El debate | ¿Debe la policía informar del lugar de origen de los detenidos?

La policía vasca ofrece, desde este mes, un dato nuevo sobre los arrestados: la zona geográfica —no la nacionalidad— de la que proceden. Es decir, se sabrá si un detenido es magrebí, latinoamericano, europeo, asiático o subsahariano. Esta decisión del Gobierno vasco, en manos del PNV, convierte a la Ertzaintza en la primera policía del país en facilitar estos datos.

En plena efervescencia del discurso xenófobo y racista, la decisión es muy compleja. Por un lado, la ultraderecha utiliza la asociación entre extranjeros e inseguridad ciudadana para inculcar el miedo a los inmigrantes y alimentar el odio al diferente. Por otro, la desinformación es la una herramienta antidemocrática y un favor a quienes manipulan la realidad.

Posicionarse requiere conocimiento y reflexión, los recursos de una sociedad madura para decidir en democracia. Dos expertos, Jordi Mir García y Youssef M. Ouled, razonan sus puntos de vista diferentes.

Una herramienta contra la desinformación

Jordi Mir García

Los españoles tienen que cumplir la ley”. ¿Imaginamos al líder de la oposición en el Congreso de los Diputados reclamando que la ciudadanía española cumpla la ley? Diciéndolo de tal manera que se pueda entender que no la están cumpliendo. Cuando Alberto Núñez Feijóo presentó propuestas del Partido Popular para endurecer las políticas migratorias, a finales de septiembre, habló en estos términos: “Los que vienen tienen que cumplir la ley y si no, serán expulsados”. En muchas intervenciones que escuchamos, en diferentes ámbitos, parece asumirse que las personas migrantes son delincuentes. Las personas españolas, no; pero las extranjeras, sí.

No son discursos nuevos, es ancestral la identificación de lo malo e indeseable con lo extranjero que no es compartido. Pero seguramente el crecimiento de posiciones políticas que han decidido convertir a las personas migrantes en una víctima expiatoria de nuestros males que puede ser estigmatizada, atacada, criminalizada, tiene mucho que ver con el periodo que estamos viviendo. Donald Trump, en Estados Unidos, ha ganado elecciones afirmando una y otra vez que las personas migrantes van al país a delinquir, a violar, a asesinar, incluso acusó a inmigrantes en Springfield (Ohio) de comerse los animales de compañía. Esto último lo dijo en el único debate electoral que tuvo con Kamala Harris. Lejos de ser un chiste, se trataba de una afirmación seria que causó graves altercados en el municipio al que hizo referencia y en otros lugares.

Es necesario tener presente el momento que vivimos al plantearnos que una fuerza policial informe de la nacionalidad de las personas que cometen delitos. ¿Qué ocurrirá cuando se informe de un delito cometido por una persona inmigrante? No es difícil imaginar que esta información real puede ser utilizada para generar discursos parecidos a los citados. Si ya se están generado estos discursos sin datos reales, ¿qué no pasará cuando se tengan los datos?

Efectivamente, hay personas inmigrantes que han llegado a España que cometen delitos. De la misma manera que hay personas con la nacionalidad española, de toda la vida, que también los cometen. En las cárceles de aquí, según los datos oficiales, 7 de cada 10 personas internas son españolas y 3 de cada 10 son extranjeras. Son hombres 9 de cada 10 y 1 de cada 10, mujeres. No escuchamos discursos que conviertan en sinónimo hombre y delincuente como sí ocurre con inmigrante y delincuente. Y los datos reales son los que son.

Tener hoy el debate sobre la información de la nacionalidad no puede obviar el contexto en el que nos encontramos y cómo puede impactar tomar una decisión u otra. Plantearse ahora informar de la nacionalidad tendría que tener mucho que ver con un doble ejercicio. De transparencia, por un lado, ya que es siempre necesaria en una sociedad que se quiera democrática. Y ejercicio de enfrentarse a la desinformación, porque no podrá ser democrática una sociedad en la que la desinformación tenga la capacidad de influir en nuestras decisiones. No podemos ser personas libres si estamos desinformadas.

