Las cuentas opacas de Vox

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una sanción de 50.000 euros a Vox por financiación ilegal. Es la tercera multa de este tipo que el máximo órgano fiscalizador del Estado le impone en el último año, tras examinar sus cuentas correspondientes a los años 2018 a 2020 y a falta de revisar las posteriores, por un importe total de 1.145.820 euros. Santiago Abascal ha atribuido las sanciones a una persecución política, pero lo cierto es que estas responden a incumplimientos manifiestos de la ley de financiación de los partidos. En este último caso, el tribunal ha detectado la aceptación de donaciones finalistas, expresamente prohibidas por ley. Se entiende el motivo de tal prohibición: se trata de evitar que grupos de presión condicionen las posiciones de los partidos a cambio de dinero y que se aprueben leyes que no respondan al interés general, sino al particular de los lobbies que financian a las fuerzas políticas. Es exactamente lo que se investiga en el caso Montoro, que afecta al exministro de Hacienda del PP.

Vox ha incurrido también, de manera sistemática, en una práctica fraudulenta: la recepción de múltiples ingresos en metálico a través de cajeros automáticos por un importe individual inferior a los 300 euros, para evitar la obligación de identificar a los depositantes. El partido asegura que los fondos proceden de actividades promocionales: la venta de productos de propaganda y merchandising a través de mesas informativas. Sin embargo, no ha aportado documentación que acredite estas ventas, por lo que el Tribunal de Cuentas sospecha que se pueden estar ocultando donaciones anónimas, también prohibidas por ley.

Vox puede recurrir ante la justicia ordinaria la imposición de estas sanciones si las considera injustas, pero su incumplimiento reiterado de la ley de financiación revela escaso respeto hacia una de las normas básicas del sistema democrático. En efecto, los partidos, como instrumentos fundamentales de la participación política, según la Constitución española, deben tener garantizada su autonomía e independencia respecto a los poderes económicos. Su financiación ilegal es un síntoma de corrupción sistémica.

El Tribunal de Cuentas no se ha pronunciado, sin embargo, sobre los dos préstamos que, por 14 millones de euros, ha recibido Vox del Magiar Holdingbank (MHB), una entidad bajo control del primer ministro húngaro Viktor Orbán, para sufragar sus últimas campañas electorales. Es posible que, como estimó la Fiscalía, no haya delito en recibir créditos de un banco propiedad en parte de un Gobierno extranjero que es el principal aliado de la Rusia de Putin en el seno de la UE. Pero este hecho, que Vox intentó ocultar hasta que tuvo que hacerlo público, dice muy poco de un partido que se presenta como defensor de la independencia nacional frente a supuestas imposiciones de Bruselas. La primera exigencia a cualquier fuerza política es tener las cuentas claras.