Ya no te veré en el oncólogo

Ay, amigos. Solíamos creer que la sanidad pública era un gran factor de cohesión y, la educación, un potente ascensor social en el que bastaba apretar el botón: el nivel 1 te llevaba a la escuela; el 2, al instituto o la FP; el 3 te dejaba directo en la universidad y, el 4, en el infinito y más allá, allá donde te pusiera tu valía. Ambos pilares —sanidad y educación— sostenían el Estado de derecho y un sueño de igualdad que funcionó durante décadas en España. Podíamos nacer en Villaverde o Moncloa (Madrid), en Las Tres Mil Viviendas de Sevilla o en El Sardinero de Santander, pero, si venían mal dadas, todos nos íbamos a encontrar ante el mismo oncólogo. Mientras, nuestros hijos educados en la escuela y en la universidad públicas podían aspirar al mismo desarrollo profesional que los ricos de cole privado.

Hoy, el sueño se ha roto.

Después de los recortes de 2010 y de la austeridad, la sanidad pública quedó tan tocada que la pandemia solo socavó un poco más las carencias muy evidentes. Primero fue la atención primaria, con citas cada vez más tardías. Después, los especialistas: ay de ti si necesitabas dermatólogo o una cirugía menor. Pero mientras eso pasaba, seguíamos confiando en que los hospitales públicos iban a ser el mejor destino en caso de cáncer o de una enfermedad grave. Para ricos y para pobres.

Ya no es así. Los mitos fundacionales de nuestro Estado de bienestar se tambalean. Como en una película de terror en la que se superponen los miedos, el cáncer ya no es el único peligro que asusta a una mujer en Andalucía porque hay uno peor: el silencio y la inacción del servicio médico en caso de duda es el verdadero pánico al que se enfrentan las mujeres.

El PIB crece y nos pone a la cabeza del mundo desarrollado, como nos recuerda cada día el Gobierno, pero la sanidad en algunas comunidades sigue infradotada. La desigualdad aumenta y los ricos pagan sanidad privada mientras los pobres se conforman con un sistema público cojo. Es lo que hemos conseguido.

Por el camino, también falla el Estado autonómico cuando se convierte en refugio de resistencia y opacidad por parte de las comunidades del PP que se niegan, por ejemplo, a facilitar información sobre sus cribados; falla cuando una presidenta autonómica insumisa apela a irse a abortar a otro lado; y falla cuando entre los vericuetos de las competencias se cuelan derechos constitucionales como el del acceso a la vivienda. Ay, amigos.