La nueva financiación autonómica

La propuesta de financiación recién presentada tiene un incierto futuro. No está claro su recorrido legal, ni la disposición de las partes a aceptar cambios que acaben desnaturalizando lo pactado. Pese a los reproches de unos y otros, la propuesta presentada que se conoce no supone un nuevo sistema de financiación. No es singular para Cataluña. No sale ésta del régimen común. No es el fiel reflejo del acuerdo de investidura del presidente Illa. No es un pacto con concierto solidario. No se compromete con la deseada ordinalidad. No es tampoco la propuesta por la que trabajó durante casi un año la comisión catalana de reforma de la financiación que impulsó la Generalitat de Cataluña. No es un modelo basado en las capacidades fiscales de cada Comunidad. No incorpora responsabilidad fiscal efectiva en ingresos, migrando del modelo garantista de estimación de necesidades de gasto. No es cierto que salde los déficits de las balanzas fiscales y salga gratis a las comunidades ricas ya que tarde o temprano deberán pagar con impuestos los déficits públicos adicionales que genere.

La propuesta sí es algo más simple que el sistema vigente. Agiliza la tesorería de las comunidades. Premia la recaudación fiscal en la fase minorista del IVA. Aunque los resultados se acaban leyendo según ganancias relativas y no absolutas, se trata de un modelo que sobre la base de poner más financiación sí permite declarar que todas las comunidades ganan. Es quizás el único acuerdo posible a la vista de la actual correlación de fuerzas estatales. Es una propuesta de ahora o nunca, ya que a futuro es poco probable que sobre liquidez a las arcas del Estado, finalizados los fondos europeos y las recaudaciones tributarias extraordinarias actuales. Es un sistema apoyable por los sectores económicos que quieren cerrar la ventana, visto el frío polar que abrió el proceso catalán, para poder volver al business as usual.

Visto lo que es y no es, digo lo que me gustaría fuese. Hubiera esperado un modelo que acogiera, a elección de las comunidades, dos sistemas de encaje de las diferentes realidades políticas observadas. Una versión más basada en las capacidades fiscales y autonomía financiera, no sólo en gasto, a costa de más responsabilidad fiscal y riesgo financiero. Que conviviera aquella con la versión más garantista, basada en la estimación de necesidades fiscales, al estilo de la vigente actual, mejorada. Que se ajustase a la realidad reconocida constitucionalmente (“nacionalidades y regiones”, comunidades de vía rápida y de vía lenta, del artículo 151 y 143). Que acogiera las preferencias de aquellos ciudadanos que declaran persistentemente que con la descentralización actual les basta y les sobra, respecto de aquellos que la juzgan insuficiente, y que aspiran a una convivencia en libertad, federal, pactada, a cambio de compartir ingresos y ser solidarios. Que así aceptan compartir un mismo Estado en el que nadie haga trampas: ni dumping fiscal, ni reclamar recursos “necesarios” bajando después impuestos, ni estimación discrecional de transferencias, ni comunidades que se aprovechan de sus derechos históricos para escaquear así sus contribuciones fiscales solidarias. Este doble sistema lo propuse en la comisión de reforma de la financiación autonómica en la que participé como experto balear, valorado y publicado como voto particular.