Una ciudad que abandona a sus vecinos. El fracaso habitacional de Almeida

En Madrid, cientos de familias viven cada día con una angustia que debería sonrojar a cualquier responsable público: el miedo real a perder su hogar mientras el alcalde José Luis Almeida prefiere mirar hacia otro lado. No se trata de simples cifras, son personas. Son vecinos de Vallecas, Vicálvaro, Fuencarral, Delicias o San Bernardo que llenaron el Pleno municipal de noviembre para recordar algo tan sencillo como rotundo: detrás de cada desahucio hay una familia, hay dignidad y hay derechos que merecen protección. Y hoy, en Madrid, la dignidad está en peligro.

La reciente venta de viviendas de la Fundación Fusara (13 edificios que han dejado en vilo a más de 200 familias) y la operación de la Fundación “La Caixa”, que traspasó 370 viviendas sociales construidas en suelo municipal, no son episodios aislados. Son la prueba de un patrón inquietante: cuando las familias están en riesgo, el Ayuntamiento calla; cuando los fondos especulativos llaman, el Ayuntamiento acelera.

Aun así, el Gobierno de Almeida presume de tener “el mayor parque de vivienda pública de España”. Basta ya de titulares vacíos. Madrid es la ciudad más poblada y extensa del país. Lo relevante es cuánta vivienda pública ofrece por habitante. Y, ahí, la foto es devastadora: 2,7 viviendas públicas por cada 1.000 ciudadanos. Barcelona, por ejemplo, con menos población y una extensión muy inferior a la capital, tiene el doble; Málaga el triple y Bilbao el cuádruple. Ese es el dato que jamás aparece en los eslóganes de los que presume Almeida.

La construcción pública es prácticamente simbólica. Madrid apenas levanta 200 viviendas públicas al año, una cifra ridícula para una capital de más de 3,5 millones de habitantes y con más de 60.000 familias esperando una vivienda social. Con este ritmo, la espera no es un problema. Es una condena.

Mientras tanto, los fondos de inversión llevan una década marcando las reglas del mercado en nuestra ciudad. Ahora que gigantes como Blackstone, Cerberus, Ares o Azora empiezan a desprenderse de parte de sus carteras, Madrid tiene ante sí una oportunidad histórica para recuperar patrimonio residencial. Pero, una vez más, el Ayuntamiento no mueve ficha.

Las soluciones existen. Y otras administraciones ya las están aplicando. Ahí está el ejemplo del alcalde Jaume Collboni, que ha puesto en marcha una estrategia firme para ampliar el parque público, comprando vivienda a grandes tenedores, activando el tanteo y retracto, y blindando la vivienda protegida para que no acabe en manos de fondos. Y el ejemplo no está solo en Barcelona. También lo vemos en Cataluña, donde Salvador Illa ha anunciado la compra de más de mil viviendas a InmoCaixa para destinarlas a alquiler asequible permanente. Una operación de enorme escala que demuestra que, cuando un gobierno quiere proteger a la gente, actúa.

Una lección de la que también podría tomar nota la presidenta Ayuso. La Comunidad de Madrid lleva años renunciando a utilizar sus competencias en materia de vivienda para aumentar el parque público o contener la especulación. Más bien al contrario, la presidenta madrileña presentó hace dos meses un nuevo plan de choque de vivienda con medidas como la de permitir el cambio en los usos del suelo para dar paso a la edificación en lugares donde actualmente no se puede, y planes que no regulan los precios ni los agentes del negocio de la vivienda. Evita aplicar la ley estatal y declarar como zonas tensionadas áreas urbanas en las que los ciudadanos tienen dificultades para acceder al alquiler o la compra de las viviendas.

Madrid también podría, y debería, hacerlo. ¿Cómo? Los socialistas hemos puesto sobre la mesa varias medidas en el pleno municipal: la intermediación inmediata para frenar desahucios; un protocolo de protección que impida ventas de vivienda social sin control, y el uso del tanteo y retracto para recuperar vivienda en manos de fondos.

La pregunta es ineludible: ¿por qué el Ayuntamiento sigue sin actuar cuando los madrileños y madrileñas más lo necesitan? Hoy, en Madrid, la especulación duerme más tranquila que las familias trabajadoras. Eso no es un accidente, es una elección política.

Porque lo inevitable no es que las familias pierdan sus casas. Lo verdaderamente dramático es que Madrid está perdiendo a sus vecinos y, con ellos, la esencia misma de esta ciudad: quienes sostienen los comercios, quienes dan vida a los barrios y quienes construyen la identidad de un Madrid que estamos dejando escapar.

Cuando no cuidamos a quienes la habitan, Madrid se vuelve una ciudad etérea, sin arraigo, sin comunidad, sin futuro. Y todo esto ocurre, además, mientras la administración que más herramientas tiene para equilibrar el mercado de la vivienda (los ayuntamientos) renuncia a usarlas. Ese es el fracaso. Y esa, señor Almeida, es su responsabilidad.