Polémica inútil sobre las cenizas

Con 15 grandes incendios forestales todavía activos y buena parte de la mitad norte del país en un nivel de riesgo muy alto o extremo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zonas catastróficas de las áreas quemadas por las tres graves oleadas de fuegos que España ha encadenado desde finales de junio. No había un asunto más urgente sobre la mesa el Gobierno en su primera reunión del nuevo curso que habilitar la vía para que las decenas de miles de afectados por esos siniestros puedan recibir cuanto antes las ayudas directas y las exenciones fiscales previstas por la normativa.

Los datos de Interior retratan una de las mayores catástrofes medioambientales de este siglo, concentrada además en menos tiempo. Entre el 24 de junio y el pasado lunes, el periodo considerado por el Gobierno para la declaración de catástrofe, se han registrado 114 incendios que afectado a 16 comunidades (todas menos el País Vasco, y Ceuta y Melilla). Literalmente, España ha ardido. La superficie quemada se acerca a las 401.000 hectáreas, según los datos provisionales del sistema europeo EFFIS. Solo esos dos meses suponen la peor temporada de incendios en tres décadas. Una tragedia que se cifra también en daños personales, los peores (ocho fallecidos y un número de heridos aún por cuantificar), y multimillonarias pérdidas materiales. Aún quedan cuatro semanas de verano.

Si ayudar a los damnificados era lo más urgente, justo a continuación viene analizar con seriedad qué se podía haber hecho mejor en todos los niveles. El cruce de acusaciones no puede evitar el análisis riguroso y la extracción de lecciones. Una situación similar se va a repetir en un futuro que puede ser el próximo verano, o la próxima semana. Por ello, y por la conmoción de todo un país ante un drama todavía no resuelto, es lamentable que la primera jornada de vuelta al curso político sirviera para enconar aún más una pelea política desatada contra el Gobierno por el PP, que gobierna, y por tanto tiene las competencias de emergencias, en las comunidades más afectadas. En este asunto, el PP no es la oposición, sino el gobierno.

Hasta ahora, la respuesta del PP tanto en el nivel autonómico como en sus portavoces nacionales coincide en negar lo principal, que es la coincidencia entre los incendios más devastadores y una de las peores olas de calor desde que hay registros. Es una actitud irresponsable, si no fuera porque cuesta vidas. La emergencia climática estuvo ausente de la batería de 50 medidas que presentó el lunes Alberto Núñez Feijóo para adelantarse al Consejo de Ministros. La medida estrella es una nimiedad como crear un registro nacional de pirómanos con pulseras, a partir de una mezcla de datos imprecisos sobre el porcentaje de incendios “intencionados” que las estadísticas desmienten (en 2023, el 7,6% de los fuegos fueron intencionados). No es la primera vez que echa la culpa de los incendios a un “terrorismo incendiario” que nunca nadie ha demostrado. Feijóo no contestó la pregunta clave en un político que se presenta como alternativa de gobierno: qué hubiera hecho él en La Moncloa en esta situación. Por ejemplo, si hubiera despojado a los presidentes autonómicos del mando contra los incendios para asumirlo él.

Es indispensable disminuir una bronca que no aporta nada a quienes han perdido sus medios de vida y ni siquiera beneficia políticamente a quienes lo promueven. Los ciudadanos se dan cuenta cuando alguien manipula el sufrimiento. La crisis climática no es una cuestión de ideología, sino de supervivencia.