El Tribunal de Cuentas impone a Vox una multa de 862.000 euros por financiación irregular

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una sanción de 862.496 euros a Vox por haber incurrido en una infracción considerada muy grave, relacionada con el origen de las donaciones privadas que recibió durante los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. Ya en julio último el órgano fiscalizador detectó prácticas irregulares similares por parte de Vox, imponiendo a esta formación política una multa de 233.324 euros. En menos de un año, por tanto, dicho partido ha sumado en sanciones 1.095.820 euros por actuaciones prohibidas por la legislación en materia de financiación de los partidos políticos. Vox ha anunciado que presentará un recurso.

La última resolución del Tribunal de Cuentas —que ha contado con un voto particular de dos consejeros— explica que impone la mencionada sanción a Vox por haber incumplido la ley de Financiación de partidos políticos, al haber aceptado donaciones en efectivo y no identificadas. Los informes del órgano fiscalizador sobre el trienio analizado —de 2018 a 2020— ponen de relieve que Vox recibió más de 330.000 euros a través de cajeros automáticos, ingresos atribuidos a “actividades promocionales”. El Tribunal de Cuentas ya advirtió como resultado de sus primeras investigaciones que Vox estaba incurriendo en una “ausencia de controles” en sus ingresos, dificultando que se pudiera comprobar cuál era el origen real de las donaciones.

La nueva sanción impuesta a Vox es recurrible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La formación de Abascal ha confirmado que presentará dicho recurso, por estimar que la multa recibida es “injusta” y supone una incorrecta aplicación de la legislación sobre financiación de partidos. Vox sostiene que el órgano fiscalizador acabó archivando con anterioridad otras investigaciones similares sobre sus fuentes de financiación, y cree que podrá obtener en el Supremo la anulación de la actual y la sanción del año pasado.

Los informes del Tribunal de Cuentas, sin embargo, subrayan que “no se ha podido verificar la naturaleza de los registros contables en concepto de ingresos por actividades promocionales que han ascendido a 311.947,05 euros en 2019, al no haberse aportado justificantes de los mismos”. Se añade a este respecto que dicho saldo “ha sido recaudado en efectivo a través de ‘mesas informativas’ e ingresado en las cuentas bancarias de la formación mediante sucesivas entradas por cajero automático”. El órgano fiscalizador también destaca que “la formación no ha aportado documentación justificativa que permita verificar el importe de las correcciones realizadas sobre el saldo contable de los ingresos obtenidos por la formación en concepto de cuotas de afiliados, aportaciones y donaciones”, y que “estos ajustes han supuesto un incremento en las aportaciones por 165.531,24 euros y una minoración en las cuotas de afiliados por 81.578,69 euros y en las donaciones por 83.952,55 euros”.

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas toma la decisión de sancionar la conducta de Vox habida cuenta de que “el registro contable de los ingresos de origen privado se realiza mediante asientos de importes agregados que dificultan la identificación de la procedencia individual, naturaleza y seguimiento de este tipo de ingresos, así como la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable a los mismos”. A este respecto, la ley de Financiación de partidos políticos prevé que éstos “podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta ley”. Y añade que “las donaciones recibidas conforme a lo dispuesto en esta ley, que tendrán carácter irrevocable, deberán destinarse a la realización de las actividades propias de la entidad donataria”.

En el conjunto de los tres años analizados, y por diversos conceptos, la cantidad ingresada por Vox a través de cajeros fue de más de 434.000 euros. Esta cifra es la que determina la cuantía de la sanción impuesta. Es la citada ley de Financiación de partidos políticos la que prevé que el importe de la sanción por infracción muy grave deberá situarse en no menos del doble de la cantidad que exceda del límite legal. Se constata que, en efecto, la multa impuesta está dentro de las previsiones de la propia ley. Entre las irregularidades sancionadas el Tribunal de Cuentas hace constar también que figura la “ausencia de controles en la venta de participación de lotería”.