Montero anuncia que el nuevo sistema de financiación será voluntario

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que las comunidades podrán decidir de forma voluntaria si se acogen al nuevo modelo de financiación autonómica o se quedan con el actual. Así lo ha comunicado la también vicepresidenta primera del Gobierno a los consejeros autonómicos de la rama, con los cuales se ha reunido este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para trasladarles la propuesta de reforma del sistema que presentó la semana pasada a los medios de comunicación tras acordarla con ERC.

La posibilidad de mantener el esquema vigente no supone una novedad, pues está contemplada en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, que se remonta a 2009. Montero ha anunciado que, después de este CPFF, el órgano donde se reúnen el Ministerio de Hacienda y los consejeros del ramo para debatir temas de finanzas autonómicas —y donde hoy no se vota la propuesta, puesto que es un encuentro informativo—, arrancarán las conversaciones bilaterales con cada uno de los territorios. Más adelante se celebrará un nuevo CPFF para votar la propuesta, que tendrá que tramitarse como ley orgánica en el Congreso. La intención del Gobierno es que esté lista este año para que entre en funcionamiento en 2027, aunque es consciente de que será complicado reunir los apoyos necesarios en el Parlamento para que reciba luz verde.

Desde que se anunció la reforma, que fue adelantada por el líder de ERC Oriol Junqueras, las críticas por parte de la oposición y de los barones regionales se han sucedido en cascada. Los representantes autonómicos llegaron más que molestos a la cita de este jueves, lamentando que el acuerdo se ha diseñado tras una negociación bilateral con solo una comunidad, Cataluña, que además sale particularmente privilegiada con el nuevo esquema. No solo los territorios gobernados por el PP, que son la mayoría (11 de las 15 comunidades de régimen común), han mostrado su rechazo; también Castilla-La Mancha y Asturias, lideradas por los socialistas, han manifestado su inconformidad con la propuesta.

”No nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente. Tampoco los platos precocinados. Lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación con todas las comunidades autónomas", ha dicho Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias, a su llegada al CPFF. Por su parte, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha definido la propuesta de Montero como “un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios”.

La reforma que propone el Gobierno supone una evolución del sistema vigente y se aleja del concierto económico al estilo vasco y navarro que en un primer momento exigieron los independentistas catalanes. Hacienda plantea inyectar unos 21.000 millones de recursos adicionales a las comunidades con el nuevo marco. El grueso de ello, 16.000 millones, se conseguirían elevando el porcentaje de cesión a las autonomías del IRPF y del IVA del 50% actual al 55% y al 56,5%, respectivamente, y el resto sería el resultado de aumentar la aportación que hace el Estado a la caja común del sistema. Eso significa que, de no acogerse voluntariamente al nuevo modelo de financiación, las comunidades renunciarían los recursos extra prometidos.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el ministerio, todas las comunidades engordarían el volumen de los recursos a su disposición procedentes del sistema, con la excepción de Cantabria y Extremadura, que sin embargo serían compensadas (garantizando el llamado statu quo) para que no pierdan ingresos con respecto al marco actual. Cataluña sería la segunda comunidad que más vería incrementar sus recursos en términos absolutos, con unos 4.700 millones adicionales, solo por detrás de Andalucía —donde Montero se presentará para el PSOE a las elecciones autonómicas—, y saldría particularmente beneficiada por los nuevos los ajustes al reparto inicial que Hacienda plantea introducir: un fondo climático que se destinaría principalmente a los territorios mediterráneos y la posibilidad de aumentar el porcentaje de cesión de IVA.

Cataluña también se garantizaría la ordinalidad, es decir que en el nuevo modelo tendrá la misma posición en el ránking de las comunidades que más aportan y que más reciben (antes era la tercera que más aportaba a la caja común, pero recibía recursos en la media), un criterio que suponía una prioridad innegociable por ERC, pero que ha motivado el rechazo frontal de las demás autonomías: denuncian que no se cumplirá para otros territorios y que choca con el principio de solidaridad que rige el sistema. “La ordinalidad es incompatible con la igualdad”, zanjó el consejero castellanomanchego antes de la reunión.