Financiación singular: errores propios y forzados

Para mejorar, hay que tener conciencia de que se ha hecho mal. Errores forzados y no forzados, propios, como en el tenis. A estos últimos quiero referirme a la vista de la propuesta que hoy tiene el Gobierno de Cataluña sobre la mesa.

Un primer error e inmediato: haber conducido el acuerdo entre ERC y PSC de forma que obligue a las partes signatarias, y a nadie más. Se creyó que la amenaza con retirar el apoyo a los presidentes Illa y Sánchez sería suficiente como para que se respetara. Sin embargo, en política nada se puede fiar al futuro; el contrafactual de dejar caer al presidente Sánchez es ahora más horroroso que nunca, y se sabe que derribar hoy al president Illa solo mejoraría sus resultados en unas nuevas elecciones catalanas.

Segundo. La singularidad de la financiación no debía haber sido ‘Catalunya’, sino la propuesta de apertura conjunta de una nueva vía de financiación, basada en la capacidad fiscal, que complementara el régimen actual; una vía adicional, como prevé la Constitución (“nacionalidades y regiones”, “comunidades de la vía rápida y de la vía lenta”, “autonomías del artículo 143 y del 151”...). Especificar las condiciones generales de acceso a cada vía sería suficiente: la basada en las necesidades de gasto —el Estado lo recauda todo, y transfiere según las necesidades de gasto que estima por cada uno de los territorios— versus la vía de la capacidad fiscal —más responsabilidad fiscal, menos garantía de suficiencia—, y que cada uno decida desde la voluntad de autogobierno de la suya; siendo notorio que muchas CC AA quieren menos, y no más, autogobierno. ¡Esta vía sería singular por adicional, no porque la propusiera Cataluña! Así lo escribía yo en mi voto particular en la Comisión de reforma de la financiación autonómica de 2017.

Tercero. Si se pone el listón muy alto, se debe poder saltarlo. La vía propuesta debía empezar por la descentralización del 100% del IRPF, y no, de entrada, de todos los impuestos. Y hacerlo desde la normativa estatal y la progresividad aprobada en el Parlamento español. Nada se rompe, y se visualiza mejor el origen y el destino de este impuesto, y con un pacto de solidaridad sobre esta transferencia, con cesión de la progresividad fiscal: la diferencia entre el peso de la renta de Cataluña dentro del Estado y el peso relativo de la recaudación impositiva. Del resto de los impuestos, pensados en clave de mercado único, para la que hace falta armonización —europea, en particular—, muy poco que argumentar. Proponer la competencia exclusiva en todos los impuestos, de entrada, y una aportación —nunca definida— de solidaridad por cargas comunes se asemeja demasiado a un concierto foral, que tantos anticuerpos genera.

Cuarto. Todos hemos abusado del ‘sistema comparado’. Que si Alemania, que si Suiza, que si Canadá... Todos los sistemas son hijos de su padre y su madre. Extrapolar cogiendo ad hoc las partes que mejor nos sirven para argumentar la propuesta es un error. Tanto por su parcialidad (la crítica es obvia, por ignorar el resto de las cuestiones institucionales) como también por la necesaria adaptación a la realidad en la que se quiere utilizar.

Quinto. No se lucha lo suficiente para que el Estado no se siga confundiendo con la Administración central. Las CC AA ‘son’ Estado. Así, la Agencia Estatal Tributaria es un agente del Estado y no un servicio administrativo de recaudación de la Dirección General de Tributos. Esta Agencia puede realizar, perfectamente, también la gestión y recaudación del IRPF en nombre de la Generalitat y que la recaudación vaya directamente a una cuenta a favor de esta. Y basta de anticipos y amenazas de fraude fiscal.

Sexto. Creer que con una reforma de la financiación se puede corregir el déficit fiscal es un error. El primero es solo una parte del segundo y no la más significativa. El impacto de las leyes en vigor y de la actuación de las competencias propias del Estado en Cataluña también, y más sustantivamente en la ejecución, importan.

Los argumentos contra la propuesta catalana sufren, al menos, de tres carencias fundamentales. Primera: no aceptar que, para muchos catalanes, un tratamiento justo no es recibir los mismos recursos en términos nominales per cápita que el resto de las CC AA, sino una mejor correspondencia entre contribuciones y retornos. De ahí la ordinalidad pedida. Pero para ello debe aceptarse un poder tributario compartido —típico de todo federalismo fiscal—, y que fiscalmente hay catalanes, y no solo ‘españoles que viven en Catalunya’. Lo mismo acontece con la pretensión de ordinalidad, que tiene sentido solo en clave ‘jurisdicción fiscal’ territorial, ya que, de lo contrario, la ordinalidad no puede reivindicarse ad personam entre la contribución de deberes y el devengo de derechos; también en cuanto a quien debe estimar las necesidades individuales de los ciudadanos en las diferentes áreas competenciales. Segunda, reconocer que se ha producido una fuerte divergencia (‘desequilibrio vertical’) entre el aumento de la recaudación a favor del Estado y el crecimiento de las necesidades de gasto con cargo a las CC AA. Tercera y final: hay quienes no quieren acomodar en ese Estado, que no es el más antiguo del mundo, a quienes no piensan como ellos. Una opción política, esta, que nos ha acercado a la ruptura de la nación que tanto dicen adorar. Allá ellos con su responsabilidad.