Un día para la infamia

El 9 de agosto, estuve en Parliament Square y fui testigo del mayor arresto masivo en un solo día en la última década en el Reino Unido. La Policía Metropolitana detuvo a 532 manifestantes pacíficos, una operación que vivirá en la infamia.

La manifestación había sido organizada por Defend Our Juries (Defended Nuestros Jurados), que había llamado a los participantes a sentarse pacíficamente en el césped de Parliament Square entre la una y las dos de la tarde, sosteniendo carteles que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action” (Acción Palestina). Los organizadores esperaban a unas 500 personas; en realidad, acudieron miles.

Esa mañana, había publicado un artículo de opinión en The Independent en el que anunciaba que estaría allí con un cartel con el texto del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”.

También cité a Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien ha advertido de que la proscripción de Palestine Action por el Gobierno del Reino Unido “parece constituir una restricción inadmisible de esos derechos, en contradicción con la obligación del Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

Cuando llegue a la una, la plaza estaba rodeada por la policía. Cientos de furgonetas de la Policía Metropolitana se encontraban alrededor de la plaza y se extendían hasta Oxford Street. Los agentes formaron cordones para impedir el ingreso, pero logré entrar. Durante casi tres horas, estuve en silencio sosteniendo mi cartel.

Los arrestos comenzaron poco después de que terminase a las dos la sentada. Los agentes se situaron para avanzar contra los manifestantes pacíficos sentados en el césped y los pocos que se encontraban en el suelo. Refuerzos policiales, incluidos agentes llegados de Gales, irrumpieron en la plaza. Los primeros en ser arrestados fueron un grupo de médicos y profesionales de la salud. De los 532 detenidos, 522 lo fueron simplemente por sostener carteles en apoyo de Palestine Action, bajo la Sección 13 de la Ley de Terrorismo, que conlleva una pena de hasta seis meses de prisión.

Las cifras son tan impactantes como las escenas que presencié. Según los datos de la propia policía, 112 de los detenidos tienen 70 años o más, y 15 de ellos 80 o más. Casi la mitad tiene 60 años o más, con una edad promedio de 54 años. La policía actuó de forma implacable contra los manifestantes. Muchos eran personas débiles, ancianos o discapacitados. Vi a sacerdotes y vicarios con alzacuellos conducidos esposados. Vi a enfermeras jubiladas y a trabajadores sanitarios del NHS (el Servicio Nacional de Salud) con sus uniformes llevados a furgonetas policiales. Uno de ellos, Nick, fue entrevistado. Cuando le preguntaron si tenía miedo, respondió con una emoción que casi me hizo llorar: “Estoy absolutamente aterrorizado. Estoy temblando. Te reconozco que antes casi lloré. La idea de hacer algo así es simplemente horrible, pero sería aún más horrible si no lo hiciésemos. Pienso que he visto cosas, no en los medios de comunicación, que nunca podré olvidar. Y si no protestamos por ello, seremos culpables”.

También vi a manifestantes judíos críticos con las acciones del Gobierno israelí que eran arrestados, junto a activistas climáticos y por los derechos humanos, incluido Chris Romberg, de 75 años, excoronel del Ejército británico e hijo de un superviviente del Holocausto. Nadie se salvó.

Una imagen se quedó grabada en mi mente: Mike Higgins, un anciano ciego en silla de ruedas, era arrastrado por varios policías mientras los manifestantes gritaban “Suéltenlo” y “Vergüenza, vergüenza”.

También presencié cómo la policía arrestaba a una mujer de 80 años con párkinson, mientras su hijo suplicaba a los agentes que no la detuviesen. El lema de la Policía Metropolitana es “Trabajando juntos por un Londres más seguro”, pero resulta difícil de entender cómo dedicar tantos recursos a reprimir una protesta pacífica y a arrestar a ancianos vulnerables puede cumplir ese objetivo.

Jonathan Porritt, asesor medioambiental del hoy rey Carlos III cuando era príncipe de Gales, calificó la política del Gobierno británico como “tácticas autoritarias absolutamente clásicas”. Y añadió: “He llegado a la conclusión de que el Gobierno británico es indiscutiblemente cómplice de este genocidio, no solo por la continua venta de armas a Israel, sino por su imprudente negativa a seguir las recomendaciones para prevenir el genocidio en lugares como Gaza”.

Así es exactamente como los Estados erosionan las libertades democráticas, no de golpe, sino con pasos pequeños y calculados, hasta que la disidencia se convierte en delito.

