Condena sin sentencia

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para ejercer su cargo por “un delito de revelación de datos reservados”, según el fallo anunciado este jueves tras solo una semana de deliberación. La sentencia está pendiente de redacción, por lo que el fiscal general queda, por un lado, obligado a cesar en su puesto, y por otro, sin capacidad de contestar públicamente a una resolución cuyos argumentos no conoce mientras quienes le han atacado celebran el fallo como una victoria política. La sentencia no tiene efecto hasta que se notifique.

El fiscal fue denunciado originalmente por publicar una nota de prensa en la que se detallaba la secuencia de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía sobre un posible pacto por un presunto fraude fiscal. Con esa nota, García Ortiz quería defender al ministerio público de un bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, sobre cómo habían comenzado y cómo se habían articulado esas negociaciones.

Al inicio de ese procedimiento, el propio Supremo dictó que el contenido de la nota sobre los correos no era secreto, pues había sido publicado antes por la prensa. La instrucción derivó entonces a la filtración original de la información publicada. Ni la instrucción ni el juicio oral han mostrado pruebas concluyentes de que fuera García Ortiz quien lo filtró. Los periodistas que tenían la información, y él mismo, han negado expresamente que fuera él la fuente. La responsabilidad de García Ortiz fue apuntada de forma indiciaria por la Guardia Civil y por algunos testigos.

El fallo anuncia que García Ortiz ha cometido un delito de revelación de información reservada, pero hasta que no se publique la sentencia no se sabe qué información, ni de qué manera ha sido revelada ni por qué él es el culpable. Esto acrecienta las dudas, pero, por la misma razón, es imprescindible llamar a la prudencia y el respeto mientras no se conozca la argumentación del Supremo, la secuencia de hechos probados y su encaje penal. El Gobierno dijo respetar pero no compartir el fallo. El PP pidió elecciones anticipadas.

Lamentablemente, el tribunal ha sido incapaz de buscar un consenso entre los siete magistrados, de los cuales cinco son de sensibilidad conservadora y dos, del ámbito progresista. Las dos magistradas consideradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, han anunciado votos particulares. La división y la sensación de prisa hacen un pésimo servicio a la imagen del poder judicial. Este caso tuvo una raíz política evidente desde su origen, pues fue promovido desde la Comunidad de Madrid contra un alto cargo judicial tomado como si fuera un miembro del Gobierno. Una sentencia por unanimidad, de una claridad incontestable para que la entiendan los ciudadanos, podía haber contribuido a mitigar la sensación generalizada de politización en la justicia. El caso continuará en el Tribunal Constitucional si, como es previsible, García Ortiz recurre en amparo.

La condena penal contra un fiscal general del Estado en ejercicio es una sacudida institucional sin precedentes en España. Es posible que una dimisión (para evitar la tensión institucional, no como reconocimiento de culpa) hubiera atemperado este vendaval, pero en cualquier caso quienes celebran hoy una victoria política deben pensar en el precio que van a pagar las instituciones. Los precedentes creados por este caso, desde la falta de pruebas de cargo hasta una instrucción más que dudosa, afectarán a todo el sistema de justicia español durante mucho tiempo.