan al quehacer cotidiano de nuestra vida social”, una cuestión en la que la Iglesia trabaja desde hace años a través de su pastoral de migraciones. Los grupos eclesiales cuentan con 132 centros específicos donde el año pasado se beneficiaron 120.137 personas migrantes, según datos oficiales de la CEE. Argüello ha añadido que también están sobre la mesa criterios comunes en la Unión Europea sobre la inmigración “para abordar unos de los grandes asuntos del mundo actual”.

Fernando Redondo, director del Departamento de Migraciones de la CEE y que durante años ha sido uno de los rompehielos de la Iglesia para que los grupos políticos llegasen a un acuerdo, ve la iniciativa del Gobierno “totalmente positiva” e insiste en que este real decreto “hará posible que unas 500.000 personas que ya están en nuestro país trabajando y aportando riqueza lo puedan hacer de forma regular con todos sus derechos reconocidos”.

De forma oficial, la CEE ha colgado en su web un comunicado que firma junto a Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Cáritas en el que “consideran esta medida como un acto de justicia social” y un “complemento imprescindible” al actual Reglamento de Extranjería porque ofrece una “respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias”.

El discurso del jefe de los obispos españoles cuadra con el de Jorge Serrano, coordinador de la ILP y ex coordinador general del partido Por Un Mundo Más Justo. “Celebramos la noticia, pero es importante recordar que la regularización no es el producto de un acuerdo político, sino de una lucha que comenzó con la ILP, impulsada por más de mil organizaciones de un gran espectro ideológico”, contó este lunes Serrano a EL PAÍS poco después de conocer el anuncio. De carrerilla, el coordinador citó una decena de esas asociaciones con pensamientos y posiciones políticas opuestas: “Comunistas, agrupaciones empresariales, anarquistas, la Conferencia Episcopal, asociaciones de prostitutas... todos unidos por esta causa”.

Serrano insiste en que la ILP, aún en el Congreso, no está muerta. Es decir, que en el futuro se puede poner en marcha para otra regularización dentro de unos años o si el anuncio del Gobierno se cae. “Es importante recordar que la Comisión de Inmigración tiene la capacidad de aprobarla y tampoco sería necesario que pasase por el Congreso, iría al Senado”, dice.

La regularización que presentará este martes el Gobierno no necesita pasar por el Congreso para su convalidación, donde sería muy difícil conseguir la mayoría por la posición marcada por el PP y Vox. De hecho, tras conocerse la noticia, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de utilizar esta noticia para “desviar la atención” del accidente ferroviario de Adamuz y el presidente de Vox, Santiago Abascal, de querer “sustituir al pueblo español”.