Propuestas de la psicología social para acabar con la corrupción

Pocas pérdidas duelen tanto como la de la confianza. En el amor, en el trabajo o en la política, su quiebra deja cicatrices profundas. El golpe suele venir de una traición, del derrumbe de expectativas compartidas. Cuando esa ruptura se produce por corrupción política —y más aún en ámbitos donde la ética se proclama bandera—, el daño es devastador.

Ante este desgarro, no basta con lamentar: la psicología social tiene propuestas para desterrar la corrupción de nuestras organizaciones. Hay que rehacer, con firmeza, los cimientos que hacen posible una sociedad justa. La socialdemocracia en particular y la sociedad en general no pueden rendirse a la corrupción como si fuera un mal inevitable. Con voluntad y persistencia podemos lograr una sociedad ética e intolerante ante las corruptelas empresariales y políticas.

El contexto organizacional influye poderosamente en controlar o fomentar la corrupción, incluso de forma inconsciente. Existen estudios que indican que las empresas o partidos políticos que dejan claras las normas injuntivas —es decir, lo que se espera que se haga desde un punto de vista ético— son mucho más eficaces que aquellas que solo muestran lo que “de hecho” se hace (normas descriptivas). Un ejemplo significativo es Nueva Zelanda, donde las normas de conducta en el sector público están explícitamente definidas, reforzadas institucionalmente y vinculadas a consecuencias reales. Esto ha permitido mantener niveles muy bajos de corrupción, según certifica la propia OCDE. En cambio, el caso de Italia en los años ochenta y noventa ilustra un fracaso claro con una actitud contraria: durante el periodo conocido como Tangentopolis (ciudad de los sobornos), la normalización social de las prácticas corruptas (bajo el lema così fan tutti, todos lo hacen) erosionó las normas éticas y facilitó redes clientelares estables.

La selección de personas para cargos de decisión, sean políticos o empresariales, debe incorporar criterios científicos y éticos. El uso de test psicotécnicos especializados, entrevistas en profundidad y cribados éticos permite detectar rasgos como el narcisismo, el maquiavelismo o la psicopatía, altamente correlacionados con decisiones destructivas y deshonestas. Sabemos lo que ocurre en los partidos populistas autoritarios, donde los mecanismos de promoción interna premian justamente a quienes presentan estos rasgos, favoreciendo estilos de liderazgo centrados en la manipulación y el control. En cambio, un referente del buen hacer es Finlandia, cuya función pública incorpora criterios explícitos de idoneidad ética desde el proceso de selección, valorando actitudes prosociales y sancionando perfiles autoritarios.

Siempre hay que distribuir el poder y promover los liderazgos compartidos, empáticos y transformacionales. Refuerzan los valores colectivos y constituyen modelos éticos, por lo que debemos apostar firmemente por ellos. Es lo que hizo Islandia tras los Papeles de Panamá: se formó un Gobierno de coalición con estructuras colegiadas y estilo cooperativo de liderazgo, reduciendo la personalización del poder y mejorando la percepción ciudadana de integridad. Contrastan los casos de liderazgo autoritario que ilustran cómo la concentración de poder en una sola figura facilita prácticas corruptas masivas y la destrucción de controles institucionales.

Reducir la identidad cínica del “todos lo hacen” resulta también imperativo. Abordar estrategias de sensibilización y formación masiva en conductas prosociales y de reflexión ética, en donde se castiguen y desprecien socialmente los comportamientos indeseados. Las personas justifican sus actos corruptos mediante mecanismos como la minimización del daño o la desresponsabilización moral. Recordemos el caso de Ruanda, país que tras el genocidio implementó campañas cívicas intensivas en valores éticos, acompañadas de sanciones visibles y claras contra la corrupción. Por ello, es importante desarrollar el llamado “premortem ético”, que implica anticipar justificaciones que podrían usarse para delinquir (por ejemplo, en la financiación ilegal de partidos o en la evasión fiscal) y desmontarlas antes.

La percepción de control y rendición de cuentas reduce la probabilidad de conductas deshonestas. Por ello, hay que diseñar sistemas de evaluación transparentes, con consecuencias claras y contundentes para las decisiones, mecanismos de denuncia protegida con anonimato dentro de las organizaciones y evaluaciones constantes de ética y desempeño en todos los niveles, no solo jerárquicamente. El caso de Hong Kong, con la creación de su Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC, en sus siglas en inglés), es paradigmático: se establecieron canales eficaces de denuncia, se protegió la confidencialidad de informantes y se aplicaron sanciones ejemplares, lo que modificó radicalmente la percepción de impunidad. Otra muestra de que, cuando hay voluntad, el cambio es posible.

Nunca hay que despreciar el potencial expansivo de la maldad. Una pequeña minoría perversa puede tomar el control explícito o implícito de toda una sociedad, como sucede en los totalitarismos, y puede crear una epidemia de corrupción en gente que, en otras condiciones, no lo sería. No olvidemos que la corrupción suele generalizarse cuando las normas sociales la permiten o toleran. Por ello, la voluntad política y empresarial de erradicarla debe ser firme y continuada en el tiempo, o no se lograrán los objetivos.

Perseveremos, no dudemos, no justifiquemos, impliquemos a toda la sociedad. Y recordemos a Platón: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores”.