Un poder invisible que debe regularse

La irrupción de la inteligencia artificial está suponiendo una transformación profunda de la sociedad de la que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes. Puede parecer invisible, pero está omnipresente: desde las búsquedas predictivas en internet hasta las sugerencias de las redes sociales pasando por cómo se filtran nuestros correos. Los expertos aseguran que estamos ante una auténtica revolución que apenas acaba de empezar y cuyo alcance ns capaces de vislumbrar.

En el ámbito público, la IA promete, por ejemplo, reducir la burocracia, anticipar crisis sanitarias y optimizar recursos. Pero, al igual que sucedió con la aparición de internet, el uso de estas tecnologías va muy por delante de su regulación, y no son pocos los empleados públicos que utilizan a diario estas herramientas sin unas reglas claras al respecto. Son las empresas tecnológicas las que, para perfeccionar sus sistemas, luego hacen uso de la información que vuelcan los usuarios, lo que exige prudencia, transparencia en los procesos y una supervisión constante. Especialmente en las administraciones públicas, que manejan enormes cantidades de datos privados de los ciudadanos y tienen que asegurarse de que su procesamiento no introduzca sesgos indeseados.

Es una amenaza real. Ya hay oficinas locales donde los empleados cargan a ChatGPT expedientes con datos personales de los ciudadanos sin anonimizar la información y sin ser conscientes de que la IA puede empezar a tomar decisiones a partir de criterios desconocidos para los funcionarios. Lo denuncian los propios trabajadores. La administración no está preparada para acoplar sistemas de IA en sus procesos. Falta formación, entender bien cómo esta tecnología puede transformar la prestación de servicios y tener un marco ético y legal claro sobre el uso de estas herramientas. Más acuciante aún en un modelo administrativo como el español, altamente descentralizado y con diversos niveles que tienen grados de desarrollo tecnológico muy dispares entre sí.

Comunidades como Cataluña, Andalucía y Galicia ya han empezado a construir un marco normativo sobre el uso adecuado de la IA. Una iniciativa que debería permitir que esas regulaciones fueran compatibles entre sí y a su vez con los municipios y la propia administración general del Estado para mejorar su aplicación y eficiencia.

En esa línea, el Ministerio de Función Pública acaba de anunciar la integración de una “plataforma soberana de IA”, que en la práctica supone el desarrollo de su propia infraestructura de inteligencia artificial, con un control completo sobre datos, modelos y sistemas sin depender de grandes empresas tecnológicas. Supone la mayor revolución desde internet para la Administración General, en palabras del ministro Óscar López. Pero más allá de los planes a medio plazo, urge tomar medidas con rapidez. No se trata solo de lo que la IA puede hacer, sino de lo que debemos permitirle hacer. De ahí que la implantación del nuevo proyecto deba ir acompañada desde el primer momento de un código de buenas prácticas y de una regulación que aproveche las experiencias de otros países y organismos internacionales. En esa línea apunta el reglamento europeo de inteligencia artificial, que exhorta a los gobiernos a desarrollar un proceso de “alfabetización en IA” para que evitar peligros que no son futuros, sino presentes, cotidianos.