El PP defiende una financiación autonómica con “equilibrios para que el que más aporta no quede por debajo”

Los 14 consejeros de Hacienda del PP se ven este miércoles las caras con ministra del ramo, María Jesús Montero, en una mesa multilateral y con las posiciones totalmente enfrentadas aunque por ahora los populares aseguran que no se van a levantar de la silla, como ocurrió hace casi un año cuando plantaron a la vicepresidenta primera en la votación de la quita de la deuda. En esta ocasión, argumentan, la reunión es meramente informativa. Montero ha convocado a los ejecutivos territoriales al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para exponerles su propuesta de sistema de financiación autonómica, presentada a los medios hace seis días, después de alcanzar un pacto con ERC y que implicaría, si se aprueba, destinar recursos adicionales de 21.000 millones para las comunidades en 2027.

La ministra de Hacienda aseguró que el principio de ordinalidad se cumplirá “para Cataluña, pero no en la totalidad del sistema”, lo que ha provocado el rechazo en bloque del Partido Popular. También de otras terminales territoriales del PSOE: Castilla-La Mancha y Extremadura. En el PP, Génova arremete contra la iniciativa porque considera que se da trato de favor a la Generalitat catalana. Y trabaja en un documento alternativo, que previsiblemente verá la luz el próximo domingo en Zaragoza, donde Alberto Núñez Feijóo reúne nuevamente a sus presidentes autonómicos. Esta vez, en la antesala de las elecciones aragonesas. Eso sí, el equipo económico del líder del PP asume el principio de ordinalidad en su modelo. Aunque con un “equilibrio” distinto al promovido por La Moncloa.

“[Hace falta un] equilibrio para que el que más aporta no quede por debajo”, aseguran en esa línea fuentes de la dirección del Partido Popular. La ordinalidad implica que si una comunidad es la que más aporta al sistema, debería ocupar la misma posición en cuanto a recursos recibidos. Cataluña, aportadora neta junto a Madrid y Baleares, recibía una financiación por habitante en torno a la media. Ahora se ha garantizado que, al menos en el arranque del nuevo esquema, sea la tercera autonomía que más aporte y también la tercera que más reciba, pero esta correspondencia no se aplicará a las demás.

Feijóo y sus barones cargaron la semana pasada sin cortapisas contra esa ordinalidad al sostener que se da un agravio de sus comunidades frente a Cataluña. En paralelo, el PP anunció el sábado que, si Feijóo es investido presidente del Gobierno tras las elecciones generales previstas para 2027, su equipo aprobará un modelo de financiación autonómica distinto al de Montero y en menos de un año desde que llegase a La Moncloa. Sin embargo, fuentes de Génova aceptan que la ordinalidad tiene que condicionar también su modelo, pero con una ponderación distinta a la deslizada por Montero. “Hay criterios que se aplican a unos y a otros, no”, critican en la ejecutiva popular sobre la propuesta de la ministra socialista. Y reclaman más información. “¿De verdad van a votar sus diputados en el Congreso liquidar el principio de igualdad y de solidaridad?”, se preguntó este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto en Palencia.

La reunión del CPFF de este miércoles tiene ese carácter informativo, pues no se votará ningún documento. Pero los populares acuden ya su oposición de antemano. “Cada día conocemos detalles que no nos gustan”, señaló este martes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. “Rompe la igualdad y perjudica especialmente a Galicia”, sostuvo el conselleiro de Hacienda de la Xunta, Miguel Corgos. Desde la Comunidad Valenciana, la más infrafinanciada y también del PP, no son tan tajantes. “La cifra no pinta mal, pero necesitamos saber mucho más, lo que llamaríamos la letra pequeña”, aseguró el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, este lunes.

En septiembre de 2024, los barones presentaron en Madrid un esbozo de su pretendido modelo de financiación, que se limitó a una declaración de “principios” de “solidaridad” e “igualdad” como respuesta a las concesiones del Gobierno a Esquerra, que ese verano había pactado la investidura de Salvador Illa en Cataluña.

Distintas demandas

El problema de Génova es que, en ese modelo que asegura tener preparado, tiene que aunar las demandas de sus 11 presidentes autonómicos, con reclamaciones distintas según los territorios. De hecho, la Comunidad de Madrid y Baleares ya se habían mostrado proclives a que se aplicase la ordinalidad. Fuentes de la dirección apuntan a que resolverán ese obstáculo cubriendo en torno al 85% de las peticiones de cada barón.

“Claro que vamos a discutir entre comunidades autónomas porque cada una tenemos nuestras necesidades, nuestras realidades, nuestros puntos de vista, nuestras prioridades. Y si me permitís, incluso, nuestros pequeños y legítimos egoísmos entre comillas”, reconoció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el domingo en A Coruña en un acto junto a Feijóo. “Pero hay algo que nos une (...), el interés común de la unidad, de la solidaridad y de la igualdad de todos los territorios está por encima de los egoísmos y de los chantajes”, añadió.