El fiscal defiende su inocencia, la UCO “infiere” su culpa

Álvaro García Ortiz se despojó de la toga antes de descender del estrado que ha compartido en los últimos días con los abogados del Estado y los fiscales. Ya trajeado de civil, se sentó en el sillón frente a los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que lo juzga por revelación de secretos. Ese mismo asiento lo habían venido ocupando los testigos convocados en los últimos días, pero ver ahí al fiscal general del Estado, ya sin los atavíos del cargo, ofreció este miércoles, por primera vez desde que comenzó el juicio, la imagen física de un hombre en el banquillo de los acusados.

En los 90 minutos siguientes, García Ortiz desgranó su versión de los hechos que le llevaron hasta allí. Volvió a negar que hubiese filtrado a la prensa el correo en que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba su fraude a Hacienda ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Y justificó toda su actuación como un intento de preservar la honorabilidad de la Fiscalía frente a las “insidias” y “calumnias” puestas en circulación por el entorno de la presidenta madrileña.

Antes de su alegato de inocencia, García Ortiz tuvo que encajar el único testimonio de todo el juicio que lo ha señalado claramente como culpable. Lo presentaron los agentes de la UCO, que comparecieron encabezados por el jefe de su área de delincuencia económica, Antonio Balas. No es que esa unidad de la Guardia Civil, ya habitual en todos los grandes escándalos del país, encontrase la prueba de cargo que nunca ha aparecido. Pero, como ya había hecho en los informes aportados durante la instrucción, concluye que el filtrador fue García Ortiz basándose en “inferencias”. Coincidencias temporales, básicamente. El interrogatorio de la abogada del Estado Consuelo Castro al equipo de Balas ofreció uno de los momentos culminantes de este histórico juicio. Castro trató de desmontar las conclusiones de los guardias civiles repitiendo con sorna la palabra “inferencias” mientras se esforzaba en mostrar que eran solo “interpretaciones”. En medio del forcejeo dialéctico, Balas, irritado por verse en cuestión, resumió así el elemento fundamental en que se apoya para culpar al fiscal:

-Todo lo que ha sido filtrado ha sido después de estar en poder de la Fiscalía General del Estado.

-De la Fiscalía General y de 600 personas más- le ha replicado Castro aludiendo a que los documentos en cuestión estaban depositados en diversas direcciones genéricas de correo electrónico de las Fiscalías y la Abogacía del Estado.

La declaración de García Ortiz cerró la fase testifical de un juicio que quedará este jueves visto para sentencia después de que las partes personadas expongan sus informes finales. Se daba por hecho que el fiscal no se sometía a los interrogatorios de las cuatro acusaciones populares, pero persistía la incógnita de si lo haría ante el abogado que representa a González Amador. Lo evitó. Y lo justificó porque la pareja de Ayuso ha sido “desleal” en la querella presentada contra él. Como ejemplo, adujo que le pide una indemnización de 300.000 euros y ni siquiera invoca la posible responsabilidad civil subsidiaria del Estado en caso de impago. Aunque se declaró dispuesto a responder a cualquier pregunta que le planteasen los miembros del tribunal, ninguno se dio por aludido. Así que García Ortiz fue hilando su versión a partir de las preguntas de uno de los abogados del Estado que ejercen su defensa, José Ignacio Ocio.

El interrogatorio, obviamente, fue de guante blanco. El letrado aprovechó para que el máximo responsable del Ministerio Público se defendiese de algunos de los elementos que se han presentado como indicios para encausarlo. El más repetido, el borrado de sus dispositivos electrónicos. En ese punto desmintió que hubiese eliminado el 16 de octubre de 2024, en el momento en que el Supremo lo imputó, los mensajes y comunicaciones de los días del mes de marzo anterior, cuando sucedieron los hechos. Así se insinuaba en uno de los informes de la UCO. García Ortiz sostuvo que por razones de seguridad siempre borra “periódica y sistemáticamente” el historial de sus terminales electrónicas. Y que los mensajes de esos días que las acusaciones presentan como destrucción de pruebas estaban suprimidos desde meses anteriores. La defensa había llevado previamente a dos peritos informáticos que certificaron que es imposible determinar “qué, cuántos y en qué fecha” fueron eliminados los distintos mensajes.

