Los vecinos afectados por la venta de 13 edificios de la Iglesia: “Nos quieren echar a la calle para meter a turistas”

Con cánticos de “Especular es pecado capital” y “Arzobispado con los buitres ha pactado”, cerca de 100 vecinos cuyas viviendas son administradas por una fundación dependiente del Arzobispado de Madrid, se concentraron este domingo frente a la sede eclesiástica para reclamar que no se produzca su venta. El Juzgado de Instrucción número 28 debe decidir si mantiene las medidas cautelares sobre el traspaso de 13 edificios situados en el centro de la capital a la sociedad Tapiamar, operación que se paralizó en 2019 por presuntas irregularidades y que, en el caso de ejecutarse, expulsaría de sus casas a unas 200 familias.

Los inmuebles en cuestión, situados en calles como Fuencarral, Churruca o San Bernardo, son gestionados por la Fundación Fusara, una entidad cuyo fin es “educar a menores de edad carentes de recursos económicos” y que surgió en 2008 por la fusión de dos fundaciones que disponían de numerosos inmuebles. Con ellos nutrían de fondos a orfanatos, colegios concertados y residencias. “Este patrimonio inmobiliario que tiene un fin social no es propiedad del Arzobispado, que es quien lo gestiona. Los propietarios son los herederos universales, que son los niños pobres de Madrid y su provincia, tal y como figura en los estatutos originales de 1925. Están vendiendo algo que no es suyo”, resume Jesús Manrique, uno de los inquilinos afectados.

El pasado mes de julio se conoció que la Archidiocesis de la Comunidad de Madrid alcanzó un acuerdo extrajudicial para vender los 13 inmuebles por un total de 99 millones de euros. Según la estimación de los vecinos, su precio actual sería de unos 250 millones. Este pacto supone la continuación de una venta que se paralizó en 2019 y llegó a los tribunales ante las denuncias de irregularidades interpuestas por los inquilinos. En ese momento, el trato era por valor de 65 millones e incluía también un edificio en la Calle Barquillo 22, en el que se encuentra la sede de Fusara.

Para ejecutar dicha operación se crearon, en apenas dos meses, 14 empresas con un capital de 3.010 euros cada una. Todas bajo el paraguas de Tapiamar y administradas por la misma persona: Roberto de Juan González. En el nuevo acuerdo, De Juan continúa como comprador y se incluye a Daniel Hidalgo Pita, ambos imputados por delitos de corrupción y estafa dentro del Caso Fundaciones. Esta causa investiga a directivos de Fusara y Tapiamar por presuntamente expoliar patrimonio de la Iglesia en el centro de la capital y repartir comisiones.

“Qué adjetivo se le pone a que la Iglesia venda estos 13 edificios a compradores que están imputados por estafa y corrupción. Es un negocio fraudulento y está claro que quieren echarnos de nuestras casas para hacer apartamentos turísticos u hoteles”, insiste Manrique mientras sostiene el megáfono con el que dirige los cánticos de protesta.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado octubre la imputación para De Juan e Hidalgo, junto a una decena de acusados, a falta de conocer el posicionamiento de la Fiscalía. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 28 ha solicitado a las partes la entrega de los escritos de acusación para dar comienzo al juicio seis años después. Contactado por este periódico, el Arzobispado no ha hecho declaraciones y ha derivado la respuesta a Fusara.

Desde la fundación se desmarcan de la administración que alcanzó el acuerdo de 2019 y justifican el nuevo pacto por la necesidad económica: “Fusara no es propietaria de esos inmuebles desde 2019. Aquella operación, aprobada con información falsa, fue lesiva para la fundación y por ello hemos presentado una querella contra quienes la ejecutaron. La venta privó a la entidad de los ingresos que financiaban su labor: la educación y acogida de cientos de menores en riesgo de exclusión a través de sus colegios y residencias. Son ellos los verdaderos beneficiarios y nuestra prioridad. Para evitar la liquidación, el pasado julio la fundación alcanzó un acuerdo con la sociedad compradora para que abonara los edificios a precio de mercado. Los tribunales han avalado ese pacto”.

Sin embargo, aún no está claro el desenlace de una venta que los vecinos no están dispuestos a permitir. En septiembre, y pese al perjuicio que reconocen, Fusara se retiró de la acusación particular contra Tapiamar, como parte del nuevo acuerdo. Los inquilinos recurrieron la operación al considerarla como una consumación de la estafa, ya que los edificios se siguen traspasando muy por debajo de su valor de mercado. Además, la abogada de los vecinos y residente en uno de los edificios, Monica Sevil, insiste en señalar que Fusara continúa siendo responsable de los inmuebles por la paralización del acuerdo de 2019.

Esta situación no hace sino aumentar la incertidumbre con la que conviven los residentes desde entonces. Es el caso de Aurora Alonso, que a sus 84 años sigue viviendo en la casa de Angosta de los Mancebos que le vio nacer. Mientras sostiene una pequeña pancarta que reza “La especulación no es religión”, se lamenta por los seis años de incertidumbre y falta de transparencia por parte del Arzobispado.

“Nos llegaron las cartas de desahucio en 2019 sin aviso ninguno”, recuerda antes de reconocer su miedo a que sus casas se destinen al negocio turístico y criticar la falta de alternativas. “Vivo pendiente de quién entra al edificio. Llega gente que no conocemos a hacer mediciones. Ni siquiera nos han reconocido qué quieren hacer con nuestras casas ni ofrecido una alternativa”, asegura la mujer que ansía no tener que hacer las maletas hacia un destino incierto, tras toda una vida habitando el mismo lugar.