El Supremo rechaza ceder a Guinea Ecuatorial el caso por secuestro y torturas contra el hijo de Obiang

El Tribunal Supremo ha rechazado el último intento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de cerrar la causa por terrorismo, secuestro y torturas contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y otros altos cargos del régimen y ceder la investigación a las autoridades de la antigua colonia española, que se habían declarado competentes para llevarla a cabo. La causa tiene que ver con el secuestro en Sudán del Sur de cuatro opositores al régimen de Obiang, entre ellos dos de nacionalidad española, Julio Obama y Feliciano Efa, y su traslado forzoso en el avión presidencial a Guinea Ecuatorial en el año 2019.

La Sala de lo Penal del Supremo destaca “la falta absoluta de cooperación por parte de Guinea Ecuatorial en el marco de la causa, situación de desaparición forzosa de los españoles, negativa a repatriar el cadáver de Julio Obama (uno de los secuestrados) y denegación de la mínima asistencia o visita consular”.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, añade que esta actitud de las autoridades de Malabo “denota claramente que la jurisdicción ecuatoguineana no es válida para tutelar los derechos de las víctimas, buscando exclusivamente garantizar la impunidad de sus autoridades”. Y destaca que días después de que el juez Pedraz alzara el secreto de las actuaciones, Obama, de 61 años, murió en circunstancias no aclaradas. El Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados denunciaron una previsible muerte por torturas.

Los magistrados del Supremo argumentan que, aunque el secuestro de los opositores se produjo en Sudán del Sur, los preparativos fueron en España porque fue en Madrid donde fueron engañados para viajar a Yuba desde donde se les condujo a Guinea Ecuatorial en el avión presidencial. Además de Julio Obama y Feliciano Efa, también fueron secuestrados los ciudadanos ecuatoguineanos residentes en Madrid Martín Obiang y Bienvenido Ndong. Asimismo, las víctimas fueron objeto de seguimientos y filmaciones por parte de varios detectives contratados supuestamente por las autoridades de Guinea Ecuatorial.

Varapalos al juez instructor

Después de recibir numerosos varapalos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Pedraz se había dirigido al Tribunal Supremo en una exposición razonada solicitando que valorara si la antigua colonia española “está dispuesta a llevar a cabo” una supuesta investigación que afirma haber iniciado por los mismos hechos. La decisión del Supremo que rechaza esta posibilidad está firmada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena y Pablo Llarena.

La justicia del país africano reclamó la cesión de jurisdicción del caso como una salida para salvar al hijo del dictador y a dos altos cargos de su Gobierno implicados. Esta argucia ya la intentó el dictador africano en Francia para salvar de un juicio por blanqueo de capitales a Teodorín Obiang Nguema, vicepresidente y otro de sus hijos. La justicia francesa lo denegó de plano.

Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior, Nicolás Obama Nchama, ministro del Interior, e Issac Nguema Ondo, director general de Seguridad Presidencial, están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional por el secuestro y torturas de los cuatro opositores.

La Sala de lo Penal de la Audiencia había obligado a Pedraz a continuar la investigación del caso, a pedir a Interpol órdenes de búsqueda y captura contra los tres investigados y a dictar su procesamiento. Rechazó también sus intentos de ceder el caso a la justicia guineana, cuyo máximo representante es el presidente Teodoro Obiang, padre del principal investigado.

El pasado enero, el magistrado, acordó la cesión del caso a Guinea Ecuatorial, decisión que fue revocada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que atendió a los recursos presentados por Aitor Martínez, abogado de las víctimas, y por el fiscal Vicente González Mota. El juez transformó las diligencias previas en sumario sin procesamiento y la Sección Tercera de Enjuiciamiento de la citada Sala le revocó la conclusión del sumario y obligó a continuar diligencias pendientes que él mismo había acordado.

En su exposición razonada al Supremo para entregar la causa a las autoridades de Malabo, el juez el artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y enumeró los supuestos en los que estos delitos no serán perseguibles en España. Pero, a juicio de la representación de los querellantes, omitió al Tribunal Supremo datos relevantes. Entre otros, que la causa cuenta con conexiones territoriales en su iter criminis (el proceso de desarrollo del delito), que los investigados se encontraban en España durante la comisión del hecho punible y la notificación de la acción penal. Tampoco señaló en su escrito que el principal investigado es uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang. Estos son precisamente algunos de los argumentos en que se apoya ahora el Supremo para no ceder la jurisdicción.

El hijo de Obiang recibió la querella en diciembre de 2022 de manos de los policías que le investigaban. Se encontraba en la habitación de un hotel de Madrid donde descansaba. Semanas antes, el juez había ordenado a los agentes que lo detuvieran cuando llegara a España, que se le requisaran todos sus medios electrónicos y trasladara al Juzgado. Pedraz nunca ha aclarado su cambio de opinión, un giro inesperado en la investigación que provocó la inmediata fuga de Carmelo Ovono Obiang. Desde entonces, no ha pisado España.

Entre los testimonios que obran en la causa tiene especial relevancia el de Juan Carlos Ondo, expresidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, que relata cómo el propio presidente Obiang le ordenó crear esa supuesta investigación contra Teodorín para intentar librarle del juicio en Francia por el denominado caso de los bienes mal adquiridos. Una causa por la que finalmente fue condenado. La declaración de Ondo, hoy residente en París y amenazado de muerte por el régimen guineano, no aparece en la exposición de motivos que Pedraz remitió sin éxito al Supremo.