Un golpe de efecto con poca utilidad: el registro de pirómanos, visto por forestales y juristas

De las 50 medidas antiincendios que presentó este lunes Alberto Núñez Feijóo, la primera que desgranó iba dirigida contra una figura fácil de identificar, de señalar, de recordar: el pirómano. “Proponemos —explicó el presidente del PP— crear un Registro Nacional de Pirómanos del que formen parte todas las personas condenadas, mediante sentencia firme, que hayan producido un incendio. Este registro conllevará la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización”. ¿Ataca esta medida estelar el cogollo del problema? Expertos en incendios forestales y derecho penal creen que el anuncio, con el que el PP logró un golpe de efecto en medio de una crisis que aún no ha terminado, desenfoca el debate sobre el fuego y tendrá escaso impacto y dificultades de aplicación. Las estadísticas oficiales indican además que la intencionalidad, que el PP presenta como principal factor causante de los incendios, deja sin explicar la mayoría de ellos. La distorsión es aún mayor al focalizar ahora el PP la culpa en los “pirómanos”, personas con trastorno mental que causan un porcentaje mínimo de los fuegos.

El líder del PP, que ha afirmado en dos ocasiones durante esta crisis de incendios que el 80% de los fuegos forestales son “intencionados”, había apuntado hasta ahora contra los “incendiarios”, llegando a alertar de la existencia de un fenómeno de “terrorismo incendiario”. Este lunes cambió el lenguaje, poniendo el foco en los “pirómanos”. La piromanía no es un delito en el Código Penal, pero sí tiene una definición en el Diccionario de la Real Academia Española: “Tendencia patológica a la provocación de incendios”. Así que no es lo mismo “incendiario” que pirómano. Si el primero incendia siguiendo un plan en busca de beneficio, el segundo sufre un trastorno mental que lo empuja. EL PAÍS preguntó al PP si su registro incluirá solo a los “pirómanos” o a todos los que provoquen incendios deliberadamente. La respuesta fue: “Incluirá a toda persona condenada en firme por delitos relacionados con incendios forestales”. Ante la insistencia para un mayor detalle, un portavoz del PP se remitió a un futuro “desarrollo” de la medida.

Incluya lo que incluya el registro, la intencionalidad no es una causa principal del fuego en España. Menos aún, la piromanía en concreto. A falta de datos de condenas del Consejo General del Poder Judicial —que explica a través de un portavoz que no dispone de esas cifras—, la principal fuente es el Ministerio del Interior. Su última memoria, con datos de 2023, señala que la Guardia Civil tuvo conocimiento aquel año de 2.944 incendios. De ellos, 225 fueron “intencionados”, un 7,64%. De esos, los ocasionados por “pirómanos” fueron 15, lo que supone un 6,6% de los intencionados y un 0,5% del total. En cuanto a los “incendiarios”, causaron 17, un 7,5% de los intencionados y un 0,57% del total. Otros fuegos intencionados obedecieron a “intereses” y “conflictos ganaderos” (55), a “ahuyentar animales” (13), a “vandalismo” (12), a “intereses” y “conflictos agrícolas” (10) y a “venganza” y “odio” (6), entre otros. La mayor cantidad (92) entra en un genérico “otros”.

Los datos de la Fiscalía General del Estado no permiten saber cuántos incendios son provocados por pirómanos, pero sí que los intencionados son minoría. En 2024, el porcentaje de incendios presuntamente intencionados, dentro de los investigados como posibles delitos, se quedó en el 24,18%. Es decir, incluso contando solo los incendios con posible trascendencia penal —o sea, dejando fuera los de origen natural, los causados por negligencias y accidentes sin relevancia penal, las reproducciones de incendios anteriores o los de causa desconocida—, los intencionados son claramente minoritarios.

El informe Los incendios forestales en España. Decenio 2006-2015, del Ministerio de Agricultura, contabiliza 131.113 incendios en ese periodo. ¿Cuántos fueron ocasionados por “pirómanos”? 3.721, un 2,83%. En este informe con datos antiguos el porcentaje de incendios considerados “intencionados” es más alto, un 52,7%. La explicación es que los casi 70.000 intencionados incluyen los que tuvieron su origen en fuegos originados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas (19.641) y por pastores y ganaderos para regenerar el pasto (15.563), que suman más de la mitad.

