Misma masacre, nuevas palabras

En lo que supone el revés diplomático más importante contra Benjamin Netanyahu desde que, a raíz del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, lanzara una mortífera ofensiva militar sobre Gaza, los ministros de Exteriores de 25 países –entre ellos España— han suscrito una declaración en la que exigen al primer ministro israelí que cumpla con las “obligaciones marcadas por la ley humanitaria internacional” y ponga fin a la guerra en la Franja.

La gota que ha colmado la paciencia de tradicionales aliados de Israel como Reino Unido, Italia, Francia o Australia ha sido la muerte sistemática de civiles palestinos a manos de soldados israelíes en los puntos de reparto de comida designados por el propio Gobierno israelí y monopolizados desde finales de mayo por la llamada Gaza Humanitarian Foundation, una organización privada creada por Israel y EE UU. Tales emboscadas ya han costado la vida a alrededor de 900 palestinos, que se suman a los más de 58.000 muertos, 140.000 heridos y más de un millón de desplazados desde que comenzó la devastadora contienda.

En su duro comunicado, los países signatarios condenan especialmente lo que denominan “el goteo de la ayuda y la muerte inhumana de civiles, incluidos niños, que tratan de satisfacer sus necesidades más básicas de agua y alimentos”. Desde el principio de su ofensiva, el Ejecutivo de Netanyahu ha usado el hambre, la falta de medicinas y los cortes de agua y electricidad como arma de guerra. Pero la dinámica en torno a la entrega de ayuda humanitaria es aún más perversa, si cabe. Los civiles palestinos, desplazados de sus casas, reciben instrucciones para acudir a puntos de recogida designados por el Ejército. Y cuando, en masa y espoleados por una hambruna, se dirigen hacía las zonas indicadas, los militares israelíes inician lo que denominan “disparos de advertencia para eliminar una amenaza inmediata para las tropas”. Indefectiblemente, el resultado es siempre el mismo: decenas de personas caen abatidas, muertas y heridas, y se produce el pánico entre los supervivientes. Esto sucede a diario por más que la Unión Europea firmara hace solo 12 días un acuerdo con el Gobierno de Netanyahu para incrementar la ayuda humanitaria. De hecho, ese acuerdo sirvió de excusa a varios países europeos para —a pesar de que la Comisión contaba ya con pruebas de la violación de los derechos humanos— negarse a adoptar medidas más contundentes contra Israel, entre ellas, la revisión del Acuerdo de Asociación bilateral. Como demuestran los hechos, la medida es tibia e ineficiente además de opaca: pese a haberse comprometido a hacerlo, Bruselas evita dar cifras que permitan medir sus efectos.

Entre tanto, la ONU ha denunciado que el 88% del territorio gazatí está sometido a órdenes de desplazamiento forzoso o se ha convertido en área militarizada. Esto deja a 2,1 millones de civiles apretados en un fragmentado 12% de la Franja. Pensar que Gaza mide 360 kilómetros cuadrados —un poco más que la mitad de la superficie que ocupa la ciudad de Madrid— da una idea del dramático hacinamiento que sufre la población.

Hasta ahora Netanyahu no ha cambiado un ápice su postura de destrucción total. Bien al contrario, el líder del Likud ha exhibido una imagen de impunidad ante los organismos de justicia internacionales en la creencia de que nada afectaría a la relación privilegiada de Israel con los países más desarrollados. Habrá que ver si la última iniciativa de varios de ellos –con las esperables excepciones de Estados Unidos y Alemania— pasa a engrosar el capítulo estéril de las buenas palabras o contribuye, por fin, a detener la matanza de inocentes.