La Iglesia calla ante la venta de 13 edificios en Madrid a imputados por estafa y 200 vecinos afectados escribirán al Papa

La Archidiócesis de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a que continúe la venta de 13 edificios, propiedad de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dirigida por la Iglesia, que en 2019 se había paralizado debido a denuncias por irregularidades por parte de los vecinos. Estos inmuebles fueron donados por miembros de la fundación con la condición de que nunca se vendieran, y de que los beneficios que se obtuvieran de su uso siempre fueran a esta entidad. Aun así, en 2019, la fundación intentó vender las 14 fincas por solo 65 millones de euros a la sociedad Tapiamar, cuando, según los vecinos, su precio total no baja de 250 millones.

Ahora el arzobispado ha subido el precio a 99 millones de euros por 13 de los inmuebles, en un intento —ya que el Juzgado debe aprobarlo— de que la operación siga adelante con el mismo comprador, que actualmente se encuentra imputado por los delitos de estafa y corrupción. En el nuevo acuerdo, la Iglesia también ha renunciado “libre y expresamente” a las acciones penales y civiles en contra de esa persona, dejando en el Juzgado la decisión de que se siente o no en el banquillo. Los vecinos de los inmuebles no se han quedado de brazos cruzados y escribirán una carta al nuevo Papa. A todo esto, el Arzobispado madrileño ha decidido guardar silencio y ha dicho a este diario que “no hará declaraciones”.

El reciente acuerdo fue comunicado el 30 de julio de 2025 al Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. En este se explica que Fusara, Tapiamar e Intuitiva (otra empresa también dirigida por uno de los investigados por corrupción y estafa durante la transacción anterior) alcanzaron “un acuerdo para la resolución amistosa de las controversias existentes entre las partes, derivadas de la compraventa de los catorce inmuebles de la fundación, formalizada el pasado 30 de julio de 2019″.

En el nuevo acuerdo, del que este diario tiene copia, las condiciones de venta han cambiado. En 2019 el negocio era de 64 millones de euros por 14 edificios en calles estratégicas de Madrid como Fuencarral, San Bernardo, Imperial y Delicias. Pero ahora la fundación ha aumentado el precio a 99 millones y ha quitado un inmueble, el de la sede social de la fundación en la calle Barquillo, 22. A pesar de esto, los vecinos calculan que el precio real de los edificios alcanza los 250 millones de euros. “Siguen siendo unos precios irrisorios”, denuncia Mónica Sevil, abogada de los vecinos que viven en los edificios y también una de las afectadas.

Según se lee en el nuevo documento, la decisión de seguir adelante bajo estas condiciones ha sido votada por “unanimidad” del patronato de la fundación, que lo componen el arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, el sacerdote Pedro Pablo Dones Sabrido, párroco de Asunción de Nuestra Señora y José Andrés Silva Martín, párroco de San Juan de Ribera.

Y a pesar de que en 2019 también eran parte del patronato los representantes del Tribunal de la Rota, del Ayuntamiento de Madrid y de la Delegación de Gobierno, estos dos últimos renunciaron a su cargo y dejaron de ser parte tras la primera polémica, según han confirmado a EL PAÍS recientemente. Es decir, la decisión ha sido tomada exclusivamente por la parte eclesiástica, algo que los vecinos también dudan de que sea legítimo.

“Cuando se creó la fundación, la dueña dijo que el patronato siempre tenía que estar representado por el mismo número de miembros eclesiásticos que laicos, con lo cual este no sería válido”, añade Sevil. EL PAÍS ha intentado conseguir una reacción del arzobispado sobre toda la decisión, pero han asegurado que no harán declaraciones y, curiosamente, han derivado a los medios a la fundación, que son ellos mismos.

En 2019, cuando se intentó vender por primera vez, el negocio se paralizó y llegó a los tribunales porque los cientos de vecinos de los 14 edificios, que ya estaban empezando a recibir cartas de desahucio por parte del nuevo comprador, denunciaron que existían irregularidades en la venta. Entre ellas, que Tapiamar estaba integrada por 14 sociedades creadas entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019 con un capital de 3.010 euros cada una y administradas por la misma persona: Roberto de Juan González.

La Iglesia ahora también ha apoyado que el comprador siga siendo De Juan González, y ha añadido al acuerdo a Daniel Hidalgo Pita, ambos imputados por los presuntos delitos de corrupción y estafa por este mismo caso. De Juan sigue siendo el representante de Tapiamar e Hidalgo, que en su momento fue el administrador de Chávarri Abogados, el bufete que ejecutó todos los movimientos investigados. Ahora colabora con él. Y no solo eso. La fundación también ha renunciado “libre y expresamente” a cualquier acción penal y civil que puedan corresponder a ellos dos y a sus sociedades. Este diario ha intentado comunicarse con De Juan por correo electrónico, pero no ha respondido.

“Nosotros pensamos que el arzobispado de Madrid ha sido cómplice desde el primer momento de esta venta fraudulenta. Tanto el arzobispo que estaba en su momento, Carlos Osoro, como el actual, José Cobo, son conocedores de esta historia. La ética de la Iglesia es terrible, haciendo negocio en este momento donde la vivienda es uno de los principales problemas en España”, ha criticado Jesús Manrique (60 años), uno de los vecinos afectados.

Otro movimiento que ha generado dudas de la Iglesia ha sido la sustitución del abogado de la fundación, Aitor Canales Santander, nombrado en 2019 por el patronato en medio de la polémica. En 2023 el Arzobispado de Madrid decidió prescindir de los servicios de Canales debido a una supuesta “disparidad de criterios”, según citó Religión Confidencial tras hablar con el Arzobispado. En su lugar, contrató a Baker & McKenzie, representado por el exfiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, también reconocido por la defensa del Partido Popular en el Caso Gürtel, entre otras causas.

Vecinos a la calle

Los principales afectados en toda esta trama son al menos unas 200 familias que residen actualmente en los edificios. Varios de esos vecinos habían empezado a recibir cartas de desahucio desde la primera venta, hace cinco años, procesos que, dichosamente para ellos, se detuvieron al iniciar la investigación judicial.

Ahora se enfrentan, una vez más, al miedo de ser expulsados de sus casas debido al nuevo acuerdo. “Es una presión horrible que emocionalmente te pasa factura. No sabes que va a pasar. La casa es donde pensamos, donde dormimos, donde descansamos, donde amamos, no es una cosa cualquiera. Es parte de ti y están jugando con todo esto”, ha añadido Manrique. Ellos temen que los edificios en los que viven terminen siendo utilizados para viviendas turísticas, pisos de lujo u oficinas.

El nuevo acuerdo de venta debe ser aprobado o rechazado por el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid. Mientras, los vecinos no se quedarán de brazos cruzados. “Vamos a esperar a ver que dice el juez y el fiscal, pero de momento vamos a intentar reunirnos con el Ministerio de Justicia, el de Vivienda y el delegado de Gobierno. Enviaremos, además, una carta al nuevo Papa pidiéndole una reunión”, han comentado los vecinos. Todo esto con la esperanza de que algo cambie para bien.