Más medios contra el crimen organizado

El asesinato a tiros de dos gánsteres escoceses en Fuengirola (Málaga) es el último episodio de una historia que puede terminar muy mal si no se le pone remedio pronto. El doble crimen se perpetró el 31 de mayo a la luz del día y en pleno paseo marítimo de la localidad de la Costa del Sol, una región turística donde conviven 1,2 millones de residentes y —según datos del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio de Defensa— 113 organizaciones criminales de 59 nacionalidades diferentes, de la camorra napolitana al cartel de Sinaloa. Se trata de una zona de turismo de altísimo nivel, un paraíso de la jet set que ya desde los últimos años de la dictadura se promociona con una fórmula esencial: dar la bienvenida al dinero.

A 15 kilómetros de Marruecos y a una hora en coche del puerto de Algeciras y del paraíso fiscal de Gibraltar, y con una sociedad local precarizada por altísimos niveles de desempleo —especialmente entre los jóvenes— el narcotráfico se ha convertido en una de las principales industrias de la zona. Una fuente de ingresos que, desde Málaga hasta la gaditana Sanlúcar de Barrameda, va calando en todas las esferas de una población castigada por la desatención de las administraciones públicas.

Resulta obsceno que las narcolanchas y los coches de alta cilindrada conducidos por jóvenes sin oficio atraídos por el dinero fácil formen parte del paisaje cotidiano de esas localidades. Pero es realmente preocupante que a eso se les estén sumando los tiroteos y los ajustes de cuentas. Los expertos llevan tiempo alertando de la deriva de algunas ciudades de la Costa del Sol, que han saltado del papel couché de las páginas de vida social a las de sucesos. Solo en la provincia de Málaga, la Policía ha registrado en los últimos tres meses siete tiroteos que se saldaron con cuatro hombres asesinados y otros tantos heridos.

Las mafias no conocen fronteras y controlan presupuestos mayores que algunos Estados. No son solo un problema de seguridad ciudadana, son un peligro para la democracia. España dio una lección en 2011, cuando acabó con más de 40 años de terrorismo. Toca, como entonces, afrontar el problema como una cuestión de Estado y hacer un planteamiento transversal, que implique a las administraciones estatales, autonómicas y municipales y a toda la sociedad. Sin alarmismo pero antes de que sea demasiado tarde.

Por supuesto, hay que dotar a policías, fiscales y jueces de más medios, órganos especializados y leyes más ágiles. Pero también hace falta inversión para crear un tejido social y económico que ofrezca alternativas a los jóvenes más allá de trabajar como camareros los tres meses de verano. La alternativa de ilegalidad y violencia es inasumible para una democracia plena como España.