El acusado también se quejó de que la UCO hubiese reseñado que canceló su cuenta de Gmail en la que había recibido el correo supuestamente filtrado la noche del 13 de marzo de 2024. García Ortiz manifestó que esa cuenta estaba perfectamente operativa cuando la Guardia Civil registró su despacho, el 30 de octubre del pasado año. Es más, los agentes consignaron esa dirección electrónica en uno de sus informes al juez instructor. Ese informe, parte de este caso que ha puesto un celo inusitado en investigar una filtración, fue a su vez filtrado. A raíz de esa divulgación, agregó, empezó a recibir mensajes amenazantes -mostrados en las pantallas de la sala de juicios- y decidió cerrar la cuenta.

El abogado también le sirvió en bandeja que se defendiese de algunas de las acusaciones contra él de la fiscal superior de Madrid. Almudena Lastra declaró la pasada semana que había espetado a García Ortiz “has” o “habéis” -no recuerda exactamente cómo- “filtrado el correo” y que él se desentendió: “Eso ahora no importa”. El fiscal dijo que no conserva memoria de esa conversación y que la propia Lastra no la comentó cuando prestó declaración por primera vez ante el Tribunal Superior de Madrid. En su anterior testimonio ante el juez instructor, García Ortiz había dejado caer que Lastra le profesa “animadversión”. Ahora afirma que se arrepiente de haberlo manifestado. Pero al mismo tiempo no dejó de reseñar la “actitud obstruccionista” de esta frente a sus instrucciones para desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

El acusado sostuvo que su única “obsesión” en aquellos días de marzo fue “defender la actuación absolutamente impecable” de sus subordinados de la Fiscalía de Madrid en la denuncia contra el novio de Ayuso por defraudar 350.000 euros a Hacienda. Una “respuesta institucional” frente a las falsedades de Rodríguez sobre las negociaciones de González Amador con la Fiscalía y las declaraciones de la propia presidenta madrileña, que lo atribuía todo, subrayó García Ortiz, a una “persecución política”. Para sus últimas palabras eligió una sentencia que, según contó, le había dicho alguien en el pasillo antes de entrar: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”.

Antes de la declaración del acusado, a primera hora de la tarde, la vista había estado acaparada toda la mañana por la comparecencia de los agentes de la UCO. Tanto de los que participaron en el registro de diez horas al despacho de García Ortiz como los que elaboraron los informes para el juez a partir de las comunicaciones interceptadas a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Las acusaciones, que habían salido la víspera con las manos vacías, se encontraron este miércoles con un gran regalo. Hasta ahora no se había escuchado un testimonio que señalase tan directamente al acusado como el expuesto por el grupo de tres peritos de esa unidad de la Guardia Civil, encabezado por el teniente coronel Balas.

La defensa ha pedido al tribunal la nulidad del registro en el despacho del fiscal, alegando que vulneró derechos fundamentales y que no estaba motivado. Con ese propósito expuso ante los peritos que el juez instructor, Ángel Hurtado, había pedido incautarse de las comunicaciones entre el 7 de marzo y el 30 de octubre de 2024, pero la UCO se las llevó todas. Los agentes señalaron que técnicamente no era posible hacerlo de otra manera y que en el análisis posterior se ciñeron al plazo establecido. Cuando la abogada Castro preguntó a Balas si habían pedido autorización al juez para saltarse el límite temporal, este confesó: “No lo recuerdo”.

Entre Castro y Balas saltaron chispas. El teniente coronel no dudó en atribuir al fiscal no solo la filtración que ahora se juzga, sino la noticia inicial de la denuncia contra el novio de Ayuso. ¿Su argumento? Que en ambos casos los medios lo publicaron después de que los documentos llegasen a la Fiscalía del Estado. Fue cuando Castro le repuso que muchas otras personas podían tener acceso a esos mismos documentos. Y le preguntó por qué no habían investigado en los correos genéricos donde se habían depositado. “Porque no hacemos investigaciones prospectivas”, replicó Balas. El público, compuesto mayoritariamente por fiscales próximos al acusado, estalló en una carcajada.

Balas situó la filtración en la nota publicada en la web de la Cadena SER a las 23,51 del 13 de marzo, que por primera vez incluía citas textuales del dichoso correo. El autor de la información, Miguel Ángel Campos, niega que su fuente fuese García Ortiz. La UCO sostiene lo contrario y concede relevancia a que en el registro de llamadas del fiscal figure una de Campos con una duración de cuatro segundos. El periodista cree que debe corresponder al salto del buzón de voz, porque, según testificó, García Ortiz ni respondió ni devolvió la llamada.

Al justificar cómo había deducido la autoría de la filtración, el jefe de la UCO se refería indistintamente a la institución, la Fiscalía General, o a su máximo responsable. Castro le preguntó entonces en qué se basaba para personalizarlo en García Ortiz. Respondió con otra inferencia: “En que la Fiscalía es una institución jerárquica”.