Alguien tiene que detener la crispación

La convivencia no ha sido un elemento fuerte y esencial de la sociedad española en nuestra historia, pero sí lo ha sido desde hace casi 50 años. No obstante, en los últimos años el deterioro de la convivencia es algo que se percibe tanto en las relaciones más cercanas y privadas —como las relaciones familiares y las de amistad—, como en la confrontación política expresada con dureza y sin el menor respeto a las reglas democráticas y al buen hacer político en el Congreso de los Diputados.

A esta preocupante confrontación se viene uniendo en los últimos tiempos algo más grave aún, la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Confrontación percibida inicialmente de forma suave por declaraciones inapropiadas de miembros del Gobierno o por decisiones judiciales controvertidas. No obstante, el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo un día tan señalado como el 20-N condenando al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación no ha hecho más que radicalizar las posiciones.

En esta ocasión, la convivencia no se ha roto de abajo arriba como en otros momentos de nuestra historia. Es desde arriba desde donde se están mandando mensajes que alteran gravemente la convivencia.

Ante la situación que estamos viviendo tiene que haber un punto de inflexión. Alguien tiene que poner pie en pared.

No se trata aquí de buscar culpables, sino de analizar qué está pasando, sobre todo entre los dos grandes partidos.

Cierto es que el arco parlamentario ya no está formado básicamente por los dos grandes formaciones, el PSOE y el PP, pero, aunque me tachen de amante del bipartidismo, sigo pensando que si hay alguna forma de acabar con esta polarización, que afecta con especial virulencia al principal partido del Gobierno y al principal de la oposición, es la búsqueda de acuerdos y los espacios de consenso entre esos dos partidos.

Resulta difícil recordar cuándo se vieron por última vez el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Sin embargo, es fácil recordar la animosidad y la falta de empatía que hay entre ellos y que se pone de manifiesto a la vista de todos los ciudadanos cada miércoles en la sesión de control en el Congreso.

No hace falta ser un fino analista ni un prestigioso científico político para observar que entre estos dos responsables políticos no es que haya diferencias ideológicas, que las hay y es lógico que las haya, sino que hay una clara antipatía personal y, por tanto, una total falta de confianza.

Y, sin duda alguna, la confianza es la pieza fundamental para una convivencia sana y responsable.

Pero si la confrontación partidaria hace tiempo que hace irrespirable la vida política en España, la confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial viene a agravar dramáticamente la situación. Cada día es más evidente el doble hecho de la politización de la justicia y de la judicialización de la política.

Y en este contexto, el juicio al fiscal general del Estado supone un antes y un después. El fallo no es unánime, la condena es apoyada por los cinco jueces conservadores y la absolución defendida por las dos juezas progresistas.

Y así volvemos a algo que nunca debería haberse producido: la división, explicitada con normalidad, entre jueces conservadores y jueces progresistas.

Como no debería haberse producido, en un juicio tan delicado como este, haber hecho público el fallo sin que estén redactados ni la sentencia ni los votos particulares.

Con todas estas características este fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tensionado a la sociedad española hasta extremos que no se habían visto hasta ahora.

Las declaraciones de la derecha, y sobre todo las de la presidenta de la Comunidad de Madrid,  contra el presidente del Gobierno no son aceptables en una democracia y en un Estado de derecho.

Por otra parte, las declaraciones de la izquierda del PSOE, de algunos miembros del Gobierno de coalición y de algún ministro socialista, en contra de los miembros conservadores de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han sido de una dureza extrema. Innecesaria si desde la izquierda queremos que nuestro país avance con los postulados de la Constitución.

No veo una solución fácil a lo que está pasando pero tengo claro que esta confrontación entre partidos y entre poderes solo pueden solucionarla los ACTORES políticos y judiciales.

Estas líneas van dirigidas a esos actores políticos y judiciales para que sean conscientes de que el deterioro de la convivencia entre españoles tiene mucho que ver con sus mensajes y actuaciones y que cambiar este clima está básicamente en sus manos.

El 21 de noviembre, conmemoración de los 50 años de la Monarquía, tanto en el Palacio Real con las palabras de su majestad el rey Felipe VI,  las de los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miguel Roca Junyent y las del expresidente Felipe González, así como en el Congreso de los Diputados por historiadores, filósofas, políticos y periodistas se dijeron una serie de cosa que no pueden caer en el olvido.

No hay que mirar el pasado con nostalgia pero todos, responsables políticos y judiciales y ciudadanos, tenemos que aprender del pasado para que sus enseñanzas no nos lleven a cometer un error que acabe con estos casi cincuenta años de paz y concordia.