Inquilinos para siempre: el 80% no heredará una vivienda que le permita abandonar el alquiler

Vivir de alquiler es una decisión que muchas personas toman porque no les queda otra. Comprar una casa es una inversión gigantesca para la que, además, se necesita contar con algo de dinero ahorrado que permita afrontar al menos la entrada, amén de una solvencia económica suficiente para conseguir una hipoteca. Por eso, quienes optan por el arrendamiento como única solución posible por sus circunstancias, sin quererlo, empiezan a generar una brecha social con aquellos que sí cuentan con los medios para convertirse en propietarios. De hecho, ocho de cada diez inquilinos tienen asumido que no abandonará nunca esta condición, puesto que no esperan heredar una vivienda, su única posibilidad para convertirse en propietarios, según un estudio que publica este miércoles el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), un grupo de expertos que busca promover la justicia social y ecológica.

El volumen de inquilinos ha alcanzado en lo que va de siglo cotas elevadísimas en distintas ciudades alrededor del mundo. Si bien en España este mercado apenas representa hoy el 10% del total del parque residencial ―la aspiración de convertirse en propietario está más arraigada que en otros países―, en ciudades como Lisboa o Buenos Aires, en las que, además de Madrid y Barcelona, se centra también el estudio de IDRA, el porcentaje se ha disparado.

Mientras que en la capital argentina el porcentaje de inquilinos se ha triplicado desde 2001, en la portuguesa la población inquilina creció en 2021 por primera vez desde 1960. Respecto a Madrid y Barcelona, el texto señala que “experimentan un aumento acelerado desde 2007″, siendo Barcelona la ciudad con mayor proporción de inquilinos.

Estos aumentos continuados en el tiempo han ido modelando el contorno de las diferentes sociedades. El estudio, cuyos resultados se extraen de encuestas realizadas a inquilinos de estas cuatro ciudades, manifiesta que los datos “evidencian que la crisis de la vivienda no es un problema específico de un país, y que no responde a una simple cuestión de falta de oferta”. Sobre esto recalca que “cada vez más personas viven de alquiler, y lo hacen en condiciones marcadas por la inseguridad residencial, la precariedad económica y la desigualdad patrimonial”.

Ser arrendatario es, en muchas veces, una decisión obligada para aquellas personas que desean independizarse. Sin embargo, se trata de un estado potencialmente ambulante. De acuerdo con el estudio, entre un 30% y un 44% de quienes se han mudado recientemente lo hicieron de manera forzosa, por no poder afrontar el incremento de los precios o por la finalización de sus contratos. Además, en torno a un tercio de ellos creen que tendrán que mudarse en el próximo año, cuando seis de cada diez lleva menos de cinco años (la duración garantizada de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual en España) en su casa actual.

“El mercado de alquiler es una fuente de desigualdad urbana. La expansión del alquiler como forma de acceso a la vivienda, sin las protecciones adecuadas, ha profundizado las desigualdades sociales y ha dejado a muchos inquilinos en una situación de indefensión”, advierte el texto, firmado por los investigadores Marta Ill-Raga, Pablo Pérez y Jaime Palomera.

Mayor carga

Esta salida y entrada continuada de distintas viviendas de por sí angustiosa se agrava frente al hecho de que encontrar un nuevo espacio tampoco resulta tarea fácil. En Barcelona y Madrid, el 42,18% de los inquilinos reconocen haberse encontrado con barreras para alquilar, muy por debajo del caso de Buenos Aires (76%) aunque duplicando los registros de Lisboa, donde las dificultades son menores, con solo un 17% de los inquilinos experimentando barreras.

Al aumento de la incertidumbre y de este cóctel de precariedad habitacional también contribuye, según el estudio, el hecho de que el pago del alquiler supone una carga enorme para las finanzas de los inquilinos. En el caso de Madrid, el esfuerzo medio subió de un 42% entre los contratos firmados con anterioridad de 2018 a un 53% en los contratos en 2023; al tiempo que en Barcelona el aumento es más moderado, pasando de un 52% en los contratos firmados en 2017 o antes, a un 56% a los firmados en 2022.

Un esfuerzo que, además, deben llevar a cabo para poder mantenerse en unas viviendas en las que, ocho de cada diez, declaran padecer grandes deficiencias. Las principales carencias que denuncian los inquilinos son aquellas relacionadas con el mal aislamiento térmico y acústico, así como la falta de calefacción, y la necesidad de una reforma de un parque sumamente envejecido.

Un apartado capital a la hora de perpetuar la desigualdad de muchos inquilinos tiene que ver con el hecho de que el mercado protegido (el de viviendas asequibles destinadas al alquiler) es absolutamente minoritario en ciudades como Madrid o Barcelona (con un 7% y un 9% del total, respectivamente). “Esta tendencia viene marcada por la extinción programada de los contratos de renta antigua”, incide el texto, que también señala que la inestabilidad de ingresos o la falta de empleo conforman la otra pata que dificulta el acceso a la vivienda en alquiler para este grupo.

Opacidad

Otro punto destacable del estudio es la opacidad en la que se encuentran los inquilinos para con sus arrendadores. En Barcelona, el 17% no sabe quién es su propietario, frente a un 8,2% en Madrid. Además, en ambas ciudades, los inquilinos que tratan con una inmobiliaria tienen aún menos conocimiento sobre quién es su casero (24,1% en Barcelona, 18,8% en Madrid). “Los inquilinos cuya relación con el casero se encuentra mediada por una inmobiliaria tienen una menor satisfacción con la vivienda; sufren más abusos, más subidas de alquiler, mayor discriminación en el acceso y mayor sensación de inestabilidad residencial”, incide el texto.

Como recomendaciones para revertir esta situación, los autores del texto reclaman una mayor protección de los inquilinos a través de distintas fórmulas: introduciendo contratos sin una fecha de finalización predefinida, que perduren mientras este cumpla con sus obligaciones; prohibiendo la compra especulativa de vivienda para la inversión; gravando de forma progresiva la posesión en propiedad de activos y patrimonio inmobiliario; ampliando la oferta de vivienda pública en alquiler a perpetuidad; prohibiendo la concesión de licencias para alquiler turístico o imponiendo impuestos a las viviendas vacías.