Informar de la nacionalidad puede ayudar para intentar avanzar, en este contexto, en la construcción de una sociedad democrática. Pero eso no se logrará simplemente haciendo pública esta información. Tendremos que conseguirlo generando el conocimiento que puede contraponerse y acabar con la desinformación. No basta el dato de la nacionalidad. Habrá que analizar y explicar otras realidades que no tenemos en forma de dato oficial y que tienen mayor complejidad. Por ejemplo, ¿cómo influyen la edad, la clase social o las condiciones materiales de vida en la delincuencia, los tipos de delitos y las penas recibidas? Pero, de entrada, habrá que comprometerse a no engañar estableciendo una relación de causalidad, que no existe, entre persona inmigrante y persona que delinque.

Los datos hacen el juego al discurso racista

Youssef M. Ouled

Desde hace años, organizaciones sociales y colectivos antirracistas demandan a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la recogida de datos desglosados por raza y etnia para combatir una práctica discriminatoria y estigmatizante como lo son los controles policiales basados en perfilación racial. Es decir, la realización de labores de parada e identificación, no tanto en base a indicios razonables, sino motivadas por criterios étnico-raciales.

Hablamos de una forma policial de actuar denunciada por organizaciones y colectivos sociales de prácticamente todos los lugares del Estado, como evidencia un manifiesto impulsado este año bajo el título Parad el racismo y no a las personas, el cual suma cerca de 300 adhesiones. Una denuncia apoyada por organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, que lleva más de una década alertando a España sobre el impacto negativo de estas actuaciones discriminatorias y reclamando a nuestro país implementar mecanismos para combatirla. De hecho, hace menos de un mes, el Consejo de Europa instó a España a crear un registro nacional de controles policiales para prevenir esta práctica discriminatoria.

Registros que el Defensor del Pueblo recomienda a las diferentes policías locales, autonómicas y nacionales desde 2014, materializados en unos formularios a cumplimentar por los agentes durante el ejercicio de sus funciones, que no solo obligan a motivar las actuaciones policiales con evidencias e informaciones objetivas, sino que necesariamente recojan datos desglosados por raza y etnia de las personas paradas e identificadas. Todo con la finalidad de obtener información objetiva de la labor policial y medir el sesgo denunciado, pero también permitir redistribuir mejor los recursos policiales y aplacar las consecuencias negativas que estas actuaciones tienen sobre población no blanca.

No obstante, la respuesta todos estos años a esta demanda por parte de las diferentes policías y departamentos de seguridad ha sido desoír a la sociedad civil, a la población afectada y a los diferentes organismos que lo solicitan.

En este escenario, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco anuncia de manera inédita y excepcional no solo que se va a informar del ámbito geográfico de los detenidos, sino que lo hace así porque informar de la nacionalidad es estigmatizante, como si llamar a una persona magrebí en lugar de marroquí tuviera menor impacto criminalizador a nivel racial. Y lo hace en contra del criterio de la sociedad civil y sin que ningún organismo u organización supranacional lo haya recomendado, sino desde la necesidad partidista de disputar el terreno político a una derecha y a una ultraderecha que tienen entre sus principales estrategias la criminalización racial.

Hablar del ámbito geográfico de los detenidos en un contexto de racismo estructural donde, como señalamos, la policía actúa condicionada por un sesgo, es hacerle el juego a quien asocia raza y crimen. Especialmente si hablamos de personas que no han sido procesadas ni juzgadas. Dos ejemplos recientes permiten ver esto último. Uno de ellos es la detención bajo acusación de enaltecimiento del terrorismo del influencer Noureddin El Yemlahy; el otro es la detención de Abarrafía H., acusado de intentar quemar a una menor en Las Palmas. Ambos absueltos posteriormente por la justicia, si bien la criminalización de los magrebíes —concepto que quiere emplear el Gobierno vasco— ya se había producido a todos los niveles.

Tampoco es baladí el momento en el que se produce esta decisión del Gobierno vasco. A escala global, asistimos a una ola ultra que contamina el espectro político mediante una narrativa que asocia de forma explícita migración y delincuencia. Las administraciones e instituciones del Estado, lejos de hacer el juego a quienes buscan profundizar las brechas sociales, la desigualdad y la discriminación, deberían prestar atención a una sociedad civil organizada que lucha contra el racismo, por una sociedad mejor.