González, Aznar y Zapatero: las anteriores regularizaciones extraordinarias de migrantes

El Gobierno (formado por el PSOE y Sumar) ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros dará el primer paso para un proceso extraordinario de regularización de migrantes, tras cerrar un acuerdo con Podemos. Esta iniciativa, que ha avanzado el partido encabezado por Ione Belarra, prevé articularse a través de un Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y que no requerirá su ratificación en el Congreso, según indican fuentes de las negociaciones. De salir adelante este proyecto, el socialista Pedro Sánchez será el cuarto presidente que activa una regularización extraordinaria desde la reinstauración de la democracia hace casi 50 años, tras Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

De momento, muy pocos detalles han trascendido del nuevo plan. Fuentes de Podemos aseguran que medio millón de personas se verán beneficiadas; y aseguran que, para poder acogerse a esta medida, tendrán que acreditar haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales “relevantes” y llevar en el país al menos cinco meses desde el momento de la solicitud. Fuentes del Gobierno confirman estos extremos. Aunque habrá que ver cómo se plasma finalmente en un texto y qué efectos tiene en la práctica. Así ocurrió en las anteriores ocasiones:

1986: primera regularización

En 1986, cuatro años después de llegar a La Moncloa, el Gobierno de Felipe González (PSOE) impulsó la primera regularización extraordinaria. La iniciativa salió adelante tras aprobarse la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, publicada en el BOE en julio de 1985. Esta norma contemplaba (a través de una “disposición transitoria”) que todos los extranjeros que se encontrasen en España “insuficientemente documentados”, a fecha de la entrada en vigor de la Ley, podían regularizar su situación siempre y cuando no hubiesen incurrido en algunas causas de expulsión: como “estar implicado en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”; “haber sido condenado por una conducta dolosa sancionada con pena privativa de libertad superior a un año”; “carecer de medios lícitos de vida”; o “ejercer la mendicidad”.

En dicha Ley se preveía que los beneficiarios tenían que presentar la documentación requerida en un periodo de tres meses, aunque ese plazo se amplió posteriormente. A través de este proceso se regularizó a casi 40.000 extranjeros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Más de 100.000 regularizados entre 1991 y 1992

El Gobierno de González puso en marcha un segundo proceso extraordinario en 1991. El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para regularizar a los extranjeros que estaban empleados en España de forma irregular —lo que les permitía obtener permiso de trabajo y de residencia legales—. Además de demostrar la estancia en España, se fijó como criterio, por ejemplo, “haber realizado en España una actividad lucrativa continuada”, contar con una oferta “regular y estable” de empleo, o tener un “proyecto permanente y viable de actividad por cuenta propia”.

También se previó que, una vez recibida su documentación, los regularizados pudiesen solicitar el permiso de residencia para algunos de sus familiares que se encontrasen en España de forma irregular. En total, entre 1991 y 1992, obtuvieron sus papeles más de 100.000 personas, según las cifras manejadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los procesos de Aznar

Apenas aterrizado en el Ejecutivo, José María Aznar (PP) impulsó su primera regularización. Fue en 1996 y se beneficiaron unas 21.000 personas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una disposición adicional de un Real Decreto establecía como requisitos que, para poder acogerse a ella, los extranjeros debían encontrarse en España antes del 1 de enero de 1996 y “haber sido titular de un permiso de trabajo o residencia” —también pudieron acogerse algunos familiares de los regularizados—.

El Gobierno de Aznar aprobó otras regularizaciones extraordinarias en 2000 y 2001, a las que se acogieron más de medio millón de extranjeros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La última regularización: de Zapatero en 2005

Menos de un año después de llegar a La Moncloa en marzo de 2004, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó un Real Decreto (publicado en el BOE en 2005) que daba luz verde a una nueva regularización, de la que se beneficiaron más de 570.000 personas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A esta iniciativa se bautizó como “proceso de normalización”, según rezaba una disposición transitoria del texto, que establecía un plazo de tres meses para que los empresarios pudiesen solicitar una autorización de residencia y trabajo para aquellos extranjeros que llevasen seis meses empadronados a la entrada en vigor de la norma. Además, el empleador debía “firmar con el trabajador un contrato de trabajo, cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada”.

Años de pelea para esta nueva regularización

La regularización anunciada por Podemos este lunes llega tras una importante batalla dada por distintos sectores de la izquierda y de la comunidad migrante. En 2024, el Congreso admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero llevaba más de año y medio bloqueada por la falta de acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios. De hecho, Sumar reclamó el pasado octubre al PSOE que impulsase esa regularización antes de que acabase el mes, pero ese pulso cayó en saco roto. Ha sido finalmente Podemos —que mantiene una fuerte pugna con el movimiento político liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz— quien ha arrancado esta victoria.