Trump ataca a la justicia brasileña

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una ofensiva a gran escala para forzar a Brasil a suspender el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado en el Supremo Tribunal Federal por cinco delitos, entre ellos el de tentativa de golpe de Estado. La Procuraduría General de la República considera probado que Bolsonaro trató de impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de 2022, primero intentando convencer a las Fuerzas Armadas (sin éxito) y, después, con el asalto de sus simpatizantes a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, el 8 de enero de 2023.

El arma más contundente usada por la Casa Blanca es la aplicación de un arancel del 50% a los productos brasileños, la tasa más alta de las que deberían aplicarse a partir de hoy a decenas de países. El presidente Donald Trump, que considera los aranceles la piedra angular de su política económica, no tiene legitimidad constitucional para imponerlos (este poder corresponde al Congreso) pero ha decidido aplicarlos utilizando la competencia presidencial sobre política exterior. Eso le lleva a justificar sus aranceles por motivos geopolíticos, como ha hecho con países como Colombia o la India. El caso de Brasil es especialmente sangrante porque EE UU tiene superávit comercial con el país sudamericano.

Durante su presidencia, de 2018 a 2022, Bolsonaro fue uno de los más dedicados admiradores y aliados de Trump en América Latina. Además de la historia entre ambos, en la ofensiva trumpista sin duda ha influido la presencia en Florida del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario. Eduardo, que estuvo en la residencia de Trump en la noche electoral de 2024, ha advertido de que Brasil “se sumergirá en el caos” si no se interrumpe el juicio contra su padre. Las injerencias de Trump empezaron en febrero, cuando su grupo de medios presentó una denuncia en EE UU contra el juez del Supremo Alexandre de Moraes por “vulnerar la libertad de expresión” al ordenar el bloqueo de cuentas de prominentes bolsonaristas en la red social Truth, propiedad de Trump. Moraes, que meses antes había cerrado por 39 días X (antes Twitter) en Brasil, es además el ponente del caso contra Bolsonaro.

El 10 de julio, Trump anunció la aplicación de los aranceles si no se detenía el proceso. El Gobierno de Lula respondió con la amenaza de aranceles recíprocos, lo cual ha supuesto una inyección de popularidad al presidente brasileño. Mientras, el Supremo respondía implantando a Bolsonaro una tobillera electrónica e impidiéndole utilizar sus redes sociales y participar en actos públicos. Washington redobló entonces sus presiones contra los magistrados: primero, retirando el visado a ocho de los 11 jueces del Supremo y a sus familiares y este miércoles, aplicando a Moraes la ley Magnitsky, empleada en EE UU para sancionar a corruptos y vulneradores de los derechos humanos, especialmente oligarcas rusos cercanos a Vladímir Putin.

Cualquier injerencia extranjera en la acción de la justicia de un Estado democrático es, cuando menos, reprobable. Pero en el caso de Trump y Brasil es absolutamente inaceptable. En la lista de acusaciones contra Bolsonaro está la de ordenar el asesinato de varias personas, entre ellas, Lula y Moraes. Los intentos de Estados Unidos de frenar el caso merecen la repulsa sin fisuras de la comunidad internacional. La justicia brasileña, en un país que ha vivido siete golpes de Estado exitosos en el último siglo, puede lograr lo que la estadounidense no pudo hacer: castigar un intento de subvertir el orden constitucional.