La decisión de prohibir Palestine Action ha sido producto de un juego político cínico. La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, metió a la organización en el mismo saco que dos organizaciones supremacistas blancas violentas —el neonazi Maniacs Murder Cult y el Russian Imperial Movement (Movimiento Imperial Ruso)— y obligó a los parlamentarios a votarlo de forma conjunta. Muchos admitieron después que consideraron que no tenían otra opción que aprobar la prohibición.

Como ha advertido Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en el Reino Unido: “Prohibir Palestine Action supone un grave abuso de poder estatal y una escalada aterradora en la cruzada de este Gobierno por restringir el derecho a protestar”.

Ha sido crucial que Palestine Action haya demostrado la complicidad del Reino Unido en la perpetración del genocidio israelí contra el pueblo palestino. Desde diciembre de 2023, el Ejército del Aire británico (la RAF) ha realizado más de 600 misiones de vigilancia sobre Gaza —algunas son actualmente dirigidas por un contratista estadounidense, Sierra Nevada Corporation— supuestamente para localizar a los rehenes en manos de Hamás, como ha informado The Guardian. Un informe reciente de Declassified UK ha revelado que el Reino Unido también ha entrenado a altos oficiales israelíes en el Royal College of Defence Studies, pese a las objeciones de varios oficiales británicos de alto rango ya retirados.

Por eso, ciudadanos corrientes —personas mayores, sacerdotes, manifestantes discapacitados— han sido criminalizados por condenar el genocidio y exigir responsabilidades. También surge la pregunta de a quién responde realmente el primer ministro Keir Starmer, si al electorado británico, a Donald Trump o al Gobierno israelí y sus lobbies.

Permítanme ser clara: condeno inequívocamente a Hamás por las atrocidades del 7 de octubre de 2023. Exijo un alto el fuego inmediato y duradero, y la liberación incondicional de todos los rehenes. Me horrorizó ver las imágenes de un rehén desnutrido. Estos crímenes exigen justicia, pero no mediante el bombardeo indiscriminado de Gaza de Norte a Sur, la matanza de civiles y la política deliberada de matar de hambre como parte de la solución final de este genocidio.

El prestigioso abogado especialista en derechos humanos Clive Stafford Smith, quien a defendido a presos en Guantánamo, ha trazado un paralelismo directo entre esta represión y medidas autoritarias tomadas en otros lugares. “Apoyar el derecho de Palestine Action a protestar no es lo mismo que apoyar a Palestine Action. Es hora de que Keir Starmer recuerde por qué existen los derechos humanos”.

Incluso conservadores como Andrew Neil, quien discrepa claramente de los objetivos de Palestine Action, han condenado por absurdo que la organización sea catalogada como terrorista, además de suponer un desperdicio de tiempo policial y de recursos públicos.

Lo que presencié el día 9 no fue el mantenimiento del orden público, sino la eliminación de la disidencia legal y el señalamiento como objetivo deliberado de personas vulnerables para enviar un mensaje escalofriante: ninguna causa está a salvo de ser criminalizada. Esta es la lógica del autoritarismo: la erosión constante de las libertades bajo el pretexto de la seguridad.

Sé cómo es el autoritarismo. Nací en Nicaragua. En 1981, en Honduras, me enfrenté a escuadrones de la muerte salvadoreños armados con fusiles de asalto M-16. Fue una experiencia aterradora que cambió el curso de mi vida y me enseñó la importancia de ser testigo. Fui a Parliament Square para apoyar a ciudadanos comunes que llamaban la atención sobre el genocidio contra el pueblo palestino y la complicidad del Gobierno del Reino Unido.

El Ejecutivo británico ha tomado un camino peligroso. El derecho a la protesta pacífica, una piedra angular de la democracia desde las sufragistas hasta el movimiento antiapartheid, está siendo atacado. El Gobierno ha confundido disidencia con terrorismo, y la policía ha actuado como ejecutor de la ortodoxia política en lugar de como guardián de la seguridad pública.

Quién hubiese imaginado cuando Disraeli dijo en 1845 que “un Gobierno conservador es una hipocresía organizada”, que sus palabras describirían tan acertadamente al actual Ejecutivo laborista.

La pregunta que debemos hacernos es simple: cuando la historia nos juzgue, ¿seremos recordados como quienes se opusieron a la injusticia o como quienes guardaron silencio?

Parliament Square el 9 de agosto no fue solo una operación policial. Fue una prueba para nuestra democracia y estamos en peligro de suspenderla.