Recelos y dudas

La propuesta del PP, tal y como fue presentada, suscita recelos en los ámbitos de la gestión forestal, el derecho penal e incluso el cuidado de la salud mental. “El pirómano es un perfil que representa solo una pequeña parte de los incendios intencionados, que a su vez son solo una parte del problema de los incendios, mucho más amplio y con muchas más aristas”, señala María Melero, técnico del Programa de Bosques de WWF, para quien el enfoque punitivo es insuficiente. “Lo imprescindible es lograr un gran consenso político para atajar el problema trabajando a medio plazo en la prevención, actuando sobre el paisaje, el uso de los bosques, la vida de los pueblos...”, añade. Mónica Parrilla, ingeniera técnica forestal y miembro de Greenpeace, ve directamente “esperpéntica” la medida de crear un registro de pirómanos, por lo anecdótico de este trastorno mental dentro del fenómeno de los incendios.

Desde el campo jurídico, Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, pronostica escaso impacto a una medida dirigida no ya a evitar los incendios intencionados, sino los incendios que fueran a ser “deliberadamente causados por personas ya condenadas por un incendio intencionado”. Con toda la “prudencia” que exige valorar una propuesta “tan escueta”, lanza una pregunta: “¿Por qué, en vez en una medida que afecta a una cantidad tan exigua de incendios, no centrarse en atender al resto de condiciones que hacen que surjan la mayoría de los fuegos?”.

José Luis González-Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, pone en duda la “utilidad” del plan. “Ya existe un Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, público pero de acceso restringido. Si se quiere hacer algo distinto, de carácter no solo público sino accesible para todos, plantea dudas sobre una posible vulneración del derecho a la protección de los datos, además de sobre su utilidad. Decir ‘pirómano’ tal y como aparece en la propuesta no es práctico jurídicamente, porque deja fuera gran parte de los incendios dolosos o intencionados, que tienen gran cantidad de motivos: económicos, por venganzas...”, explica.

En cuanto a las pulseras telemáticas, el jurista explica que los jueces ya pueden imponerlas tanto como medida cautelar como tras una condena, por ejemplo por violencia de género. No obstante, subraya la “dificultad técnica” que supone mantener a alguien no ya lejos de una mujer protegida de un posible agresor, sino de una zona con riesgo de incendio forestal. “A efectos preventivos, tiene poco sentido. Sí podría tenerlo a efectos probatorios, si hubiera una reincidencia”, concluye.

“No diría que es una idea disparatada, pero el registro no va a resolver el problema porque parte de un presupuesto falso: que el problema de los incendios es que hay en España un grupo de personas que se dedican a quemar montes. En realidad, la mayoría de incendios son fortuitos. De los intencionados, la mayoría son por imprudencias. No existen prácticamente los incendiarios en serie. Lo que más hay son incendiarios oportunistas, que incendian un monte por algún interés específico”, señala José Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. Y por ello llega a esta conclusión: “Incluso cuando se pueda probar que alguien incendió intencionadamente un monte, someterle a libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión será más bien inútil, pues no estamos ante un pirómano en el sentido psiquiátrico de la expresión. No va a reincidir tan fácilmente”.

Además, Paredes cree que la pulsera telemática se ajusta mal a este problema. “Mientras que la violencia de género en la pareja sí es sistemática, y por consiguiente hay reincidencia más que probable, en el caso de los incendios forestales la dinámica es muy otra, por lo que aplicar medidas de libertad vigilada apenas va a tener efecto, incluso en el pequeño grupo de casos en los que se haya podido condenar por incendio doloso”, explica.

“La piromanía es un trastorno muy poco frecuente. La mayoría de las personas implicadas en los incendios no son pirómanos”, señala el psiquiatra Carlos Losada, portavoz de la Sociedad Española de Psicología Clínica, que afirma que ni él ni ningún colega que conozca ha atendido nunca a una persona con esta patología. “Quizás el sitio más rentable en el que hacer los esfuerzos no sea en perseguir a personas con problemas mentales”, añade Losada.

Falta de concreción

El resto de medidas que propone el PP en materia de prevención, como crear un Fondo Forestal Nacional, “incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes” o “garantizar medios suficientes para el refuerzo en la lucha antiincendios mediante una dotación presupuestaria adecuada” no tienen concreción. Otras, como el impulso a la llamada agricultura del carbono (que los agricultores puedan cobrar por el mantenimiento de superficies vegetales que retengan el dióxido de carbono), o que los Fondos NextGen incluyan una partida para incendios, ya están en marcha.

“En general, se trata de un documento bastante flojo y que no va a atajar la raíz del problema”, sostiene Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida y miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. “En muy pocos puntos se habla de la tan necesaria prevención”, añade. Y advierte: “Algunas medidas tienen un carácter netamente populista y son más efectistas que efectivas, como el registro de pirómanos”.