Cataluña aprueba la regulación del alquiler de temporada y habitaciones: deberán cumplir con el límite de precio del índice oficial

Día importante este jueves en el Parlamento catalán. Con una crisis de habitacional inaudita, que ha aupado la vivienda como principal problema de los catalanes en las encuestas oficiales, el Parlament ha aprobado la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones. Dos tipologías de arrendamiento que han roto el mercado inmobiliario de las grandes ciudades, porque se han extendido masivamente como vía con la que los caseros buscan esquivar la regulación de precios que fija la Ley de Vivienda. De nuevo Cataluña se convierte en laboratorio en regulación en la materia y con el impulso inicial de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda y asociaciones ciudadanas. El texto aprobado se llama Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo, modifica artículos de las leyes catalanas de urbanismo y vivienda, y en una larga votación de decenas de enmiendas, ha sido aprobado con los votos de PSC, ERC, Comunes y la CUP. El PP ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por una regulación que sus diputados entienden que Cataluña no tiene competencias y es “una expropiación encubierta de la propiedad privada”.

La nueva ley también prorroga la protección de las viviendas de VPO que están en municipios de mercado tenso, para frenar la sangría de desclasificación de pisos protegidos. Solo en Barcelona, 40.000 viviendas perderían la condición de sociales hasta 2030. Y habilita a los Ayuntamientos para fijar en sus normas urbanísticas que el “uso residencial” es prioritario en sus parques de vivienda.

La nueva regulación se puede resumir en que el alquiler de temporada o de habitaciones tendrá las mismas reglas que cualquier alquiler residencial: estará limitado en precio por el índice oficial. En el caso de las habitaciones, la suma de precios de las que haya en un piso no podrá superar el tope. En Barcelona, alquilar una habitación ya cuesta como un piso entero. Además, en los contratos deberá constar la finalidad de la estancia temporal (estudios, profesional) y la dirección fija del inquilino. La ley, además, distingue entre el alquiler de temporada “residencial” del “vacacional o recreativo”, que sí queda fuera de los precios regulados.

La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, ha defendido la Ley con el argumento en el que insiste el Govern de Salvador Illa: la conveniencia de intervenir el mercado cuando afecta y distorsiona a la cohesión social. “Esta Ley busca que la vivienda sea un derecho y no una fuente de angustia para los ciudadanos”. “No hacerlo es tener un país, unos barrios y unas ciudades más inseguras, menos cohesionadas y con menos progreso”, ha zanjado. Por parte de ERC, la diputada y ex consejera en el mandato pasado Ester Capella ha argumentado que “el límite del mercado está en el bien común”. Por parte de Comuns, la diputada Susana Segovia ha agradecido al Sindicato de Inqulinas y la PAH sus movilizaciones e impulso legislativo para defender el derecho a la vivienda. Por parte de la CUP, Laure Vega, ha advertido de que crisis como la de la vivienda provoquen el auge de la ultra derecha.

Que el alquiler de corta estancia tuviera precio regulado es una larga reclamación de los Sindicatos de Inquilinas, que lleva pidiéndolo desde la tramitación de la ley española de vivienda (2022-2023). Desde entonces, la organización advertía de que se produciría una fuga de caseros a la temporada, para esquivar los topes de precios. En la pasada legislatura, estuvo a punto de aprobarse por decreto y en vísperas de las elecciones de primavera de 2024, cuando la redactó el entonces Govern de ERC de la mano de los comunes. Junts y PSC pidieron entonces menos prisas y más “seguridad jurídica”. La magnitud del drama, cuando los alquileres de temporada ya son, según cifras oficiales, un 26% de los que se firman en Barcelona (y no todos se registran), ha llevado a los socialistas a aceptar la norma.

Una amplia ley para agilizar la ampliación del parque social

La Ley aprobada este viernes fue en origen un decreto (el 2/2025) que modifica la legislación administrativa, urbanística y de vivienda, redactado por el Govern de Salvador Illa a para agilizar la ampliación del parque social en el marco de su plan de sumar 50.000 pisos públicos hasta 2023. El texto, que ha pasado dos veces por el Consejo de Garantías Estatutarias, incluye modificaciones en materia de obras públicas, trámites administrativos, VPO y urbanismo.

Además de los cambios en el alquiler de temporada o la prórroga de la protección de la VPO en zonas tensas, otorga más fondos al Incasòl para construir vivienda social, aumenta los porcentajes de reserva para la construcción de vivienda pública en nuevos barrios, y amplía los supuestos de compra preferente de vivienda por parte de la administración (el derecho de tanteo y retracto). La Ley también crea el Registro de grandes tenedores, de pisos vacíos y fija multas para quien no apunte sus propiedades.