La defensa del fiscal general ataca “las inferencias” de la UCO y los agentes aseguran: “No hacemos investigaciones prospectivas”

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que han intervenido en la investigación que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado han derivado en un tenso enfrentamiento entre estos y la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz. La abogada Consuelo Castro ha centrado su intervención en detallar “las inferencias” a las que llegó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para señalar al fiscal general como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para explorar la posibilidad de un pacto para obtener una rebaja en la pena a cambio de admitir dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que se encuentra ya procesado.

Los agentes de la UCO han defendido dos cosas: que el fiscal general tenía el “dominio a todos los niveles” de toda la información sobre Alberto González Amador y que esa información -el expediente tributario, el correo, y que se iba a emitir una nota por parte del ministerio público- solo se filtraba una vez que ya había pasado por la Fiscalía General del Estado. “Muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla”, han señalado los agentes.

Castro ha incidido en las omisiones de los informes de la UCO. Ha preguntado, por ejemplo, por qué centran las sospechas en García Ortiz si a la denuncia del ministerio público contra González Amador tenían acceso más de 500 personas y al correo cuya filtración se investiga, al menos 16 solo en la Fiscalía. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas” ha respondido el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, -lo que ha provocado algunas risas en la sala, a la que habían acudido algunos fiscales en apoyo de García Ortiz-. “Primero hay un elenco de personas que se van decantando a una concreta”, ha continuado el agente, que ha justificado entonces esa deducción en que la Fiscalía es una “institución jerarquizada” en la que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción”.

Los 11 agentes de la UCO han sido los últimos de los 40 testigos citados a declarar en el juicio a García Ortiz y la última oportunidad de las acusaciones para intentar demostrar lo que hasta ahora no ha quedado probado en el juicio: que el fiscal general haya sido el autor de la filtración que se investiga. El resultado de estas comparecencias ha arrojado dos evidencias. La primera, que la UCO no está segura de que fuera el fiscal general quien filtró el correo. Y la segunda, que el instituto armado ha focalizado en él sus sospechas desde el inicio de la investigación y las mantiene —al concluir que todo el material que llegaba a la cúpula del ministerio público acababa filtrado, aunque realmente no es así—. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han afanado en poner de manifiesto que la conclusión de los agentes no ofrece base suficiente para condenar a García Ortiz.

La defensa se ha centrado en el informe elaborado por la Guardia Civil tras analizar los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este atestado es el que vertebró gran parte de la instrucción porque García Ortiz borró el contenido de sus dispositivos y los agentes no hallaron información al analizarlos. En ese informe, la UCO acota la filtración a un grupo de cinco personas en las que concurren dos circunstancias: que tenían el correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara en su página web a las 23.51 y que sabían que la Fiscalía preparaba una nota de prensa sobre su actuación en la denuncia contra González Amador, un detalle que recogía la noticia de la SER.

—¿Por qué dan ustedes por supuesto que la persona que filtró el correo tiene que ser la misma que le dijo a la SER que se iba a dar una nota de prensa?—, ha preguntado la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y el resto [la nota] es una cosa que nadie conoce, ha señalado un agente.

El informe recoge que esa doble condición —tener el correo y saber que se preparaba una nota de prensa— que tenía que concurrir en el filtrador “solamente se da primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en esta”. Y dentro del ministerio público, según los agentes, las sospechas pueden “circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.

“Ustedes concluyen que esas dos circunstancias se dan en cuatro personas y una institución. Pero piden al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, ha advertido la abogada del Estado, que ha preguntado a los agentes por qué no reclamaron analizar los teléfonos del resto. “Porque sobre esta persona es sobre la que tenemos más indicios y porque la Fiscalía está jerarquizada”, ha insistido el agente.

Durante las declaraciones de los miembros de la UCO, que han alegado no recordar algunos extremos por los que les preguntaban, se ha visto varias veces a García Ortiz negar con la cabeza e incluso pronunciar algunas palabras de rechazo tras las afirmaciones de los agentes para incriminarle. El momento en el que se ha visto al fiscal general más molesto ha sido cuando uno de los guardias que participó en el registro de su despacho ha asegurado que García Ortiz les dijo que había cambiado de teléfono móvil poco antes y que el anterior lo había “destruido”. “Me llamó la atención esa palabra”, ha asegurado el agente, mientras la señal de televisión del Tribunal Supremo enfocaba al fiscal general diciendo: “Yo no dije eso”. “¿Hicieron constar eso en el acta del registro?“, ha preguntado la abogada del Estado. ”No", ha contestado el guardia.

Los registros de los despachos de García Ortiz y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en la causa durante varios meses), han acaparado gran parte de los interrogatorios a los agentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que pretenden que el tribunal anule esas actuaciones. Para ello, han intentado constatar que la orden judicial en la que se basaron y la propia actuación de la Guardia Civil al volcar el contenido de los teléfonos y ordenadores fueron “desproporcionadas”.

El abogado de González Amador había pedido que se intervinieran las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había reclamado el cruce de correos entre García Ortiz y Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y aquellos mensajes que incluyeran el siguiente texto: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo y cuya filtración a los medios de comunicación considera delictiva el Supremo.

Pero el auto firmado por Hurtado autorizaba a “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de todo el contenido entre el 8 de marzo y el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, ha recalcado el fiscal Javier Montero. Días después, el instructor se corrigió y le dijo a la UCO que solo analizara el contenido de entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes ya lo habían volcado todo. Lo hubieran hecho así de cualquier modo, han asegurado, porque “técnicamente” no se puede clonar solo una parte, ha asegurado uno de los agentes, aunque otros han precisado que en algunos dispositivos sí puede seleccionarse lo que se copia, pero es muy laborioso y llevaría demasiado tiempo.

Antes de dar por terminada la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha preguntado: “Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar. ¿Para ordenadores la mecánica es la misma?“. ”Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre se puede. Lo normal, y teniendo en cuenta la buena fe de nuestro trabajo, es hacer copia completa y luego expurgarlo", ha contestado uno de los agentes.