Trabajadores imprescindibles

España ha superado los tres millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, un dato que refleja una de las principales tendencias del actual ciclo económico: la fuerte llegada de trabajadores migrantes en los últimos años y su enorme contribución al empleo y al crecimiento diferencial de España respecto a las economías de su entorno. El fenómeno ha ido acompañado, además, de una rebaja en la tasa de paro —hasta situarse, según el INE, en el 11,6% de la población activa en el primer trimestre de este año—, lo que invalida los discursos del miedo de quienes se empeñan en vincular la inmigración con la precarización y el desempleo.

Los extranjeros representan ya el 14% (uno de cada siete) de toda la fuerza laboral en la economía regular, cuando hace apenas seis años, justo antes de la pandemia de la covid, suponían el 11%. En su mayoría se ocupan, eso sí, de las actividades más precarias, aquellas que los nacidos en España no quieren desempeñar, con jornadas más largas y peores salarios. Una de las razones es que muchos vienen de países sumidos en crisis políticas y económicas y con cargas familiares que les urgen a aceptar los empleos menos cualificados. Esa realidad es la que los lleva a estar sobrerrepresentados en el sistema de empleadas del hogar, el sector agrario y la hostelería. Por otro lado, quienes sí cuentan con la formación necesaria para optar a otro tipo de puestos se topan con demasiadas dificultades para homologar sus títulos, lo que abunda en otro rasgo distintivo del mercado laboral español: buena parte de los trabajadores están sobrecualificados para los puestos que desempeñan.

Ni en uno ni en otro caso España se puede permitir despilfarrar tanto talento. Tampoco crear un mercado laboral fragmentado en el que sistemáticamente una parte de la población tenga los mejores empleos y otra, los más penosos y precarios. Si la reforma laboral de 2022 consiguió reducir la tasa de temporalidad entre la población migrante —hasta situarla en mínimos históricos del 11,3%, frente al 12% de nacionales—, el objetivo ahora debe ser frenar la dualidad del mercado de trabajo.

Las empresas se quejan cada vez más de la falta de mano de obra y del elevado porcentaje de empleos que cada año quedan sin cubrir. Un problema que no es más grave, precisamente, gracias a la población migrante, pero al que no se acaba de dar solución. A ello se le suma el hecho de que el larguísimo proceso de reconocimiento de sus títulos provoca que apenas el 1,3% de los trabajadores de la administración pública sean extranjeros. De ahí que, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), un 45% de los nuevos empleos creados en el sector privado entre 2020 y 2025 hayan sido ocupados por personas que no han nacido en España.

Precisamente por las dificultades de acceder a un empleo público y por la dureza de los que suelen obtener cuando son contratados por cuenta ajena, el porcentaje de extranjeros que apuestan por emprender y montar su propio negocio ha crecido de forma notable en el último año (un 6,5%), con lo que el número de autónomos no nacidos en España se situaba en mayo en niveles récord y rondaba los 485.000 afiliados a este régimen. De esta forma, los trabajadores extranjeros no solo contribuyen a impulsar el crecimiento de la economía y la sostenibilidad del sistema de pensiones con sus cotizaciones a la Seguridad Social, sino que se convierten a su vez en generadores de empleo.