El Monopoly de los gobiernos de Sánchez y Ayuso en el Madrid VIP: intercambian un palacete, un edifico junto al Palace, y 1,7 millones de euros

Algo se mueve en el corazón VIP de Madrid. Mientras los precios del alquiler siguen disparados, y los de compra de vivienda imposibles para la mayoría, el Gobierno de España y el de Madrid se han puesto de acuerdo para una operación inmobiliaria que parece sacada del juego del Monopoly. En su corazón está la creación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo frente al Congreso de los Diputados. Para construirlo, el Estado necesita hacerse con varias plantas del edificio apetecido en la calle Duque de Medinacelli, con vistas al hotel Palace, que son propiedad de la Comunidad de Madrid. Y para conseguirlas ha propuesto un trato jugoso, según documentación a la que accedió EL PAÍS: pagar 1,7 millones de euros y entregar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso una vivienda de 300 metros cuadrados que permitirá que Madrid complete la propiedad de un palacete en la calle Núñez de Balboa. Un pelotazo que rechazan los vecinos, “hartos” de la turistificación de la capital de España.

“Estando totalmente de acuerdo con la posibilidad de que Madrid albergue un espacio dedicado a las víctimas del terrorismo, no podemos más que mostrar nuestra total oposición a que ese emplazamiento sea el que el Ministerio de Interior plantea”, se queja Jorge Nacarino, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM). “Los vecinos del centro están hartos de que las políticas culturales en la ciudad, y de los diferentes ministerios, ahonden en la apuesta por la turistificación del centro y no les permitan tener los equipamientos que necesitan como cualquier otro barrio”, sigue. “El barrio de las Letras no necesita otro contenedor cultural. Necesita vivienda social”, recalca. Y concluye: “Este edificio se podría usar para cualquier tipo de vivienda social que favorezca la permanencia de personas mayores en el barrio, o de jóvenes, dada la crisis habitacional que sufrimos con el incremento salvaje de los precios y el fenómeno de la vivienda de uso turístico”.

No parece que ese sea el objetivo. El proyecto del Ministerio del Interior para el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo es mastodóntico, y surge de la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011. Abarca todos los terrorismos que ha padecido España desde junio de 1960, fecha del asesinato de la niña Begoña Urroz por una bomba del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación Nacional) en San Sebastián, hasta hoy. En consecuencia, incluye el terror de ETA, la guerra sucia, los GRAPO y el yihadismo, sin olvidar los muy efímeros del DRIL, los anarquistas y el FRAP. Esta sede madrileña se unirá a la existente en Vitoria-Gasteiz.

Para homenajear a las víctimas y denunciar el terror, el Gobierno central aspira a que cuente con 4.000 metros cuadrados para exposiciones. Una vez que se complete el intercambio con Madrid, el edificio elegido, que fue inaugurado en 1922 como Palacio de Hielo y del Automóvil, dispondrá de 15.000 metros cuadrados, con tres entradas distintas. En consecuencia, el siguiente paso será que Hacienda, de quien depende Patrimonio, decida cómo se distribuyen los espacios, y encuentre uso para el que no emplee el memorial, según explica un portavoz gubernamental.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Hay que remontarse a varios decretos de 1984 y 1989. “El Estado”, explica un portavoz del Ejecutivo central; “cedió mucho patrimonio para que las Comunidades Autónomas instalasen sus oficinas y pudieran ponerse a trabajar cuando arrancaron”. Y añade: “Entre esas cesiones se encuentra la parte del edificio de la calle Duque de Medinacelli que ahora se recupera”.

Así completa la explicación de la operación un portavoz del Gobierno regional. “Es una permuta propuesta por el Gobierno central con la que entregamos una planta (de 946 metros cuadrados) que teníamos nosotros en un edificio en el que el resto de las plantas eran del Estado y viceversa: el Gobierno central nos entrega una planta (de 370 metros cuadrados) de un edificio en el que el resto de plantas son nuestras”, detalla. “La planta que cedemos estaba en desuso desde que empezó a tramitarse la permuta”, sigue. “Y en el inmueble que ahora será todo nuestro hay una parte en desuso que fue el centro de vacunación internacional, y otra que ahora utiliza Educación para la tramitación de becas”.

Tasaciones millonarias

Para Madrid, que argumenta el cambio como una “optimización del patrimonio”, la operación es un pelotazo. Las dos partes accedieron a tasar los bienes implicados en la operación. El de la Comunidad se valoró en 3.593.956,69 euros. El del Estado, en 1.886.762,23. Como el de la Comunidad es más valioso, el Estado ha tenido que pagar la diferencia: 1.707.194,46 euros, además de entregar una vivienda de 370 metros cuadrados que permite al gobierno autonómico completar la propiedad de una especie de palacete situado en la calle Núñez de Balboa.

En 2022, el entonces consejero de Presidencia, Enrique López, visitó estas dependencias para anunciar que ahí se radicaría un Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo madrileño. Sin embargo, este mismo noviembre, Miguel Ángel García Martín, el portavoz del Gobierno autonómico, anunció que la Comunidad de Madrid abrirá el Centro Interactivo para la Memoria en recuerdo a las víctimas del terrorismo en la Carrera de San Jerónimo 13, donde se ubica la Viceconsejería de Justicia y Víctimas.

¿Qué va a hacerse entonces con la nueva adquisición, adscrita en el pasado a uso sanitario y judicial? “El uso que se le dará no está definido”, dice un portavoz regional sobre una operación entre dos administraciones antagónicas en lo político que sí han logrado ponerse de acuerdo alrededor de sus intereses inmobiliarios.