El hijo de Obiang da un nuevo plantón al juez Pedraz y elude declarar por terrorismo, secuestro y torturas

Los tres principales responsables de la seguridad de Guinea Ecuatorial investigados por delitos de terrorismo, secuestro y torturas han dado un nuevo plantón al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que los había citado a declarar por videoconferencia, según señalan a EL PAÍS fuentes de la investigación.

Esta es la segunda vez que Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang Nguema, presidente de la antigua colonia española, y los dos altos cargos imputados burlan al magistrado y se niegan a declarar por el secuestro de cuatro opositores en exilio residentes en España. De cualquier forma, su declaración prevista para mañana jueves no se habría podido llevar a cabo porque esta tarde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó el recurso de los querellantes y revocó la decisión del magistrado de citarles por videoconferencia.

Obiang: así aniquila a la oposición

El auto de la sala señala que tomar declaración a los querellados por videoconferencia “no tiene los efectos de ponerlos a disposición de la justicia española” por el delito por el que el Tribunal Supremo confirmó la jurisdicción española en este caso. Asimismo, destaca que siguen vigentes tanto la decisión de prisión provisional como las órdenes de búsqueda y captura. Por tanto, recoge el auto, “una vez que los querellados se encuentren a disposición efectiva de la jurisdicción española mediante la ejecución de las órdenes internacionales de detención, podrá procederse a la toma de declaración de forma presencial”.

Javier Gómez Bermúdez, letrado de los investigados, había logrado que el magistrado diera una segunda oportunidad de comparecer al hijo del dictador, al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Ondo, los tres en búsqueda y captura internacional. El letrado pidió que la declaración se produjera por videoconferencia en la Embajada de España, en el consulado español en Malabo o en la sede de los juzgados de esa ciudad. Pero ni allí ni en ningún otro lugar comparecerán hoy ninguno de los investigados.

El pasado lunes Teodorín Nguema Obiang, vicepresidente, hijo del autócrata y hermanastro del principal investigado, eliminó todas las dudas sobre la supuesta comparecencia de los miembros de la cúpula de seguridad de su país ante un juez español. Un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) fue rotundo: “Guinea Ecuatorial se mantiene firme en su posición de reafirmar que ningún miembro de su Gobierno pasará ante la justicia española, como se está rumoreando… Los miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial disponen de un aforamiento que les protege frente a los procesos penales de este tipo”.

El mensaje del vicepresidente ha tenido consecuencias inmediatas. El pasado martes, el abogado de los investigados comunicó a Pedraz que sus clientes no comparecerían y pidió la suspensión de la declaración prevista para hoy. Bermúdez no menciona en su escrito las órdenes dadas por el vicepresidente guineano y justifica su marcha atrás criticando la reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados de Aitor Martínez, el abogado de las familias de los secuestrados, en un encuentro sobre derechos humanos en Guinea Ecuatorial organizado por el grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Sorpresa y estrategia

El abortado intento de la defensa de los investigados de comparecer ante el juez, paralizado también por la Sala de lo penal, causó sorpresa en medios de la oposición al autócrata. El Gobierno de Guinea Ecuatorial siempre había manifestado su oposición a no reconocer a la Justicia española. El 27 de marzo de 2023, el día anterior a que fueran citados por primera vez a declarar por videoconferencia, el ejecutivo guineano remitió una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores español en la que aseguraba que no reconocía la competencia de los tribunales españoles para juzgar a miembros de su Gobierno “por lo que no autoriza su comparecencia”. A la nota verbal siguieron, también, manifiestos en su cuenta de X de Teodorín Nguema Obiang, en los que recomendaba a los miembros de su Gobierno que evitaran viajar a España “para no ser humillados”.

La frustrada petición de declarar, pese a las reiteradas advertencias del vicepresidente de que nunca lo harían, se interpreta en medios jurídicos como un intento del letrado Bermúdez de facilitar al juez Pedraz el archivo de la causa. Una investigación judicial solo puede archivarse si se cumple con el procedimiento de la declaración de los investigados y el magistrado instructor ha dado múltiples muestras de querer dar carpetazo al caso o de ceder la jurisdicción a Guinea Ecuatorial. Intentos evitados durante cuatro años de instrucción por el fiscal Vicente González Mota, por el abogado de los querellantes, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha atendido a todos los recursos de ambos, el último ayer, y por una reciente resolución del Tribunal Supremo.

En busca y captura

Ovono Obiang, con residencia en España, Nicolás Obama Nchama y Isaac Nguema Ondo están en búsqueda y captura internacional precisamente desde que se negaran a declarar ante el magistrado hace casi tres años. La Audiencia Nacional los investiga por el secuestro y torturas en 2019 en Yuba (Sudán del Sur) de cuatro opositores ecuatoguineanos en el exilio: Julio Obama, Feliciano Efa, Martín Obiang y Bienvenido Ndong. Todos residían en España y dos tienen doble nacionalidad. Mediante engaños fueron trasladados en el avión presidencial a Bata, juzgados y condenados por un supuesto golpe de Estado. Obama, de 61 años, falleció en la cárcel víctima de las torturas. El Parlamento Europeo, por unanimidad, pidió la deportación de su cadáver y suscribió una declaración contra el Gobierno de Teodoro Obiang. Tres años después de su muerte se ignora donde se encuentra su cuerpo.

La muerte de Obama tuvo lugar en enero de 2023, días después de que el juez Pedraz renunciara a detener al hijo de Obiang y principal investigado cuando se encontraba rodeado por agentes de la Policía en un céntrico hotel de Madrid. El instructor ordenó a los agentes que le entregaran la querella y los cargos que pesaban contra él. Semanas antes había pedido al mismo operativo policial que lo detuvieran, requisaran su teléfono móvil y lo pusieran a disposición judicial. En sus autos y providencias el magistrado nunca ha explicado este cambio de criterio.

Un testigo presencial, preso en la misma cárcel guineana, ha declarado en la causa que tras el apresurado regreso a Guinea Ecuatorial del hijo de Obiang y conociendo los delitos por los que se le investigaba, los cuatro opositores fueron de nuevo torturados.

Carmelo Ovono huyó de España esa misma madrugada y jamás ha regresado pese a tener residencia en España, estar casado con una española, tener propiedades y sociedades en Marbella y cuentas millonarias en el BBVA.