Alquiler: emergencia nacional

Hace exactamente un año desde que el CIS identificó, en el Barómetro de diciembre de 2024, la vivienda como el asunto que más preocupa a los españoles. En octubre del año anterior ocupaba el puesto número 13. La ansiedad que revela este dato coincide con una escalada de precios tanto de compra como de alquiler que ha convertido la crisis de la vivienda en un problema social de primer orden que no ha encontrado una respuesta acorde en la política.

El de la vivienda asequible es un problema que se ha venido larvando en la última década y ha acabado por explotar. Desde 2016, los salarios han crecido en España alrededor de un 24%, mientras que los arrendamientos que se anuncian en los portales inmobiliarios lo han hecho, de media, un 92%. En esas condiciones acceder hoy a una vivienda digna es imposible para una parte muy importante de la población que no puede o no quiere comprar. Lo que antes era una opción habitacional interesante y financieramente sensata en muchas circunstancias de la vida, ya no lo es. No estamos ante una mala racha del mercado, sino ante una ruptura estructural entre vivienda y oportunidades vitales, de trabajo o de educación.

Los expertos sostienen que las dificultades de acceso a la vivienda no son solo un problema de precios altos, sino de sueldos bajos. Esa es una parte del diagnóstico, pero no la única. Al déficit original de oferta de viviendas se ha sumado un aumento de la población en tres millones de personas en la última década, según datos del INE, cambios en las estructuras familiares y un bum del alquiler vacacional y de corta estancia que sustituye a la oferta residencial. El alquiler se ha convertido, así, en la variable de ajuste de todas las tensiones del sistema.

La Comisión Europea ha lanzado esta semana un plan comunitario de vivienda asequible, aunque las competencias sobre vivienda en países como España están descentralizadas. Cataluña se ha adelantado a la Comisión y ha aprobado una ley que busca atajar el problema de los arrendamientos de temporada que no tienen carácter vacacional o de ocio. Estos alquileres, a los que suelen recurrir estudiantes, profesionales desplazados o trabajadores extranjeros, estarán sujetos a las limitaciones de precios que recoge la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar los abusos. El alquiler de temporada ha sido utilizado de forma generalizada como un atajo para eludir la regulación del alquiler habitual. Contratos formalmente temporales —pero en realidad residenciales— han proliferado en zonas tensionadas, expulsando a vecinos y encareciendo aún más el acceso a la vivienda. La nueva norma cambia el foco desde la duración del contrato hacia su causa, lo que protege a los inquilinos y refuerza la coherencia del sistema de contención de precios. Al tiempo, establece una clara diferencia entre la vivienda residencial y la actividad turística, que queda fuera de esta regulación.

La iniciativa de la mayoría progresista del Parlament es un avance concreto entre la larga batería de medidas anunciadas por las autoridades a distintos niveles para dar respuesta a la crisis habitacional, con limitado impacto hasta el momento. Quizás porque las causas son múltiples, las competencias están muy descentralizadas y porque son pocas las administraciones que apuestan por medidas cuyos réditos tarden en percibirse más allá del ciclo electoral. Hay que romper ese círculo vicioso definitivamente. El mercado de la vivienda de mañana será lo que empecemos a construir y regular ahora.